El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)

En tiempos de transición cultural, cuando el lenguaje político pierde contacto con la realidad y el derecho se desvincula del bien, evaluar un gobierno no puede limitarse al conteo de cifras ni a la administración de errores. Lo que está en juego es más hondo: se trata de discernir qué concepción del ser humano ha guiado las decisiones, qué noción de verdad ha informado las políticas y qué modelo de sociedad ha sido promovido —aunque no siempre declarado— desde las estructuras del poder.

El gobierno del presidente Gabriel Boric representa algo más que una alternancia de coalición o una crisis de gestión. Es, en muchos aspectos, la cristalización de una visión totalizante: la del constructivismo antropológico, que niega la naturaleza humana como dato y la sustituye por identidades móviles, derechos subjetivos y afectos legitimados por el Estado. Este enfoque no es accidental ni meramente técnico. Es una apuesta filosófica, con consecuencias sociales medibles y huellas culturales profundas.

Por eso, el balance que aquí se propone parte de una mirada que reconoce en la persona humana su dignidad irreductible, su vocación al bien común y la necesidad de un orden político que respete la verdad del hombre. Esa verdad no se construye: se recibe, se conoce, se custodia, se cultiva y se promueve.

Desde esta perspectiva, las políticas sobre la vida, la salud, la familia, la educación, el trabajo o la cultura no pueden evaluarse solo por su eficacia instrumental, utilitaria o económica. Deben juzgarse por su capacidad de afirmar o negar al hombre, de fortalecer sus vínculos fundamentales, de respetar su libertad trascendente y de promover su responsabilidad personal. Porque, como advirtieron los grandes pensadores políticos del siglo XX, cuando el poder olvida al hombre, la política se vuelve técnica de administración o escenario de manipulación. Y entonces el mal deja de ser visible: se vuelve sistémico, estructural, anodino.

Vida: entre la ideología y la indiferencia

Como es sabido, la valoración del bien de la vida humana es el fundamento de toda sociedad verdaderamente humana y civilizada. A la luz de esta afirmación, resulta ineludible iniciar esta evaluación del gobierno del presidente Gabriel Boric con el tema más esencial: la vida.

Lejos de promover una cultura de la vida, el actual gobierno ha favorecido, por omisión y por acción, una cultura de la muerte, disfrazada de derechos reproductivos, eufemismos feministas y sofística interseccional. La defensa del aborto libre ha sido no solo una promesa, sino una agenda persistente. Desde el inicio de su mandato, el Ministerio de la Mujer ha sostenido una campaña ideológica constante, presionando por legitimar jurídicamente el aborto, pese a que la legislación chilena, tras el fallo del Tribunal Constitucional de 2017, ya permite su práctica en tres causales extremas.

Desde marzo de 2022, el Ministerio de la Mujer ha impulsado campañas, protocolos y declaraciones que exigen legalizar el aborto sin causales. La estrategia no ha sido solo comunicacional: en octubre de 2023, el gobierno celebró en La Moneda la votación favorable al proyecto de aborto libre en la Comisión de Mujer de la Cámara, con un entusiasmo que no mostró ante ninguna reforma sanitaria o educativa.

Chile, con la actual legislación de aborto en tres causales, registró 5.324 abortos en el sistema público entre 2018 y 2025, según el Ministerio de Salud. En 2024, además, se avanzó en protocolos de distribución de anticoncepción de emergencia sin controles ni advertencias a menores. Mientras esto ocurre, el Estado ha abandonado el acompañamiento a mujeres embarazadas en situación de sufrimiento y no existe una sola política pública destinada a fomentar la adopción.

En lugar de atender la raíz del problema —una cultura que abandona a la mujer en su fragilidad y sufrimiento—, se ha optado por legitimar la eliminación de vidas humanas inocentes como un acto de liberación. Mientras se multiplican los discursos inclusivos, las cifras de abortos realizados en el sistema público crecen silenciosamente, y ninguna política seria ha sido implementada para apoyar la maternidad vulnerable, fomentar la adopción o educar en el valor de la vida desde su concepción.

A la vez, los homicidios han aumentado con cifras alarmantes. Según datos oficiales, el país alcanzó su cifra más alta de homicidios en décadas, con una tasa de 6,7 por cada 100 mil habitantes en 2023, más del doble de lo registrado en 2018. En 2024 se registraron 1.207 asesinatos, con una tasa de 6,0 por cada 100.000 habitantes; y en 2025 la tasa fue de 5,4. Son cifras propias de países en conflicto armado. La impunidad es alta, el control de armas es frágil y la respuesta estatal ha sido tibia.

Un caso simbólico: en julio de 2024, un joven fue asesinado en pleno centro de Santiago al resistirse a un asalto. Su madre, en entrevista televisiva, dijo entre lágrimas: “Salió a trabajar y volvió en un ataúd. ¿Quién responde por eso?”. La mayoría de estos crímenes tiene un patrón común: bandas de narcotráfico, inmigración desregulada y armas ilegales. El Estado ha fracasado en su misión básica: proteger la vida de sus ciudadanos. Sin esa exigencia elemental de justicia, la ley se convierte en un cascarón vacío y el delito termina por adquirir apariencia de derecho.

El gobierno de Gabriel Boric ha instaurado, con decisión y sin disimulo, una cultura de la muerte. Bajo la sofística de los “derechos sexuales y reproductivos”, se ha promovido activamente el aborto libre, en desmedro de toda política de protección de la maternidad vulnerable o de apoyo a la vida naciente.

Salud: listas eternas, abandono estructural y derechos negados

La salud es un bien intrínseco de la persona; el silencio de los órganos, como alguna vez se la representó.

