MIAMI.- Cuba terminó el siglo XIX devastada por la guerra, con sus servicios públicos colapsados y ante el desafío de construir una república. Apenas cuatro años después del nacimiento del nuevo Estado, otra crisis política abrió paso a una segunda administración estadounidense.
Nuevo libro desafía viejas certezas sobre las intervenciones de EEUU en Cuba
Siete ensayos revisan los episodios de 1898 y 1906 y conectan sus enseñanzas con los retos de una eventual transición democrática
Más de un siglo después, aquellos episodios continúan generando posiciones enfrentadas. Durante décadas, la narrativa oficial del régimen cubano los presentó casi exclusivamente como expresiones del expansionismo de Washington y antecedentes de la confrontación bilateral.
El volumen “Dos intervenciones americanas en Cuba: mitos, resultados y lecciones para el presente”, publicado por Cuba Siglo 21, propone volver sobre los hechos, sus resultados y contradicciones para identificar enseñanzas útiles ante una eventual transformación política en la Isla.
La publicación fue compilada y prologada por Juan Antonio Blanco y reúne ensayos de Vicente Morín Aguado, Aries M. Cañellas Cabrera, Ernesto Miguel Cañellas Hernández, Boris González Arenas, Leonardo M. Fernández Otaño, Dimas Castellanos y Antonio Álvarez Pitaluga.
Sus autores no intentan glorificar la presencia militar extranjera, minimizar el papel del Ejército Libertador ni desconocer las limitaciones impuestas a la soberanía nacional. El propósito, según explican, es cuestionar interpretaciones absolutas y examinar un período en el que coexistieron proyectos independentistas, autonomistas, anexionistas e integristas.
Revisar la historia para pensar el futuro
Juan Antonio Blanco sostiene en el prólogo que una transformación democrática quedaría incompleta si no incluyera una revisión crítica de los relatos utilizados por el poder para legitimarse. Examinar el pasado, plantea, no equivale a negarlo, sino a devolverle a la sociedad la libertad de discutirlo desde perspectivas diferentes.
Vicente Morín Aguado analiza la situación militar de 1898 y cuestiona la afirmación de que la victoria cubana sobre España era inevitable antes de la entrada de Estados Unidos en el conflicto.
El Ejército Libertador había impedido la pacificación del territorio y desempeñó un papel decisivo en el debilitamiento del dominio colonial. Sin embargo, de acuerdo con el ensayo, enfrentaba dificultades para ocupar y mantener ciudades, puertos y posiciones estratégicas, mientras España todavía conservaba una considerable superioridad material y numérica.
Las cifras reunidas en el estudio sitúan las fuerzas españolas desplegadas durante la contienda por encima de los 279.000 hombres. Las tropas independentistas habrían contado con entre 25.000 y 40.000 combatientes. La entrada estadounidense alteró esa correlación y aceleró la derrota de la metrópoli.
Aries M. Cañellas Cabrera y Ernesto Miguel Cañellas Hernández también rechazan la idea de que el desenlace estuviera escrito de antemano. Ambos describen una sociedad políticamente heterogénea, atravesada por proyectos enfrentados y decisiones cuyas consecuencias no podían anticiparse.
Esa mirada permite apreciar la incertidumbre que acompañó a sus protagonistas. Presentar los grandes acontecimientos como inevitables, advierten los autores, elimina las alternativas y los dilemas reales que marcaron cada etapa.
Un país devastado
Boris González Arenas dirige la atención hacia las condiciones materiales existentes después de la guerra. Según los datos recopilados en la obra, más del 63% de la población era analfabeta, el desempleo rondaba el 40% y solo permanecían activos 217 de los aproximadamente 500 ingenios azucareros que habían funcionado antes del conflicto.
La administración estadounidense desarrolló entre 1899 y 1902 programas de asistencia alimentaria y reorganizó los tribunales, el correo, la Policía y otros servicios esenciales. También impulsó campañas de saneamiento vinculadas con las investigaciones del médico cubano Carlos J. Finlay sobre la transmisión de la fiebre amarilla.
En materia educativa, el número de aulas habría aumentado de 635 a 3.550, mientras la matrícula pasó de unos 38.000 alumnos a cerca de 143.000. Más de un millar de maestros cubanos viajaron a la Universidad de Harvard para recibir preparación, y la enseñanza primaria fue declarada gratuita y obligatoria.
