Organizaciones comunitarias exigen inspección inmediata de ICE en Miramar tras denuncias de hacinamiento

American Friends Service Committee (AFSC) Florida y el Círculo de Protección de Miramar convocaron una conferencia de prensa frente al inmueble, ubicado en el bloque 2805 SW 145th Avenue, de esa ciudad. Allí solicitaron la intervención de las autoridades federales, una revisión de las condiciones de seguridad y respuestas públicas de representantes republicanos del sur de Florida.

Mientras se desarrollaba la convocatoria, Maibelys Díaz Martínez aguardaba afuera por su madre, Mairelys Martínez, una cubana que había ingresado a su cita para presentar documentos relacionados con su caso migratorio.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Díaz Martínez describió la angustia que experimentó mientras desconocía lo que sucedía en el interior. También relacionó la preocupación con la experiencia de quienes abandonaron Cuba para buscar seguridad y libertad en Estados Unidos.

“En Cuba se esta viviendo una dictadura", lamentó la joven al comentar que personas sin antecedentes, dedicadas a trabajar y sostener a sus familias, se sientan desprotegidas en el pais donde intentan comenzar de nuevo.

“Realmente no hay palabras para expresar el estrés que uno está viviendo constantemente y el miedo que estamos sintiendo todos los inmigrantes”, manifestó.

Mairelys salió posteriormente y explicó en conversación con este medio que recibió un trato apropiado durante su gestión. Según narró, a los cubanos los organizaron en una fila mientras revisaban sus papeles. También señaló que su primera audiencia judicial estaba prevista para diciembre de 2026.

La mujer aclaró que no vio a quienes permanecían bajo custodia, debido a que estuvo en el sector destinado a los trámites y no tuvo entrada a las áreas restringidas. Su experiencia, por tanto, se limitó al espacio de atención al público y no incluyó las zonas señaladas en las denuncias divulgadas por miembros del Congreso.

María Bilbao, representante de AFSC Florida y del Círculo de Protección de Miramar, declaró a este rotativo que el propósito de la conferencia era convertir las recientes revelaciones en una exigencia concreta de supervisión y rendición de cuentas.

“Esto no es un centro de detención; es un centro de procesamiento que está actuando como un centro de detención clandestino”, afirmó.

Bilbao indicó que la coalición mantiene presencia frente al complejo desde 2017. Durante nueve años, sus integrantes han acudido cada miércoles para acompañar a familiares y documentar relatos de personas que estuvieron dentro o lograron comunicarse con sus allegados.

De acuerdo con la entrevistada, esos testimonios describen habitaciones con capacidad para 20 ocupantes en las que presuntamente han colocado hasta 65, con un solo inodoro a la vista de todos, alimentos en mal estado y una superficie insuficiente para recostarse.

“Duermen en el piso cuando pueden, porque realmente no tienen cómo estirarse”, sostuvo.

También mencionó desperdicios acumulados, baños portátiles desbordados y la utilización del garaje como zona improvisada de reclusión. Según los relatos recibidos por el grupo, algunas personas incluso prefieren permanecer allí porque consideran que las condiciones dentro del edificio son peores. Asi lo demostró un audio de uno de los detenidos, expuesto de manera pública ante los presentes en la rueda de prensa.

Las fotografías que motivaron la conferencia habían sido publicadas el martes por varios medios de prensa, incluído DIARIO LAS AMÉRICAS. De acuerdo con el reporte divulgado por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, las imágenes correspondientes a Miramar fueron proporcionadas confidencialmente por uno de los denunciantes internos de ICE con conocimiento directo de lo que ocurría en el lugar.

El material fue dado a conocer por los congresistas Robert Garcia, Bennie G. Thompson y Maxwell Frost, junto con declaraciones entregadas por empleados de la agencia. Los legisladores remitieron comunicaciones al director interino de ICE, David J. Venturella, y al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, Joseph V. Cuffari.

El documento sostiene que el edificio estaba autorizado para recibir a 56 personas, pero en una jornada de agosto habría albergado aproximadamente a 342. Más de un centenar presuntamente pasó la noche en la entrada destinada a vehículos, descrita como una estructura similar a un almacén y con ventilación inadecuada.

Según los denunciantes citados por los legisladores, algunos durmieron sobre el concreto y permanecieron completamente encadenados. Aunque el recinto está diseñado para completar trámites en menos de 12 horas, ciertas personas habrían quedado allí hasta siete días. Los autores señalaron que esas estadías también podrían contravenir una orden judicial emitida en junio de 2026.