En salud, la promesa fue transformar, pero el resultado ha sido retroceder. A junio de 2025, más de 2,7 millones de personas esperaban una atención en el sistema público, y más de 362 mil requerían una cirugía. La mediana de espera quirúrgica superó los 251 días. A esta lentitud se suma una tragedia persistente: entre enero y septiembre de 2025, más de 26 mil pacientes murieron esperando atención. El Fondo Nacional de Salud, que atiende al 78% de la población, sigue saturado. El aumento del copago, la escasez de especialistas y el deterioro de la atención primaria hacen que miles de personas opten por pagar consultas privadas, endeudándose o recurriendo a rifas comunitarias.

El caso de los medicamentos vencidos o mal distribuidos, denunciado por Contraloría en diciembre de 2023, reveló la negligencia crónica del Estado. Millones en fármacos esenciales se perdieron por errores logísticos y falta de supervisión.

La salud mental, uno de los grandes ejes discursivos del gobierno, ha sido tratada con superficialidad. No existe una red seria de atención territorial, ni programas formativos en colegios, ni un aumento significativo de profesionales. Solo declaraciones, días conmemorativos y conferencias.

Los testimonios abundan. En abril de 2024, el canal 24 Horas mostró a una mujer de 60 años que falleció en plena vía pública mientras esperaba un traslado para realizarse exámenes. Su hija, indignada, declaró: “Esperamos dos años por una hora médica y murió sin ser atendida. Para ellos era un número más”. Y, en medio de este desastre, se siguen financiando consultorías con sesgo ideológico, jornadas sobre salud trans y campañas simbólicas, como si la precariedad sanitaria se resolviera con lenguaje inclusivo. El desarrollo humano requiere instituciones que promuevan el bien común y respeten la subsidiariedad. Aquí no se ha promovido ni lo uno ni lo otro.

Familia: la institución olvidada

La familia ha sido ignorada, debilitada y, en muchos casos, directamente atacada por las políticas del actual gobierno. No ha existido una sola gran iniciativa legislativa que la refuerce como núcleo básico de la sociedad. Al contrario: se han promovido proyectos que la fragmentan, la relativizan o la subordinan a intereses ideológicos.

El gobierno de Gabriel Boric no ha desplegado ninguna política robusta de fortalecimiento familiar. La familia ha sido sustituida en el discurso oficial por “cuidadores”, “diversidades” o “parentalidades múltiples”. El ideal de una familia fundada en el matrimonio y abierta a la vida ha sido expulsado de la política pública, como si se tratara de un privilegio burgués, como pensaba Engels.

Las cifras reflejan el desgarro. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el 34,5% de los hogares en Chile son unipersonales o monoparentales. Más del 58% de los nacimientos en 2022 fueron de madres no casadas. El matrimonio ha caído en picada: si en 2005 hubo más de 84.000 matrimonios, en 2023 la cifra bajó a poco más de 64.000. En contraste, los divorcios se han mantenido altos: más de 38.000 anuales, con una duración promedio del vínculo de solo 14 años.

Las tasas de natalidad están en su punto más bajo en la historia del país. La fecundidad ha caído por debajo del nivel de reemplazo, con 1,03 hijos por mujer en 2024, y no existen políticas públicas serias para revertir esta tendencia. Mientras tanto, se implementan programas de anticoncepción de emergencia desde la adolescencia, se difunden materiales escolares que banalizan la familia tradicional y se excluye sistemáticamente a los padres del proceso educativo.

El abandono del rol paterno, el individualismo emocional y la precariedad económica contribuyen a esta crisis, pero el Estado no ha hecho nada serio por revertirla. No hay campañas que promuevan la estabilidad conyugal ni apoyos directos a la crianza. La política de salas cuna se limita al discurso. Las licencias parentales no se han ampliado. La ideologizada educación afectiva y sexual se ha entregado a fundaciones con agenda de género.

El Estado no ha protegido el derecho de los padres a educar a sus hijos. Se ha intervenido la relación filial a través de leyes como la de identidad de género, que permite a menores cambiar nombre y sexo sin consentimiento parental. En los manuales escolares se promueve la genitalización de niños y jóvenes, y en los jardines infantiles se introducen materiales sobre diversidad familiar sin mediación.

La autoridad parental ha sido socavada en nombre de la autodeterminación infantil, promovida por el mismo Estado que luego no sabe cómo contener la violencia escolar ni la deserción juvenil. La Encuesta Bicentenario UC 2023 muestra que un 72% de los chilenos cree que “la familia es lo más importante en su vida”. Pero el Estado no lo cree así. Prefiere invisibilizarla o redefinirla.

El futuro de la humanidad se fragua en la familia. Cuando ella se debilita, no hay sociedad que se sostenga. Este gobierno, en cambio, ha preferido sustituirla por una red de derechos abstractos, desconectados del bien común. La familia aparece como un obstáculo que debe ser deconstruido y reemplazado por el Estado cuidador.

Vivienda: fundaciones, favores y frustraciones

Lo que fue presentado como una de las grandes promesas del gobierno —la construcción de 260 mil viviendas sociales— ha terminado por convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción institucional desde el retorno a la democracia. El llamado “Caso Convenios” reveló un modus operandi sistemático en que fundaciones recién creadas, sin experiencia técnica ni solvencia administrativa, recibieron transferencias millonarias desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ejecutar proyectos habitacionales que nunca se concretaron o que quedaron a medio andar.

Según cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hasta marzo de 2024 se habían entregado 254.102 viviendas, equivalentes al 97,7% de la meta. Pero lo que marcó la gestión fue el Caso Convenios. A mediados de 2023, la fundación Democracia Viva, estrechamente vinculada al partido Revolución Democrática, recibió 426 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta sin respaldo técnico ni concurso público. La investigación reveló vínculos directos entre el seremi y los miembros de la fundación, y abrió la puerta a una red de traspasos similares en todo el país.

