Un fallo judicial reactiva los comicios de noviembre tras anular la ordenanza que postergaba por un año la jornada y extendía el periodo de comisionados
Sede del ayuntamiento de Miami.
D. CASTROPÉMIAMI.- El escenario político de Miami fue sacudido por el fallo de la jueza Valerie Manno Schurr, del Circuito Judicial 11 de Miami-Dade, quien declaró inconstitucional la ordenanza municipal que postergaba las elecciones municipales, originalmente previstas para el 5 de noviembre de 2025.
La medida, impulsada por la Comisión de Miami apenas un mes antes, pretendía retrasar el proceso democrático hasta noviembre de 2026, con lo que otorgaba a los funcionarios electos —incluido el propio alcalde Francis Suárez— un año adicional en el cargo sin refrendación ciudadana.
La sentencia representa un golpe directo a las intenciones de los comisionados, que alegaron beneficios como el incremento de la participación electoral y la reducción de costos. No obstante, la jueza Schurr subrayó los límites legales de la Ciudad, tras señalar que “la ley general no da a la Ciudad autoridad para aprobar esta ordenanza”.
El fallo pone fin, al menos de momento, a una controversia que escaló hasta los más altos niveles de la política estatal e incluso motivó advertencias del gobernador Ron DeSantis y del fiscal general James Uthmeier sobre la ilegalidad de modificar calendarios electorales sin contar con la opinión de los votantes.
La batalla legal fue liderada por Emilio González, exadministrador municipal y candidato a la alcaldía, quien interpuso una demanda solo cuatro días después de la votación de la Comisión que intentaba reprogramar los comicios. Días más tarde, el comisionado Joe Carollo se sumó a la acción judicial.
González calificó la maniobra como un “abuso escandaloso del poder” y argumentó, junto a su equipo legal encabezado por el exjuez Alan Lawson, que la Constitución de Florida y los estatutos municipales y del Condado no permiten cambios de fecha electoral sin participación ciudadana directa.
En sus declaraciones tras el fallo, González enfatizó que “esto no es solo una victoria para mí; es un triunfo para todos los votantes en la ciudad de Miami y en todo el condado de Miami-Dade que creen en defender nuestra carta y el Estado de derecho”.
El abogado Alan Lawson agregó que “al cancelar la elección, la Ciudad de Miami ha decidido que ellos, no los votantes, pueden determinar quiénes serán los funcionarios de la Ciudad [gobierno municipal]”.
En el fondo, el caso expuso tensiones entre la autonomía municipal y los límites impuestos por la legislación de Florida. El Estatuto 101.031 del estado garantiza el derecho fundamental a votar y a que los mandatos de los funcionarios municipales no excedan los cuatro años, salvo modificaciones aprobadas en referéndum.
La tentativa de alinear las elecciones municipales con las federales, aunque justificada oficialmente como un intento de incrementar la participación (del 10 % habitual a un potencial 65 %), fue criticada por evadir la voluntad popular y extender unilateralmente los mandatos en curso.
El propio comisionado Carollo, pese a que la decisión le hubiese ofrecido un año suplementario de mandato, apoyó la demanda contra la medida. “No podemos revocar la Constitución de Florida ni cambiar las elecciones sin la aprobación de los votantes”, dijo el legislador local.
Sin embargo, la respuesta del abogado de la Ciudad, George Wysong, deja la puerta abierta al litigio: “Si bien respetuosamente no estamos de acuerdo con la decisión del tribunal de primera instancia, confiamos en la solidez de nuestro caso y seguimos siendo optimistas sobre el resultado en la apelación”.
La Corte de Apelaciones del Circuito de Miami-Dade programó para el martes 29 de julio una audiencia para escuchar a las partes. El tribunal deberá ratificar o revertir el fallo que ordena la celebración de elecciones municipales este noviembre.
De ratificarse la decisión, tanto el alcalde actual como los comisionados que enfrentan límites de término deberán abandonar sus cargos al cierre de 2025.
El fallo de la jueza Schurr fue celebrado como una “clara victoria para la democracia” por sectores diversos, incluidos otros candidatos y organizaciones civiles.