El reporte citado añade que durante cerca de tres meses no se habría realizado una limpieza adecuada. Un inodoro obstruido presuntamente derramó orina y materia fecal, mientras las imágenes muestran bolsas de basura, baños portátiles con desperdicios y grupos concentrados en el área vehicular.

Entre los episodios descritos figura el de una mujer que habría sangrado a través de su ropa antes de recibir productos de higiene menstrual. Otros testimonios mencionan desmayos, dolores en el pecho y personas que presuntamente pasaron varios días sin medicamentos para la diabetes o la hipertensión.

El expediente también recoge que una persona con tuberculosis no habría sido aislada y que varios trabajadores necesitaron antibióticos tras una posible exposición. Todas esas afirmaciones corresponden a declaraciones incluidas por los demócratas del Comité de Supervisión y no a verificaciones independientes realizadas por este diario.

Los congresistas solicitaron registros de ocupación, llamadas al 911, incidentes de seguridad, servicios de limpieza, atención médica y comunicaciones internas. Además, pidieron identificar a los funcionarios responsables de las decisiones operativas. El plazo indicado para la entrega de esos archivos vence el 5 de octubre próximo.

En respuestas anteriores, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones de trato inhumano y aseguró que las personas bajo custodia reciben alimentos, asistencia médica y posibilidades de comunicarse con familiares y abogados. Hasta el momento, ICE no había respondido específicamente a las nuevas imágenes y declaraciones de los denunciantes.

La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz realizó en julio una inspección no anunciada y posteriormente denunció sobrepoblación y falta de privacidad. Bilbao sostuvo que la reciente filtración ofrece respaldo visual a las historias que la coalición venía recopilando.

“Esto pone una luz al horror que está ocurriendo entre esas cuatro paredes”, expresó.

La representante aseguró, además, que las familias han reportado permanencias de cuatro, ocho, 10 y hasta 14 días. Esa estimación procede de los casos recopilados por las organizaciones y no del documento congresional, que menciona períodos de hasta siete jornadas.

“El problema cuando están adentro es que no pueden contactar a sus abogados. Si pasan cuatro, ocho o 10 días allí, permanecen todo ese tiempo sin comunicarse con ellos, hasta que son procesados y enviados a un centro de detención”, explicó.

Bilbao agregó que algunas personas han logrado salir mediante recursos de habeas corpus o el pago de una fianza, aunque precisó que no es abogada y que cada situación depende de las circunstancias legales del afectado.

También expresó preocupación por quienes padecen diabetes, hipertensión o trastornos de ansiedad. Afirmó, que las familias describen casos de personas inmovilizadas de pies, manos y cintura por períodos prolongados, sin posibilidad de estirarse y añadió, que han observado ambulancias entrando y saliendo del complejo.

“Nos llaman desesperados quienes están adentro y también sus familiares”, señaló.

AFSC Florida y el Círculo de Protección solicitaron que ICE, el DHS y el Congreso pongan fin a las estancias prolongadas, permitan la entrada de observadores independientes y garanticen el cumplimiento de las normas aplicables y las órdenes judiciales.

Las entidades también pidieron a los departamentos de Policía y Bomberos de Miramar comprobar si el inmueble respeta los límites de ocupación y los códigos contra incendios. María sostuvo que representantes municipales han alegado que carecen de jurisdicción porque se trata de una dependencia del Gobierno central.

“Pareciera que, por tratarse de algo federal, pueden hacer lo que se les ocurra”, cuestionó.

La convocatoria incluyó un llamado directo a los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart para que se pronuncien, visiten el complejo sin previo aviso y soliciten una investigación.

“Todo el tiempo están denunciando lo que sucede en Nicaragua, Venezuela y Cuba en materia de derechos humanos. Bueno, aquí, en su propio patio, está sucediendo esto”, dijo Bilbao.

Por otra parte subrayó que las organizaciones no necesitaban las fotografías para conceder credibilidad a quienes habían contado sus experiencias, pero reconoció que su divulgación coloca las acusaciones ante la opinión pública y eleva la presión sobre las autoridades.

“Nosotros no necesitábamos estas fotos para creerles a las personas”, recalcó.

Para Maibelys Díaz Martínez, la jornada estuvo marcada por el alivio de ver salir a su madre y y darse ese abrazo que tanto anhelaba recibir, tras las horas de incertidumbre que ambas vivieron este miércoles, y que acotó enfrentan numerosas familias.

“Somos personas honestas que venimos a trabajar, que venimos a luchar. No creo que tengan que tratarnos de la forma en que nos están tratando, porque tenemos derechos; también somos personas. ”, concluyó.

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