Hasta abril de 2024, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público investigaban más de 60 convenios irregulares en distintas regiones, por un monto superior a los 14.000 millones de pesos. Mientras las fundaciones fantasma crecían, miles de familias seguían viviendo hacinadas, en campamentos sin agua ni luz, o esperando subsidios que no se concretaban. La inversión privada también ha sido afectada. La permisología, los cambios normativos y la incertidumbre jurídica paralizaron proyectos habitacionales clave. Según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción, la inversión en vivienda apenas creció un 0,1% en 2025, y el número de viviendas autorizadas disminuyó un 11,1% respecto de 2024. La consecuencia ha sido el alza del costo del suelo, la disminución de proyectos en carpeta y una mayor informalidad en la tenencia de terrenos.

El acceso al crédito hipotecario también se ha restringido, frustrando a miles de familias, especialmente jóvenes, que se han visto impedidas del sueño de la casa propia. El Banco Central informó que las tasas de interés para vivienda superaron el 5% en 2023, las más altas en dos décadas. Esto ha marginado especialmente a los sectores medios y a los adultos mayores. A ello se suman contribuciones desmedidas, con alzas de hasta un 200% en algunos casos tras la actualización del catastro fiscal, lo que afecta especialmente a adultos mayores con pensiones bajas, convertidos hoy en rehenes del catastro fiscal.

La vivienda digna no es solo un muro y un techo. Es el lugar donde se forja la intimidad y la estabilidad. El desinterés por garantizarla, unido al uso ideológico de los recursos públicos, constituye un acto de profunda injusticia. El derecho a la vivienda es inseparable del deber de transparencia y justicia en la gestión pública. Este gobierno ha fallado en ambas dimensiones.

Seguridad, paz y libertad: el precio del descontrol

Chile ha dejado de ser un país seguro. Los datos son categóricos. Según el Observatorio de Homicidios de la Policía de Investigaciones, el número de asesinatos creció un 66% entre 2018 y 2023, pasando de 789 a 1.322 casos. El 70% de ellos corresponde a homicidios con armas de fuego, y en regiones como Tarapacá y Arica la tasa ya supera los 15 por cada 100.000 habitantes, más que en Ciudad de México.

El gobierno ha actuado con tibieza, ambigüedad y tardanza. El primer año estuvo marcado por un negacionismo ideológico: se hablaba de “crisis de convivencia” en lugar de delincuencia y se evitaba usar la fuerza legítima del Estado por temor a “criminalizar la pobreza” o por reducir el problema a “causas estructurales de desigualdad”. Al mismo tiempo, se criticaba a Carabineros por supuesto “uso excesivo de la fuerza”. Así, los policías veían restringido su actuar, cuestionados desde el Ejecutivo y sin respaldo jurídico ni político suficiente. Solo tras el asesinato de la sargento Rita Olivares, en marzo de 2023, el Ejecutivo reconoció públicamente la gravedad del fenómeno.

La criminalidad organizada ha penetrado barrios completos. El narcotráfico ha colonizado escuelas, poblaciones y servicios municipales. Los barrios críticos aumentaron un 28% desde 2021. Las cárceles están sobrepobladas y desbordadas por bandas que operan desde dentro. El control de armas ilegales ha fracasado.

El crimen organizado se ha expandido con total impunidad. Bandas extranjeras como el Tren de Aragua operan en el norte del país, controlan territorios, extorsionan comerciantes y utilizan métodos como el secuestro y el sicariato. El Ministerio Público reportó 341 secuestros en el primer semestre de 2025, un delito que hace cinco años era casi inexistente en Chile.

La seguridad es un deber moral del Estado. Su renuncia equivale a entregar a los inocentes a la ley del más fuerte. Y hoy, el más fuerte es el crimen organizado. No puede haber desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin justicia. La paz no es solo ausencia de violencia. Es también fruto de la verdad, la justicia y la libertad. En ese sentido, el gobierno ha promovido una paz aparente, mientras socava las condiciones para una libertad auténtica.

Durante el proceso constitucional, el oficialismo propuso una carta maximalista, identitaria y disgregadora, rechazada por el 62% de los chilenos en el plebiscito de septiembre de 2022. El texto pretendía redefinir la nación como “plurinacional”, debilitar el principio de igualdad ante la ley, institucionalizar el aborto libre, expropiar la educación parental y crear sistemas judiciales paralelos. Fue, en palabras simples, un manifiesto ideológico.

A pesar del rechazo, muchas de sus disposiciones han sido promovidas por vía administrativa: manuales ministeriales, reglamentos escolares, pautas de género, políticas lingüísticas y reeducación en organismos públicos. Se ha utilizado el Estado como instrumento de reingeniería social, con un nivel de imposición simbólica que recuerda a los regímenes más dogmáticos del siglo XX.

La libertad de expresión también ha sido condicionada. La Ley de Incitación al Odio, que el gobierno apoya, permitiría perseguir penalmente opiniones morales o religiosas que disientan del canon progresista. Organizaciones feministas e identitarias han buscado silenciar discursos que defienden la vida y la familia, muchas veces con aval institucional.

Las universidades han sido colonizadas por la corrección política. Profesores sancionados por expresarse, alumnos que no pueden debatir, seminarios censurados. La cancelación se ha convertido en el nuevo instrumento del control cultural.

La verdadera libertad es incompatible con el miedo. La libertad se fundamenta en la verdad y se destruye cuando se separa de ella. En Chile hoy hay miedo de pensar distinto, y eso es síntoma de una democracia enferma.

Trabajo: informalidad, ideología y desprecio por la iniciativa

El trabajo es una actividad inteligente y libre que comporta esfuerzo, y contribuye al desarrollo y perfeccionamiento de la persona y de la sociedad.

Chile vive una paradoja laboral. Mientras el gobierno se jacta de haber recuperado empleos tras la pandemia, el desempleo ronda el 8,0%, con tasas más altas entre mujeres y jóvenes, y la informalidad alcanza el 26,8%. Eso significa que casi 2,6 millones de personas trabajan sin contrato, sin cotizaciones ni previsión.