En contraste, los tres comisionados —Damián Pardo, Ralph Rosado y Christine King— que impulsaron la ordenanza insisten en sus argumentos sobre participación ciudadana y ahorro fiscal.
El alcalde Francis Suárez, uno de los principales beneficiarios de la medida anulada en primera instancia, defendió su posición en un comunicado.
“Miami no debería celebrar elecciones cuando tan poca gente vota. Es costoso, obsoleto y genera resultados que no reflejan a la ciudad. Las elecciones en años pares permiten mayor participación y gobiernos más fuertes”, remarcó.
González, autor de la demanda, rebatió esta narrativa: “El motivo por el que tan poca gente vota no es porque no quieran; creo que tiene que ver con la calidad de los candidatos”.
El comisionado Carollo, quien se opuso a la ordenanza desde el principio, agregó que “lo hecho por la Ciudad de Miami está mal y nunca debió haber sucedido”. Asimismo, desde su punto de vista, la medida era “legalmente errónea y moralmente incorrecta”.
Carollo detalló que, aunque la jueza basó su fallo en un solo punto, existían otros dos argumentos legales sólidos para anular la ordenanza. Uno de ellos es un precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos que impediría cancelar una elección tan cerca de la fecha programada.
El otro sustento se basa en la Constitución de la Florida, que establece que los mandatos de los funcionarios municipales no pueden exceder los cuatro años, según dijo.
Por estas razones, Carollo indicó sentirse “confiado” en que la Ciudad no tendrá éxito en la apelación.
Con la restitución del calendario original, la Oficina de Elecciones del Condado Miami-Dade activó los preparativos para la votación del 5 de noviembre.
En ese contexto, el periodo de calificación para candidatos se fijó del 5 al 20 de septiembre, con lo que se abre un espacio para nuevos aspirantes y se reactivan campañas interrumpidas por la controversia legal.
Destaca la inscripción del exalcalde Xavier Suárez, figura histórica y primer alcalde cubanoamericano de Miami, quien confirmó públicamente su regreso a la contienda y felicitó a González por liderar la batalla judicial.
Suárez advirtió sobre los peligros de restringir la alternancia política. “La Ciudad ya prevé límites de mandatos. Esta propuesta busca imponer restricciones retroactivas y limita injustamente a quienes sirvieron antes de que existieran dichos límites”, comentó el veterano político.
La comisionada condal y aspirante a la alcaldía Eileen Higgins también celebró la restitución democrática: “Se trata de una victoria clara para la democracia. Cualquier cambio en el calendario debe tener apoyo popular”.
Christian Cevallos, también candidato al cargo de edil, afirmó que este fallo representa el clamor de la comunidad, ya que, en sus recorridos, ha constatado que “el 90 % de la gente no estaba enterada de la postergación”. Para el postulante, la medida era “ilógica y anticonstitucional”, y no reflejaba el “sentir del votante”.
Cevallos subrayó que la jueza se alineó con la opinión y el deseo de la comunidad, al tiempo que subrayó que los oficiales electos fueron elegidos para un mandato de cuatro años y no de cinco.
No han faltado voces que, a raíz del caso, compararon la intentona local con prácticas en regímenes donde se posterga constantemente el proceso electoral bajo pretextos de reforma y nunca regresan.
El fallo envía así un mensaje de advertencia y reafirmación democrática, en línea con precedentes del Tribunal Supremo federal que desaconsejan suspender elecciones tan cerca de la fecha prevista.
El gobernador DeSantis, por su parte, fue firme al señalar que podría sancionar a los comisionados responsables, reforzando la tensión entre autonomía local y vigilancia estatal sobre la integridad democrática.
El escenario político de Miami para noviembre de 2025 promete una elección marcada por la movilización, el debate público y la exigencia de legalidad y transparencia.
El fallo judicial no solo anuló un acto administrativo, sino que, para muchos, reafirmó los principios fundacionales de la ciudad y el condado, tras recordar que el poder reside, en última instancia, en los votantes.
Resta ahora ver si la apelación presentada por la Ciudad prosperará o si Miami se convertirá, paradójicamente, en ejemplo nacional de resistencia democrática frente a tentaciones vistas como “autoritarias” por actores políticos de la próxima contienda.
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