Cerca de 5.000 inmigrantes han llegado de manera ilegal a la isla canaria de El Hierro (de apenas 11 mil habitantes) en la primera semana de noviembre, una cifra sin precedentes en tan corto periodo.
Crisis migratoria en Canarias: la invasión silenciosa
La oleada migratoria en Canarias, con miles de llegadas a El Hierro, evidencia la tensión en las fronteras y el colapso de los servicios públicos, mientras se señala al "efecto llamada" de políticas migratorias.
Las autoridades migratorias insulares califican la situación como de “absolutamente insostenible” y advierten que el escenario tiende a empeorar, lo que podría provocar una crisis de seguridad fronteriza y el colapso de los servicios públicos y de atención sanitaria.
¿Por qué, después de la reciente invasión migratoria a Ceuta, continúa el flujo de inmigrantes en cantidades tan elevadas?
El proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el ejecutivo de Pedro Sánchez en 2026 ha generado un "efecto llamada" que han aprovechado muy bien las redes de tráfico de personas para instrumentalizar los vacíos legales y asegurar la permanencia de los inmigrantes indocumentados en territorio español.
En la escena política de la oposición, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo (PP) defiende un modelo basado en lo que denominan una "inmigración ordenada" vinculada al mercado laboral, mientras que la formación dirigida por Santiago Abascal (VOX) adopta una postura de máxima firmeza en las fronteras, exigiendo la devolución automática de todos los migrantes que accedan al territorio nacional de forma irregular.
Pedro Sánchez, al llegar al poder, criticó la gestión migratoria previa, argumentando que se debía mantener la firmeza frente a los cruces fronterizos ilegales e impulsar la política de retornos de los migrantes irregulares a sus países de origen.
Hoy, ocho después de asegurar a los españoles que todo estaba bajo control, -mientras a puertas cerradas era consciente de la situación en Ceuta y en Canarias antes de que se desencadenara la entrada masiva de personas-, Sánchez sostiene que la culpa es de las mafias que trafican con personas y ha señalado la propagación de desinformación en redes por parte de actores externos, mientras que rechaza las acusaciones de la oposición y de socios de gobierno que apuntan a una falta de previsión.
Esto significa que Sánchez sigue sin una solución real -como el respeto estricto a la legalidad y el control de fronteras con una vía de derechos clara, evitando la gestión a base de improvisaciones o crisis puntuales.
Al analizar la narrativa demagógica del líder socialista sobre la flexibilización de las normas de extranjería para regularizar a extranjeros sin papeles, queda claro que lo que Sánchez pretende es, sencillamente: legalizarlo todo, de forma permanente.
Y qué importa si el Congreso se niega a respaldar una medida así, si el Gobierno, de manera autoritaria, recurre a decretos u otros mecanismos que evitan el debate riguroso y el consenso mayoritario en las Cortes Generales.
¿Cuál es el resultado? La generación de una trágica encerrona humanitaria que desborda las infraestructuras y los servicios de una isla ultraperiférica y que somete a los propios lugareños a un sufrimiento humanitario extremo, en un entorno de saturación y vulnerabilidad.
El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha declarado formalmente la emergencia social en la isla mediante un decreto institucional, advirtiendo que "El Hierro no puede afrontar esto solo", que necesita urgentemente más recursos y medios materiales del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias para evitar que el protocolo de asistencia se "desborde" o se "rompa".
En este sentido, cabe esperar que el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, comience a distanciarse públicamente de Sánchez mostrando respeto y solidaridad hacia los herreños, y exija al gobierno central soluciones efectivas.
Pedro Sánchez no puede negar que tanto la crisis de Ceuta como ahora la de El Hierro son responsabilidad de su gobierno, permitiendo una prolongada invasión silenciosa que amenaza la estabilidad del país.
Durante años, Sánchez recurre al pasado de España como país de emigrantes para defender la flexibilización de los permisos de residencia y repite una de sus frases favoritas: "Los españoles somos hijos de la migración, no seremos padres de la xenofobia". Si el objetivo es, como tantas otras veces, ganar votos seguros para las socialistas antes que involucrarse de verdad en el drama migratorio, los votantes en las próximas elecciones no deberían dejarse engañar.
No habría sido necesaria una crisis migratoria como la que está viviendo El Hierro en estos días para demostrar que el populismo es el peor enemigo de la democracia. Sánchez utiliza la inmigración de manera demagógica para trazar una línea ideológica divisoria, tildando automáticamente de "xenófoba" o "racista" cualquier propuesta de control estricto o devolución en frontera.
La falta de firmeza y de una estrategia nacional cohesionada debilita el control de las fronteras, tensiona los recursos de las comunidades autónomas receptoras y pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos, la estabilidad económica y la cohesión social debido a un crecimiento demográfico no planificado.
Lo cierto es que la pequeña isla de El Hierro se tambalea al borde del colapso mientras que el gobierno español no practica la solidaridad con sus propios ciudadanos que ven impotentes cómo innumerables recursos sociales y sanitarios se destinan con oportunismo político a los que llegan de manera irregular, en detrimento de las necesidades de los locales.
La complejidad de la gestión migratoria en España está ligada a la estabilidad geopolítica con Marruecos, a la solución del conflicto del Sáhara Occidental y a una mayor colaboración con los países africanos del área en materia de seguridad, combate al narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, ciberinseguridad y emigración irregular. Pero la inconsistencia de las fronteras españolas trasciende el debate político e institucional para convertirse también en un desafío humanitario y de seguridad de la Unión Europea.
La situación está lejos de resolverse, sobre todo porque, a pesar de su errada política, Pedro Sánchez insiste en no reconocer su incapacidad de defender firmemente el control estricto de las fronteras para preservar la seguridad y el Estado del bienestar de todos los españoles. Es hora de que la sociedad civil así lo exija.
(*) Periodista y consultor
NULL