El desprecio gubernamental por la pequeña y mediana empresa, que representa el 65% del empleo nacional, se ha manifestado en múltiples frentes: alzas tributarias regresivas, burocracia asfixiante, inestabilidad normativa y ausencia de una política seria de incentivo al emprendimiento. En nombre de una equidad redistributiva, se ha castigado al que crea empleo y se ha promovido una cultura de subsidios sin horizonte productivo. Según la Asociación de Emprendedores de Chile, más del 23% de los pequeños negocios quebraron o redujeron su planta laboral entre 2022 y 2023.

Las empresas estatales, como la Empresa Nacional del Petróleo y la Corporación Nacional del Cobre, han visto reducida su eficiencia bajo el peso de operadores políticos, contrataciones ideologizadas y pérdida de foco estratégico. La reciente caída en la producción de cobre, atribuida al retraso en proyectos de expansión y a la politización de sus directorios, representa no solo un revés económico, sino una irresponsabilidad histórica. Codelco, bajo esta administración, ha perdido más de 1.500 millones de dólares por retrasos y sobrecostos. Enap presenta pérdidas continuas. El Estado no ha sido buen empleador ni buen gestor. Solo ha sido buen clientelista.

Peor aún, las reformas laborales propuestas —como la jornada de 40 horas sin flexibilidad suficiente ni incentivos a la productividad— reflejan un voluntarismo desconectado de las necesidades reales de empresas y trabajadores. Se legisla desde una oficina, con lenguaje inclusivo y eslóganes feministas, pero sin comprender el drama cotidiano del trabajador informal, del comerciante acosado por los permisos, del emprendedor que debe pagar IVA antes de haber vendido. El discurso gubernamental de la “dignidad laboral” no ha tocado esa realidad.

Se ha olvidado que el trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino una vocación. El trabajo humano tiene un valor ético directamente unido al hecho de que quien lo realiza es una persona. Reducirlo a un objeto de ingeniería social, por afanes ideológicos, es una forma más de violencia institucional. Cuando la ideología reemplaza a la justicia, el trabajo se degrada y el trabajador también.

Educación: retroceso, violencia y decadencia institucional

Educar es ayudar a crecer y acompañar a la persona para que salga de sí misma y se relacione amorosamente con las diversas dimensiones de la realidad: la naturaleza y los artefactos técnicos, las demás personas y Dios. Si la educación es el alma de una nación, entonces la nuestra padece una anemia progresiva. En estos cuatro años, el retroceso ha sido evidente, medible y trágico.

Los resultados del Simce 2023 confirmaron una baja sostenida en comprensión lectora y habilidades matemáticas, con especial afectación en los sectores más vulnerables. El ausentismo escolar crónico afecta a más del 40% de los estudiantes. Las tomas, los paros, la violencia escolar y la nula autoridad de los directivos han consolidado una anarquía institucional que ni el Ministerio de Educación ha querido ni ha sabido enfrentar.

La entrega de útiles escolares en 2024, atrasada en varias regiones, simboliza el desorden y la falta de previsión. Pero lo más grave ha sido el deterioro moral y cívico de los colegios públicos, algunos de los cuales han sido convertidos en trincheras ideológicas o laboratorios de experimentación identitaria. La ideología de género, impuesta sin mediación ni evaluación, avanza con respaldo ministerial incluso en niños de edad preescolar. La violencia al interior de los establecimientos ha obligado a implementar planes de seguridad en liceos emblemáticos. Las agresiones a profesores han aumentado, así como los casos de acoso escolar. Mientras tanto, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ha protagonizado escándalos por fallas en la distribución de alimentos, falta de insumos, irregularidades en licitaciones y descoordinación con las comunidades educativas.

La violencia escolar ha escalado dramáticamente: agresiones físicas a profesores, uso de armas blancas en liceos y tomas prolongadas sin consecuencias. El ministerio, en lugar de respaldar a los equipos directivos, ha relativizado las sanciones, temiendo la presión de centros de alumnos radicalizados.

En las universidades públicas, la situación no es mejor: parálisis académica, cancelación de clases por motivos políticos e imposición de una hegemonía ideológica que impide el pensamiento crítico. Se ha expulsado la diversidad real en nombre de una diversidad meramente declarativa.

El sistema de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ha colapsado en varias regiones por retrasos en la entrega de alimentos, malas licitaciones y distribución deficiente. La entrega de útiles escolares, prometida para marzo de 2024, llegó incompleta o tardía a miles de estudiantes.

Pero quizá lo más grave sea la colonización curricular. La ideología de género se introduce desde preescolar, con materiales ajenos a la formación integral. La visión de la persona ha sido sustituida por una concepción fluida, desarraigada y reducida al deseo.

En lugar de fortalecer el principio de subsidiariedad —por el cual el Estado ayuda, pero no asfixia a las familias ni a los proyectos educativos libres—, se ha optado por una mentalidad estatista y planificadora, en nombre de una equidad abstracta que genera mayor desigualdad real. La libertad de educación es un derecho primario de la familia, y su negación tiene consecuencias devastadoras.

La educación, sin verdad ni moral objetiva, deja de ser formación para transformarse en adiestramiento.

Inmigración: hospitalidad sin ley, caos sin compasión

La inmigración no es en sí misma un problema. De hecho, ha sido una riqueza histórica para Chile. El problema surge cuando se gestiona sin criterios de justicia, sin orden legal ni orientación ética. Desde 2022, la frontera norte ha sido escenario de un ingreso masivo y descontrolado de personas, muchas de ellas sin documentación, sin medios de subsistencia y, en algunos casos, vinculadas a redes delictivas.

El gobierno ha reaccionado con lentitud y ambivalencia. Mientras se facilitaban visas y se negaba la expulsión de quienes ingresaban ilegalmente, las comunidades locales veían colapsar sus servicios de salud, aumentar los arriendos, degradarse el espacio público y multiplicarse los delitos. La compasión mal entendida se transformó en irresponsabilidad política.

