El 12 de marzo de este año, Costa Rica firmó un convenio de cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, dijo que este acuerdo es un único en Latinoamérica y “reforzará las acciones operativas contra las bandas criminales transnacionales”.
De acuerdo con un cable estadounidense de la embajada en San José, difundido por The New York Times, el año pasado se señaló que “Costa Rica es un objetivo primordial para los cárteles en busca de nuevos mercados para el fontanillo”. Por su parte, el director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos, Rob Alter, dijo en un comunicado que Costa Rica seguía siendo “un socio fuerte y duradero de Estados Unidos a pesar de enfrentarse a importantes retos de seguridad derivados del narcotráfico internacional, como muchos países de la región”.
El comandante retirado Jesús Romero, oficial de inteligencia y operaciones de Estados Unidos, indica al DIARIO LAS AMÉRICAS que en el Pacífico siempre ha existido el trasiego de cocaína.
“Estamos hablando de las salidas de Buenaventura, también de Tumaco que son los principales puntos de salida de la cocaína de Colombia. En estos últimos años, particularmente luego de la firma de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), estas cifras de cultivos de coca y producción de cocaína han subido a niveles no antes visto”, expresa.
Romero añade que está situación afecta todos los países alrededor de Colombia. Se apunta hacia Ecuador, Haití, Guatemala y Honduras. En ese escenario, entra Costa Rica. Explica que hay dos elementos principales que propician el tráfico de drogas: “Es un país estratégicamente situado y su moneda es el dólar”.
El experto señala que, en los últimos tres o cuatro años, Costa Rica ha tenido un problema severo de empleo de aeronaves tipo Cessna 210: cargan en promedio 400 a 450 kilos de droga que salen de la costa del Pacífico con destino a México y luego a los Estados Unidos.
“Para nosotros esta situación es sumamente triste, los datos que yo manejo son que Costa Rica es el segundo exportador de cocaína del mundo, donde no somos un país de productores. Si fuese Colombia, si fuese Perú, Bolivia, sería más factible. Esto representa una fuerte llamada de atención desde hace varios años”, señala Dragos Dolanescu, presidente del Frente Hemisférico por la Libertad, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.
Delitos en el poder
Dolanescu, quien también ha sido diputado en Costa Rica, puntualiza que el hecho de que el país no tenga Ejército, no significa que no se haya invertido en fortalecer los mecanismos de control, las policías, el Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial.“Pero, es evidente que en este momento esos esfuerzos no están alcanzando para poder contener la oleada que se ha estado desarrollando”, añade.
El político increpa: “¿Hay una parada en la producción y la compra de drogas en Estados Unidos que sí o sí tiene que pasar por algún lado? No creo que sea Costa Rica el punto de donde se salta para Estados Unidos, yo creo que solamente es un punto intermedio a otro lado como posiblemente sea México y de México sí llegue a Estados Unidos”.
De acuerdo con el portal Costa Rica Hoy, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles, quien llegó al poder en 2022, ha sido mencionado en dos oportunidades dentro de investigaciones por tráfico internacional de drogas. La primera vez fue en marzo de 2023 cuando un colombiano ligado a la exportación de cocaína líquida mencionó al mandatario como "Papá Chaves".
Según se conoció recientemente, en septiembre de 2023, Celso Gamboa, exministro y exfiscal, dijo ante dos sujetos “que contaba con apoyo gubernamental para facilitar el ingreso de cargamentos de cocaína al país”.
Celso Gamboa, detenido en junio de este año, es señalado por Dragos Dolanescu como un caso emblemático de la llegada del narcotráfico al poder.
“Gamboa es un muchacho brillante. Fue el fiscal de Limón, la provincia más complicada del país. Luego pasó a ser viceministro de seguridad y el fiscal general del país, así como ministro de Seguridad; jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), la policía del presidente, y terminó siendo magistrado en la sala de lo penal. Tuvo una carrera meteórica de ocho años”, refiere.
De acuerdo con las investigaciones, Celso Gamboa se habría integrado, desde el año 2019, a una organización criminal dedicada a la exportación de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. También se le señala como líder regional de esa estructura, luego de la captura de otros jefes del narcotráfico.La orden de captura contra Celso Gamboa señala que empleó su conocimiento institucional y contactos para coordinar el paso seguro de droga por Costa Rica.
“Se le atribuye haber recibido pagos de hasta 500.000 dólares por cargamento, además de facilitar operaciones para cárteles como el Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa”, registró el periódico El Observador.
El presidente del Frente Hemisférico por la Libertad indica que, gracias a la Ley de Extradición de Costa Rica, un ciudadano puede ser deportado a otro país si incurre en los delitos de narcotráfico o terrorismo. Gamboa, de 49 años, es requerido por la DEA, en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal de Dallas, Texas.
Dolanescu añade que Celso Gamboa asumió, en 2019, la defensa de los intereses del régimen de Nicolás Maduro en Costa Rica cuando el país reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y se suscitó una disputa por la embajada en San José.
“La gente piensa que Costa Rica cae en el narcotráfico como una noticia reciente. Pero, la realidad es que el proceso de debilitación del gobierno costarricense ha venido pasando más o menos paralelo desde la firma del Tratado de Paz en Colombia. Para llevar a cabo estas operaciones necesitas corromper al gobierno y ahora tienes a estos personajes”, enfatiza el comandante Jesús Romero.
Detrás del negocio
El experto Romero afirma que, en los últimos 10 años, en vez de ejecutarse una campaña para disuadir, para afectar el comportamiento de las organizaciones delictivas, “lo que estamos viendo el resultado de las políticas de Colombia que no son necesariamente lo suficientemente efectivas para combatir la producción de coca y de cocaína”.
Afirma que se mantienen operaciones para quitar la droga que está fluyendo.Agrega que las cifras “están sobrepasando la habilidad de llevar a cabo operaciones de interdicción”.
El militar puntualiza que el problema es la producción, los cultivos de coca que ahora están subiendo hasta 300.000 hectáreas y hay una producción “de 300 toneladas de cocaína al año”.
Romero refiere también que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señala que no se puede perjudicar a los que cultivan coca.“Pero, él no puede justificar una producción de coca que supuestamente es religiosa, ayuda a los campesinos y él habla sobre la ayuda internacional que necesita Colombia para que puedan sobrevivir las selvas de la Amazonía. A su vez, tienes un proceso de cultivo de coca que mata al productor, mata a su familia, envenena el ambiente, envenena los ríos; atrae violencia, corrupción y finalmente la muerte”, expresa.Señala que esta actividad ilícita “es un negocio redondo para mantener el socialismo vivo en la región”.
En este punto, menciona los casos de Venezuela, México y Brasil, entre otros. Dijo que, recientemente, salió un jet con matrículas norteamericanas de Samaná, la República Dominicana. "El jet voló a Apure en Venezuela la encargó 1500 kg de cocaína y el avión terminó en Honduras. No, no es una coincidencia”, concluye.
FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/AFP / El Observador /Costa Rica Hoy/ The New York Times