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La Corte Penal Internacional, CPI, no se creó para deponer gobiernos. De hecho, tampoco ha depuesto ninguno.

El sistema de justicia en torno a la CPI, fue implantado para “poner fin a la impunidad de los autores” de crímenes contra “millones de niños, mujeres y hombres, víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven la conciencia de la humanidad”. La CPI está llamada a “ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional”. En específico, juzgar y castigar los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión.

Escribía Etienne de La Boétie, en su “Discurso sobre la servidumbre voluntaria”: “Ese tirano que os oprime, sólo tiene dos ojos, dos manos, un cuerpo, ni más ni menos que el, hombre más insignificante (…) Si un país no hace ningún acto que pueda favorecer al despotismo, basta y aún sobra para asegurar su independencia. Los pueblos deben atribuirse a sí mismos la culpa si sufren el dominio de un bárbaro opresor, pues cesando de prestar sus propios auxilios al que los tiraniza, recobrarían fácilmente su libertad”.

La anterior verdad –asentada por de La Boétie - válida para el siglo XVI, se convierte en verdad relativa en el siglo XXI. No había en aquella época, organizaciones internacionales del crimen. Ni las mafias de tráfico de drogas habían tomado por asalto el Poder en determinadas naciones – ex naciones cuando tales asaltos se consuman. Incluso los actos que hoy calificamos de terroristas, no pasaban de iniciativas individuales o de círculos reducidos.

Venezuela, por ejemplo, ha sido secuestrada por gangsters estructurados, internacionalmente: las FARC, las mafias, rusas, chinas, iraníes, castrocubanas y cualquier bicho de uña con musculatura depredadora para el narco, el terrorismo, el contrabando, la piratería, prostitución, la corrupción, industrializada y a economías de escala. Por lo mismo, todas las expresiones de resistencia y desobediencia civil que La Boéti consideraba invencibles -marchas pacíficas y no tan pacíficas, promoción de referendos, participación en elecciones o boicots de las mismas, diálogos evidentemente envenenados - se estrellaron y se seguirán estrellado contra unos criminales muy peligrosos, carentes de escrúpulos a la hora de aferrarse al Poder.

En medio del mencionado drama, nadie le ha pedido a la CPI, que deponga a Maduro –o a Chávez en su momento. Pero la CPI, en el caso Venezuela, en sus 16 años de infeliz existencia, no ha dado la más tímida demostración de voluntad para cumplir sus funciones. La razón es simple: la CPI, a su vez, ha sido penetrada por el delito. Un botón de la bochornosa muestra: los dos Fiscales Jefes que ha tenido la CPI, se han visto envueltos en una vorágine de supuestos delitos sexuales, corrupción, obstrucción de Justicia, holgazanería, dispendio, sin que la Asamblea de Estados miembros del organismo, haya ejercido las acciones disciplinarias que le corresponden.

En medio de tales circunstancias, la iniciativa de seis jefes de Estado de pedirle a Fiscalía de la CPI la apertura de examen preliminar en el caso Venezuela, no pasa de ser, un ejercicio de ingenuidad o de pérdida de tiempo. Había, que haber exigido, como consideración previa o preliminar de cualquier alegato, la higienización o fumigación de tal antro.

La intención no basta. Aún así, los venezolanos les estamos, muy agradecidos a los mandatarios promoventes. Otra cosa, es forjarnos expectativas, en lo absoluto, ilusorias.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

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