Como enseña el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, la inmigración debe ser regulada “en conformidad con las exigencias del bien común” (n. 298). No se trata de cerrar las puertas, sino de abrirlas con justicia, verdad y prudencia. Lo contrario solo multiplica el sufrimiento, tanto de los migrantes como de las comunidades receptoras.

Política: ingeniería deconstructiva, corrupción moral y dogmas ideológicos

La política del gobierno de Gabriel Boric ha sido una operación constante de demolición: de símbolos nacionales, de instituciones republicanas y de la historia compartida. Su proyecto de nueva Constitución, rechazado por el 62% de los chilenos, es el ejemplo más claro: un texto maximalista, identitario, feminista, indigenista, ecologista, desarticulado y hostil al sentido común. No buscaba unir, sino sustituir. No reformar, sino reeducar.

Esa misma lógica se ha expresado en la acción cotidiana del Ejecutivo. La agenda de género ha absorbido buena parte del discurso gubernamental, pero bajo una forma ideológica radical, desligada de las verdaderas necesidades de las mujeres. Se ha promovido una ley de autonomías corporales —léase, aborto sin restricciones—, se ha financiado con recursos públicos la imposición del lenguaje inclusivo y se ha reducido a la mujer a una consigna que excluye la maternidad y la familia como bienes propios.

El indigenismo, por su parte, ha sido tratado con una mezcla de romanticismo y cobardía. En la Araucanía, el gobierno ha oscilado entre el negacionismo de la violencia y una fallida estrategia de diálogo con grupos radicalizados, sin mostrar un compromiso serio con el Estado de Derecho. La paz sigue siendo una promesa abstracta, mientras se multiplican los atentados, los desalojos y la sensación de abandono.

La política medioambiental ha sido otro campo de ensayo ideológico. Se han detenido proyectos clave, se ha demonizado la inversión extractiva y se ha dado tribuna a activistas que promueven el decrecimiento como horizonte ético. Sin embargo, se importan autos eléctricos producidos con litio chileno extraído en condiciones que aquí se condenarían. Es una doble moral con disfraz verde.

En este contexto, la corrupción moral ha sido más peligrosa que la corrupción financiera, porque ha consistido en instalar una visión del mundo que relativiza el bien, desprecia la naturaleza humana y convierte en sospechoso todo lo heredado. Lo que en otros gobiernos fue desidia o ineficiencia, en este ha sido convicción ideológica: construir un “nuevo Chile” sobre las ruinas de su identidad histórica.

Religión: la libertad acorralada y la fe instrumentalizada

En un país que durante décadas convivió pacíficamente con la libertad religiosa, el actual gobierno ha introducido un clima de sospecha y marginación hacia las expresiones públicas de fe. No se trata de una persecución abierta, sino de una progresiva exclusión simbólica, institucional y cultural.

Las comunidades religiosas —especialmente la Iglesia católica y las iglesias evangélicas— han visto reducida su presencia en actos públicos, han sido excluidas de consultas políticas relevantes e incluso cuestionadas por sostener una visión antropológica distinta de la ideología dominante. Las objeciones de conciencia por razones de fe han sido ridiculizadas, y se ha considerado discriminación lo que en realidad es fidelidad doctrinal. La religión solo tiene lugar si se adapta a los códigos de la ideología dominante: lenguaje inclusivo, diversidad afectiva, validación del aborto o de la autodeterminación sexual.

La exclusión ha sido sutil, pero constante: en ceremonias oficiales, en políticas públicas, en la distribución de fondos y en el lenguaje del poder. La fe ha sido confinada al ámbito privado. La razón política se ha cerrado a la trascendencia.

La libertad religiosa ha sido redefinida no como el derecho a vivir y expresar la fe, sino como la obligación de callarla si no se somete al nuevo dogma del Estado laicista ideologizado. El Estado ya no es neutral, sino hostil frente a toda visión trascendente del hombre.

Como advirtió la Dignitatis Humanae, “la libertad religiosa no es una concesión del Estado, sino un derecho natural que se deriva de la dignidad misma de la persona humana” (n. 2). Su negación solapada constituye una herida al alma nacional, especialmente cuando los propios gobernantes relativizan la verdad moral mientras reivindican festividades cristianas por conveniencia comunicacional.

Balance del gobierno: el olvido del hombre

El balance del gobierno del presidente Gabriel Boric no puede limitarse a cifras ni a promesas incumplidas. Lo que está en juego es algo más profundo: la concepción del ser humano y de la sociedad. En cada una de las áreas analizadas —vida, salud, educación, vivienda, trabajo, política, religión, seguridad, familia e inmigración— se repite un mismo patrón: la subordinación de la realidad a una ideología.

La visión antropológica que ha guiado este gobierno es individualista, sentimentalista, escéptica, relativista, constructivista y fragmentaria. No reconoce la naturaleza humana, niega los vínculos objetivos y reemplaza el bien común por una suma de identidades, deseos y demandas sectoriales. El resultado es una sociedad más dividida, más insegura y más cínica.

Frente a esta lógica, urge recordar la visión realista y cristiana del hombre, en la que se encuentran nuestros orígenes como república: una criatura con dignidad inviolable, que florece en comunidad y tiene vocación a la verdad, al bien y a la trascendencia.

Una sociedad sana no se configura sobre la manipulación cultural, sino sobre la educación de las virtudes, el respeto por la vida, la promoción de la familia, del trabajo digno, del progreso económico, de la cultura, de la amistad cívica y política, de la libertad religiosa y de la protección de los más débiles.

De otro modo, “una democracia sin valores se convierte fácilmente en un totalitarismo visible o encubierto”. Chile vive hoy ese totalitarismo encubierto: la dictadura del deseo, adornada de derechos.

El 11 de marzo acaba este gobierno y se abre la posibilidad de recuperar el alma de Chile.