Esos avances coexistieron con decisiones que restringieron la soberanía de la naciente república. La Enmienda Platt, impuesta como condición para la retirada de las tropas extranjeras, concedió a Washington amplias facultades de intervención en los asuntos nacionales.
Durante ese mismo período se realizaron elecciones municipales, se convocó una Asamblea Constituyente integrada por delegados cubanos y se aprobó la Constitución de 1901. La República quedó establecida formalmente el 20 de mayo de 1902.
Cuando fallaron las reglas políticas
Leonardo M. Fernández Otaño estudia la segunda intervención, iniciada en septiembre de 1906. A diferencia de la anterior, no surgió de una guerra colonial, sino del deterioro de las instituciones de una república que apenas tenía cuatro años.
Las denuncias de fraude en torno a la reelección de Tomás Estrada Palma, el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición liberal, la rebelión armada y la incapacidad para alcanzar un acuerdo volvieron inviable una salida interna.
El episodio muestra, según el autor, que una Constitución no garantiza por sí sola la democracia cuando los actores políticos desconocen sus límites, abandonan la negociación y convierten al adversario en un enemigo que debe ser expulsado del sistema.
La administración provisional mantuvo vigente la Carta Magna de 1901 y creó una Comisión Consultiva encargada de preparar reformas. Sin embargo, la etapa encabezada por Charles Magoon también estuvo marcada por el aumento del gasto público, el clientelismo, el fortalecimiento de los caudillos y la expansión de la llamada “botella”, práctica mediante la cual se entregaban salarios estatales sin una labor efectiva.
Reconstruir una nación
Antonio Álvarez Pitaluga examina la relación entre estabilización y democratización. La experiencia iniciada en 1899 muestra una secuencia que incluyó la recuperación de condiciones mínimas de gobernabilidad, la realización de un censo, elecciones municipales, un proceso constituyente y la transferencia del poder.
De ese análisis surge una de las principales advertencias del texto: una transición requiere tiempo, pero ese plazo no puede convertirse en un cheque en blanco para quienes asuman provisionalmente el control del Estado.
Cada etapa, señala Álvarez Pitaluga, debería estar vinculada con objetivos concretos, verificables y sujetos a supervisión. La normalidad democrática dependería tanto de la reconstrucción institucional como del establecimiento de límites claros para las autoridades temporales.
Dimas Castellanos traslada la reflexión a la realidad cubana de 2026. Sin equiparar momentos separados por 128 años, identifica problemas que podrían reaparecer ante un cambio político: deterioro económico, debilitamiento institucional, falta de servicios básicos y riesgo de que un vacío de poder desemboque en violencia o fragmentación.
El desafío consiste en mantener en funcionamiento la electricidad, el agua, los hospitales, las escuelas, las comunicaciones, los tribunales y la administración pública mientras se construye un nuevo orden político.
Desde esa perspectiva, sustituir un Gobierno no equivale a reconstruir una nación. Una eventual transición necesitaría planes, plazos, mecanismos de rendición de cuentas y garantías para que las facultades concedidas durante la emergencia no se conviertan en instrumentos de permanencia.
Una discusión vigente
“Dos intervenciones americanas en Cuba” no propone repetir los acontecimientos de 1898 o 1906 ni trasladar mecánicamente al presente soluciones concebidas hace más de cien años. Tampoco presenta la participación extranjera como una fórmula universal para resolver la crisis nacional.
La propuesta consiste en estudiar qué funcionó, qué fracasó y cuáles fueron las consecuencias de cada decisión. Sus páginas examinan cómo recuperar instituciones después de una ruptura, combinar estabilidad y democratización, organizar un proceso constituyente legítimo y asegurar la devolución plena de la soberanía a los ciudadanos.
La discusión rebasa así una controversia entre historiadores. Ante la posibilidad de que Cuba deba enfrentar una profunda transformación, el pasado puede aportar advertencias sobre los peligros de la improvisación, el autoritarismo provisional y la ausencia de consensos.
La principal contribución del volumen no reside en ofrecer una receta para el futuro, sino en reivindicar el derecho de los cubanos a interrogar su historia sin las restricciones de una interpretación oficial.
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