La conversación del 13 de octubre incluyó la seguridad de los puertos y las prioridades de Washington en la ONU, según el Departamento de Estado.
El secretario de Estado, Marco Rubio y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
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MIAMI.- El secretario de Estado, Marco Rubio, pidió al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, coordinar con Estados Unidos y otros socios las prioridades compartidas en Naciones Unidas (ONU), durante una conversación telefónica en la que cuestionó el respaldo internacional que perciben las autoridades cubanas.
Según el Departamento de Estado (DHS), la llamada del martes 13 de octubre también sirvió para reafirmar la alianza bilateral y abordar la protección de infraestructuras estratégicas, incluidos los puertos, frente a influencias extranjeras consideradas perjudiciales. El comunicado no identificó países ni empresas como amenazas específicas.
Sobre Cuba, el documento recogió la posición de Rubio en estos términos: “el régimen cubano no llevará a cabo las reformas que el pueblo cubano merece mientras crea que la comunidad internacional está de su lado”.
La solicitud de coordinación coincide con la próxima discusión de la Asamblea General de la ONU sobre la resolución que La Habana presenta anualmente contra el embargo estadounidense. El parte no precisó una petición de voto concreto a Bukele ni anunció compromisos del mandatario respecto a ese texto o nuevas sanciones.
En una publicación separada, Juan Pablo Segura, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, destacó la cooperación con El Salvador en soberanía hemisférica, desarrollo económico y tecnología.
El planteamiento sobre Cuba sigue la línea expuesta por Rubio el 23 de septiembre ante periodistas en Nueva York. En aquella ocasión afirmó que “la revolución cubana ha fracasado” y atribuyó el deterioro del país a décadas de mala gestión, corrupción e incompetencia.
Sostuvo que una transición debe conducir a libertades políticas y económicas, y expresó disposición estadounidense a contribuir si las autoridades aceptan emprenderla. Advirtió, sin embargo, que revertir los daños acumulados tomaría tiempo y cuestionó la voluntad de cambio de quienes hablan públicamente en nombre del régimen.
También señaló la falta de garantías para invertir. A su juicio, los anuncios económicos resultan insuficientes si no se aplican y se mantienen, mientras la incertidumbre sobre las reglas y el respeto a la propiedad desalienta la llegada de capital.
El 28 de septiembre, en una entrevista con Sean Hannity, de Fox News, calificó a Cuba como un Estado fallido. Acusó a las Fuerzas Armadas y al Partido Comunista de controlar las actividades rentables para beneficiar a un grupo reducido, en detrimento de la población.
En ese intercambio defendió una salida negociada hacia cambios irreversibles y advirtió que Washington no permitirá que la isla sea utilizada como base de operaciones contra los intereses o la seguridad de EEUU.
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó el miércoles 14 a Rubio de presionar y chantajear a jefes de Estado y de Gobierno para cambiar su voto en la ONU. En X lo describió como “nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas” y calificó las sanciones como un castigo colectivo.
El ministro de la dictadura castrista no identificó a los gobiernos supuestamente afectados ni aportó pruebas de chantaje en su publicación. Tampoco mencionó a Bukele o la llamada del día anterior.
En la votación del 29 de octubre de 2025, la resolución contra el embargo obtuvo 165 apoyos, siete votos en contra y 12 abstenciones, según las cifras publicadas por la organización. Estos pronunciamientos de la Asamblea General no son vinculantes ni modifican por sí mismos la legislación estadounidense.
Ese respaldo diplomático tampoco resuelve las dificultades para alimentarse, los apagones y la pérdida de poder adquisitivo que enfrenta la población. Mientras el oficialismo responsabiliza a Washington por la crisis, las autoridades cubanas siguen sin responder por los resultados de su gestión y las restricciones a la iniciativa privada. Lo que La Habana denomina “bloqueo” es un embargo económico, comercial y financiero estadounidense, con sanciones que también pueden afectar operaciones con terceros países; no constituye una prohibición general de comerciar con el resto del mundo. Su impacto no elimina la responsabilidad del régimen de ofrecer soluciones ni convierte las votaciones internacionales en alimentos, electricidad y oportunidades para los ciudadanos.
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