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The Ideological Government Experiment of Gabriel Boric (2022-2026)

In times of cultural transition, when political language loses contact with reality and law becomes detached from the good, evaluating a government cannot be limited to counting figures or managing errors. What is at stake is deeper: discerning what conception of the human being has guided decisions, what notion of truth has informed policies, and what model of society has been promoted - though not always openly declared - from the structures of power.

The government of President Gabriel Boric represents more than a mere alternation of coalition or a crisis of management. It is, in many respects, the crystallization of a totalizing vision: that of anthropological constructivism, which denies human nature as a given and replaces it with mobile identities, subjective rights, and affects legitimized by the state. This approach is neither accidental nor merely technical. It is a philosophical wager, with measurable social consequences and deep cultural traces.

For that reason, the assessment proposed here begins from a view that recognizes in the human person an irreducible dignity, a vocation to the common good, and the need for a political order that respects the truth about man. That truth is not constructed: it is received, known, safeguarded, cultivated, and promoted.

From this perspective, policies concerning life, health, the family, education, work, or culture cannot be evaluated solely by their instrumental, utilitarian, or economic efficiency. They must be judged by their capacity to affirm or deny man, to strengthen his fundamental bonds, to respect his transcendent freedom, and to foster his personal responsibility.

For, as the great political thinkers of the twentieth century rightly warned, when power forgets man, politics becomes either a technique of administration or a stage for manipulation. And then evil ceases to be visible: it becomes systemic, structural, and banal.

Life: between ideology and indifference

As is well known, the valuation of the good of human life is the foundation of every truly human and civilized society. In light of this affirmation, it is unavoidable to begin this assessment of President Gabriel Boric's government with the most essential issue: life.

Far from promoting a culture of life, the present government has favored, by omission and by action, a culture of death, disguised as reproductive rights, feminist euphemisms, and intersectional sophistry. The defense of the crime of free abortion has been not only a promise, but a persistent agenda. From the beginning of its term, the Ministry of Women has maintained a constant ideological campaign, pressing to legally legitimize the crime of abortion, even though Chilean legislation, following the Constitutional Court ruling of 2017, already permits abortion on three extreme grounds.

Since March 2022, the Ministry of Women has promoted campaigns, protocols, and statements demanding the legalization of abortion without grounds. The strategy has not been merely communicational: in October 2023, the government celebrated at La Moneda the vote in favor of the free-abortion bill in the Chamber's Women's Committee, with an enthusiasm it did not show for any health-care or educational reform.

Chile, under its current three-grounds abortion law, recorded 5,324 abortions in the public system between 2018 and 2025, according to the Ministry of Health. In 2024, moreover, protocols were advanced for the distribution of emergency contraception to minors without controls or warnings. Meanwhile, the state has abandoned the accompaniment of pregnant women who suffer, and there is not a single public policy aimed at promoting adoption.

Instead of addressing the root of the problem - a culture that abandons women in their fragility and suffering - the choice has been to legitimize the elimination of innocent human lives as an act of liberation. While inclusive rhetoric multiplies, the number of abortions carried out in the public system grows silently, and no serious policy has been implemented to support vulnerable motherhood, promote adoption, or educate in the value of life from conception.

At the same time, homicides have risen alarmingly. According to official data, the country reached its highest homicide figure in decades, with a rate of 6.7 per 100,000 inhabitants in 2023, more than double the figure recorded in 2018. In 2024, 1,207 murders were recorded, with a rate of 6.0 per 100,000 inhabitants; in 2025, the rate was 5.4. These are figures typical of countries in armed conflict. Impunity is high, arms control is fragile, and the state's response has been timid.

One symbolic case: in July 2024, a young man was murdered in downtown Santiago while resisting a robbery. His mother, in a television interview, said through tears: "He went out to work and came back in a coffin. Who answers for that?" Most of these crimes follow a common pattern: drug-trafficking gangs, unregulated immigration, and illegal weapons. The state has failed in its basic mission: to protect the lives of its citizens. Justice is an indispensable requirement; without it, the law becomes an empty shell and crime becomes a right.

Gabriel Boric's government has established, deliberately and without disguise, a culture of death. Under the sophistry of "sexual and reproductive rights," it has actively promoted free abortion, to the detriment of any policy protecting vulnerable motherhood or supporting nascent life.

Health: endless waiting lists, structural abandonment, and denied rights

Health is an intrinsic good of the person; the silence of the organs, as it was once described.

In health care, the promise was transformation, but the result has been regression. As of June 2025, more than 2.7 million people were waiting for care in the public system, and more than 362,000 required surgery. Median surgical waiting time exceeded 251 days. Added to this slowness is a persistent tragedy: between January and September 2025, more than 26,000 patients died while waiting for care. The National Health Fund, which serves 78% of the population, remains saturated. Rising co-payments, a shortage of specialists, and the deterioration of primary care lead thousands of people to pay for private consultations, going into debt or resorting to community raffles.

The case of expired or poorly distributed medicines, reported by the Comptroller's Office in December 2023, revealed the chronic negligence of the state. Millions in essential drugs were lost due to logistical errors and lack of oversight.

Mental health, one of the government's major rhetorical priorities, has been treated superficially. There is no serious territorial care network, no formative programs in schools, and no significant increase in professionals. Only statements, commemorative days, and conferences.

Examples abound. In April 2024, channel 24 Horas showed a 60-year-old woman who died in the middle of a public street while waiting for transport to undergo examinations. Her daughter, outraged, declared: "We waited two years for a medical appointment and she died without being treated. To them, she was just another number." And amid this disaster, consultancies with ideological bias, workshops on trans health, and symbolic campaigns continue to be funded, as if sanitary precariousness could be resolved through inclusive language. Human development requires institutions that promote the common good and respect subsidiarity. Here, neither has been fostered.

