Recluta de 19 años muere electrocutado en Cuba; otro soldado es reportado grave

“Lo mató la 33000 en la unidad”, escribió en Facebook al responder a quienes preguntaban qué había sucedido. La referencia apunta a una línea de alta tensión, aunque no se dispone de un peritaje divulgado que confirme el voltaje o explique cómo ocurrió el contacto.

El comunicador Christian Arbolaez informó el miércoles que otro soldado resultó lesionado en el mismo hecho y se encontraba en estado muy grave. No divulgó su identidad ni el centro donde recibía atención médica.

Según Arbolaez, Guerra era natural de Navajas, en el municipio matancero de Pedro Betancourt. El muchacho había sido destinado a una instalación en la zona de Cidra, dentro de la misma provincia.

Los testimonios de Hernández Rojas y Arbolaez no precisan qué labores realizaban los reclutas, qué medidas de protección tenían ni cómo fueron auxiliados. Tampoco se conoce públicamente un pronunciamiento del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que permita esclarecer las causas y establecer si existieron incumplimientos.

En septiembre, Cubalex documentó otros dos fallecimientos durante la conscripción: Yandiel Jurado, de 18 años, en Manzanillo, Granma, y Leordanis Ramón Ricardo Batista, de la misma edad, en una unidad del Ejército Juvenil del Trabajo en Nipe, Holguín. Ambos figuran en el informe de monitoreo que la organización publicó el 8 de octubre.

El proyecto periodístico “Morir en uniforme: los hijos que Cuba convirtió en soldados” reunió al menos 89 muertes ocurridas entre 2017 y 2026. Sus autores advierten que los datos del año en curso son parciales y corresponden a casos documentados, no a un registro estatal completo.

De las 46 familias consultadas para el estudio, solo ocho dijeron tener conocimiento de alguna pesquisa de las autoridades. Ninguna consideró que sus resultados hubieran aclarado suficientemente las circunstancias o establecido quién debía responder.

El abogado Raudiel Peña Barrios, de Cubalex, explicó a los autores del proyecto que la legislación cubana impone a la Fiscalía Militar la apertura de diligencias de oficio ante la muerte de un recluta, además de comunicar sus conclusiones a los familiares.

Sin un parte de las FAR sobre lo ocurrido, Hernández Rojas ha expresado su dolor en redes sociales: “Si pudiese cambiar mi vida por la tuya, lo haría sin pensarlo”.

La Constitución de 2019 incluye entre los deberes ciudadanos la prestación del servicio militar y social. La Ley 75 de la Defensa Nacional obliga a los varones a inscribirse en el registro castrense durante el año en que cumplen 16 y los mantiene sujetos al Servicio Militar Activo hasta el 31 de diciembre del año en que alcanzan los 28.

El Decreto-Ley 224 dispone que la incorporación obligatoria se produzca después de los 18. La permanencia en filas puede extenderse por dos años, mientras las mujeres pueden ingresar de manera voluntaria.

El carácter coercitivo queda reforzado por sanciones penales. El artículo 214 del Código Penal contempla entre seis meses y un año de prisión, o multa, para quien eluda los trámites de alistamiento. Si emplea un medio engañoso, la pena privativa de libertad puede alcanzar 24 meses.

La normativa admite que determinadas labores económicas o sociales computen como cumplimiento, pero no concede a un convocado la facultad general de rechazar el llamado.

La muerte de Raudel vuelve a colocar bajo escrutinio un sistema que aparta a los jóvenes de sus familias por mandato estatal y los deja bajo la autoridad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Cuando uno de ellos pierde la vida en esas condiciones, corresponde al régimen explicar qué falló, determinar responsabilidades y evitar que el silencio oficial sea la única respuesta para sus seres queridos.