Una huelga ilegítima

La convocatoria de una huelga general el próximo día 11 es legal, pero no es legítima. El artículo 11 del Real Decreto Ley 17/1977 afirma que una huelga es ilegal “cuando se inicia o sostiene por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional los trabajadores afectados”. Es cierto que el Tribunal Constitucional, a posteriori, ha reconocido una concepción amplia de los derechos de los trabajadores y, en consecuencia, la convocatoria realizada por UGT y CCOO está dentro del marco legal, pero no puede considerarse una huelga general sino un acto político destinado a influir en las elecciones generales del próximo día 29, cuya campaña empieza veinticuatro horas más tarde de la llamada a la huelga.

La última huelga general convocada en España fue en 2012, con Mariano Rajoy en el Gobierno. Desde entonces, a pesar de que, a lo largo de los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, la vivienda se ha encarecido un 90%, la inflación acumula un incremento del 25% y el riesgo de pobreza o exclusión social es, según el INE, del 25%, los sindicatos no han considerado que hubiera motivos para convocar protesta alguna contra el Gobierno. Ahora, ante el riesgo de que la izquierda sea desalojada del poder, los sindicatos se movilizan no en defensa de los intereses de los trabajadores, sino en favor de quienes les han regado a lo largo de estos años con cerca de 600 millones en subvenciones y ayudas.

La exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó que: “Habitualmente, para que los ciudadanos lo sepan, las huelgas generales se convocan contra los Gobiernos. En este caso, la huelga general se convoca contra la oposición”. El ministro de justicia, Félix Bolaños, al decir “Hago mías las palabras de la señora Montero”, confirmó con sus palabras que la huelga del próximo miércoles tiene por objetivo dificultar la alternancia política en España.

El Gobierno instrumentaliza a los sindicatos y estos, lamentablemente, se dejan manipular. Una huelga para favorecer al Gobierno, además de inaudita convierte a los sindicatos en herramientas al servicio de los partidos políticos en el poder y les despoja de toda credibilidad para representar a los trabajadores.

Llegado este punto, solo cabe esperar que el Gobierno que salga de las urnas el 29 N, ponga en su sitio a CCOO y a UGT, eliminando todas las subvenciones y ayudas superfluas, que están recibiendo del bolsillo de todos los españoles.

No hay que olvidar que estos sindicatos han fracturado el llamado diálogo social, que estaba vigente en España desde la Transición Democrática.

Si el más mínimo pudor ni dignidad, han pactado con el Gobierno de Pedro Sánchez, a través, entre otros, de su Vicepresidenta de Empleo, Yolanda Díaz, vinculada a la izquierda radical, un sin número de normas tendentes al limitar la libertad de empresa, los costes laborales y regulaciones absurdas para todo tipo de actividad económica, sobre todo para las PYMES.

Todo ello, se ha hecho sin la presencia de las organizaciones empresariales, que son quienes pagan la fiesta. Se han aprobado medidas unilateralmente entre el Gobierno y los sindicatos afines, que luego se traducen en Reales Decretos de obligado cumplimiento, sin la más mínima posibilidad de ser negociadas o discutidas, teniendo como base fines electoralistas y sin tener en cuenta los verdaderos problemas de las empresas españolas, entre ellas, la caída alarmante y continuada de la productividad, que nos sitúa a la cola de Europa, según datos publicados recientemente por Eurostat.

Los trabajadores españoles pagan más impuestos que nunca y reciben unos servicios públicos deplorables, pero UGT y CCOO lejos de representar a la clase trabajadora, traicionan a dichos trabajadores, actuando de forma servil ante el poder. El miércoles, es de esperar que se respete la Ley, que los servicios mínimos se cumplan y los piquetes no coaccionen a una gran mayoría, que sí querrá acudir a su puesto de trabajo.

FUENTE: El Adelantado de Segovia, España.