Family: the forgotten institution

The family has been ignored, weakened, and, in many cases, directly attacked by the policies of the current government. There has not been a single major legislative initiative to strengthen it as the basic nucleus of society. On the contrary: projects have been promoted that fragment it, relativize it, or subordinate it to ideological interests.

Gabriel Boric's government has deployed no robust policy of family strengthening. The family has been replaced in official discourse by "caregivers," "diversities," or "multiple parentalities." The ideal of a family founded on marriage and open to life has been expelled from public policy, as though it were a bourgeois privilege, as Engels thought.

The figures reflect the fracture. According to the National Statistics Institute, 34.5% of households in Chile are one-person or single-parent households. More than 58% of births in 2022 were to unmarried mothers. Marriage has plummeted: whereas in 2005 there were more than 84,000 marriages, in 2023 the figure fell to just over 64,000. By contrast, divorces have remained high: more than 38,000 annually, with an average duration of the bond of only 14 years.

Birth rates are at their lowest point in the country's history. Fertility has fallen below replacement level (1.03 children per woman in 2024), and there are no serious public policies to reverse this trend. Meanwhile, emergency-contraception programs are implemented from adolescence, school materials are circulated that trivialize the traditional family, and parents are systematically excluded from the educational process.

The abandonment of the paternal role, emotional individualism, and economic precariousness all contribute, yet the state has done nothing to reverse them. There are no campaigns promoting marital stability, nor direct supports for childrearing. Nursery policy remains at the level of rhetoric. Parental leave has not been expanded. Ideologized affective and sexual education has been handed over to foundations with a gender agenda.

The state has not protected parents' right to educate their children. The filial relationship has been interfered with through laws such as the gender-identity law, which allows minors to change name and sex without parental consent. School manuals promote the genitalization of children and young people, and nursery schools introduce materials on family diversity without mediation.

Parental authority has been undermined in the name of child self-determination, promoted by the very same state that later does not know how to contain school violence or youth dropout.

The 2023 UC Bicentennial Survey shows that 72% of Chileans believe that "family is the most important thing in their lives." But the state does not believe this. It prefers to make it invisible or redefine it.

The future of humanity is forged in the family. When it weakens, no society can stand. This government, by contrast, has preferred to replace the family with a network of abstract rights, disconnected from the common good. The family is treated as an obstacle that must be deconstructed and replaced by the caregiving state.

Housing: foundations, favors, and frustrations

What was presented as one of the government's great promises - the construction of 260,000 social housing units - has ended up becoming one of the largest institutional corruption scandals since the return to democracy. The so-called "Convenios Case" revealed a systematic modus operandi in which newly created foundations, without technical experience or administrative solvency, received multimillion transfers from the Ministry of Housing and Urban Planning to execute housing projects that were never completed or were left half-finished.

As of March 2024, according to figures from the Ministry of Housing and Urban Planning, 254,102 housing units had been delivered, 97.7% of the target. But what marked the administration was the Convenios Case. In mid-2023, the Democracia Viva foundation, closely linked to the Revolucion Democratica party, received 426 million pesos from the Housing Secretariat in Antofagasta without technical support or public tender. The investigation revealed direct ties between the regional secretary and the members of the foundation, and opened the door to a network of similar transfers throughout the country.

As of April 2024, the Comptroller General's Office and the Public Prosecutor's Office were investigating more than 60 irregular agreements in different regions, for an amount exceeding 14 billion pesos. While ghost foundations proliferate, thousands of families live overcrowded, in camps without water or electricity, or waiting for subsidies that never materialize. Private investment has also been affected. Permit gridlock, regulatory changes, and legal uncertainty have paralyzed key housing projects. According to figures from the Chilean Chamber of Construction, housing investment barely grew by 0.1% in 2025, and the number of authorized housing units fell 11.1% compared with 2024. The consequence has been a rise in land costs, fewer projects in the pipeline, and greater informality in land tenure.

Access to mortgage credit has also been restricted, frustrating thousands of families, especially young people, who have found themselves prevented from fulfilling the dream of owning a home. The Central Bank reports that mortgage rates exceeded 5% in 2023, the highest in two decades. This has particularly marginalized the middle sectors and older adults. To this must be added disproportionate property taxes, with increases of up to 200% in some cases after the updating of the fiscal land registry, affecting especially older adults with low pensions, today converted into hostages of the fiscal cadastre.

A decent home is not merely walls and a roof. It is the place where intimacy and stability are forged. Lack of concern for guaranteeing it, and the ideological use of public resources, is an act of profound injustice. The right to housing is inseparable from the duty of transparency and justice in public administration. This government has failed in both dimensions.

Security, Peace, and Liberty: the price of disorder

Chile has ceased to be a safe country. The data are categorical. According to the Homicide Observatory of the Investigative Police, the number of murders grew by 66% between 2018 and 2023, rising from 789 to 1,322 cases. Seventy percent of them were homicides committed with firearms, and in regions such as Tarapaca and Arica the rate already exceeds 15 per 100,000 inhabitants, higher than in Mexico City.

The government has acted with timidity, ambiguity, and delay. The first year was marked by ideological denial: there was talk of a "crisis of coexistence" instead of crime, and the legitimate use of force by the state was avoided out of fear of "criminalizing poverty" and because of "structural problems of inequality." Carabineros were criticized for "excessive use of force" and saw their action restricted, questioned by the executive, without legal or political backing. Only after the murder of Sergeant Rita Olivares in March 2023 did the executive publicly acknowledge the gravity of the phenomenon.

Organized criminality has penetrated entire neighborhoods. Drug trafficking has colonized schools, housing projects, and municipal services. Critical neighborhoods increased by 28% since 2021. Prisons are overcrowded and overwhelmed by gangs operating from within. Control of illegal weapons has failed.

Organized crime has expanded with total impunity. Foreign gangs such as Tren de Aragua operate in the north of the country, control territories, extort shopkeepers, and use methods such as kidnapping and contract killing. The Public Prosecutor's Office reported 341 kidnappings in the first half of 2025, a crime that five years ago was almost nonexistent in Chile.

Security is a moral duty of the state. To renounce it is to hand over the innocent to the law of the strongest. And today, the strongest is organized crime. There can be no development without security, and no security without justice.

Peace is not merely the absence of violence. It is also the fruit of truth, justice, and liberty. In this sense, the government has promoted an apparent peace while undermining the conditions for authentic freedom.

During the constitutional process, the governing coalition proposed a maximalist, identitarian, and divisive charter, which was rejected by 62% of Chileans in the plebiscite of September 2022. The text sought to redefine the nation as "plurinational," weaken the principle of equality before the law, institutionalize free abortion, expropriate parental education, and create parallel judicial systems. It was, in simple terms, an ideological manifesto.

Despite that rejection, many of its provisions have been promoted by administrative means: ministerial manuals, school regulations, gender guidelines, linguistic policies, and reeducation in public bodies. The state has been used as an instrument of social reengineering, with a degree of symbolic imposition that recalls the most dogmatic regimes of the twentieth century.

Freedom of expression has also been conditioned. The Incitement to Hatred bill, which the government supports, would make it possible to criminally prosecute moral or religious opinions that dissent from the progressive canon. Feminist and identitarian organizations have sought to silence speech defending life and family, often with institutional backing.

Universities have been colonized by political correctness. Professors sanctioned for expressing themselves, students unable to debate, seminars censored. Cancellation has become the new instrument of cultural control.

True freedom is incompatible with fear. Freedom is grounded in truth, and it is destroyed when separated from it. In Chile today, there is fear of thinking differently, and that is a symptom of a sick democracy.

Work: informality, ideology, and contempt for initiative

Work is an intelligent and free activity that entails effort and contributes to the development and perfection of the person and of society.

Chile lives a labor paradox. While the government boasts of having recovered jobs after the pandemic, unemployment hovers around 8.0%, with higher rates among women and the young, and informality reaches 26.8%, the highest figure since 2010. That means nearly 2.6 million people work without contracts, without social contributions, and without social security.

Government contempt for the small and medium-sized enterprise, which accounts for 65% of national employment, has manifested itself on multiple fronts: regressive tax increases, suffocating bureaucracy, regulatory instability, and a total absence of policies encouraging entrepreneurship. In the name of redistributive equity, those who create jobs have been punished and a culture of subsidies without a productive horizon has been promoted. According to the Chilean Entrepreneurs Association, more than 23% of small businesses went bankrupt or reduced their workforce between 2022 and 2023.

State-owned companies, such as the National Oil Company and the National Copper Corporation, have seen their efficiency reduced under the weight of political operatives, ideologized hiring, and loss of strategic focus. The recent drop in copper production, attributed to delays in expansion projects and the politicization of their boards, represents not only an economic setback but a historical irresponsibility. The National Copper Corporation, under this administration, has lost more than 1.5 billion dollars due to delays and cost overruns. The National Oil Company shows continuous losses. The state has been neither a good employer nor a good manager. Only a good clientelist.

Worse still, the labor reforms proposed - such as the 40-hour workweek without flexibility or incentives to productivity - reflect a voluntarism disconnected from the real needs of companies and workers. Legislation is drafted from an office, with inclusive language and feminist slogans, yet without understanding the daily drama of the informal worker, the shopkeeper harassed by permits, or the entrepreneur who must pay VAT before having sold anything. The government's discourse of "labor dignity" has not touched this reality.

It has been forgotten that work is not merely a means of subsistence, but a vocation. Human work has an ethical value directly bound to the fact that the one who performs it is a person. Reducing it to an object of social engineering, out of ideological zeal, is yet another form of institutional violence. When ideology replaces justice, work degrades, and so does the worker.

Education: regression, violence, and institutional decay

To educate is to help a person grow and accompany him out of himself so that he may lovingly relate to the various dimensions of reality: nature and technical artifacts, other persons, and God. If education is the soul of a nation, then ours suffers from progressive anemia. In these four years, the regression has been evident, measurable, and tragic.

The 2023 Simce results confirmed a sustained decline in reading comprehension and mathematical skills, with particularly severe effects among the most vulnerable sectors. Chronic school absenteeism affects more than 40% of students. Occupations, strikes, school violence, and the utter lack of authority among school heads have consolidated an institutional anarchy that the Ministry of Education has neither wanted nor known how to confront.

The delayed delivery of school supplies in 2024 in several regions symbolizes disorder and lack of foresight. But more serious has been the moral and civic deterioration of public schools, some of which have been turned into ideological trenches or laboratories of identitarian experimentation. Gender ideology, imposed without mediation or evaluation, advances with ministerial backing even among preschool children. Violence within educational establishments has forced the implementation of security plans in emblematic schools. Assaults against teachers have increased, as have cases of bullying. Meanwhile, the School Aid and Scholarship Board has been involved in scandals over failures in food distribution, lack of supplies, irregularities in tenders, and poor coordination with educational communities.

School violence has escalated dramatically: physical assaults on teachers, the use of knives in schools, and prolonged occupations without consequences. The ministry, instead of backing management teams, has relativized sanctions, fearing pressure from radicalized student groups.

In public universities, the situation is no better: academic paralysis, cancellation of classes for political reasons, and the imposition of an ideological hegemony that prevents critical thought. Real diversity has been expelled in the name of a declarative diversity.

The School Aid and Scholarship Board system has collapsed in several regions because of delays in food delivery, poor tenders, and deficient distribution. The school supplies promised for March 2024 arrived incomplete or late for thousands of students.

But perhaps the gravest matter is curricular colonization. Gender ideology is introduced from preschool onward, with materials alien to integral formation. The vision of the person has been replaced by a fluid conception, uprooted and reduced to desire.

Instead of strengthening the principle of subsidiarity - by which the state helps but does not suffocate families or free educational projects - a statist and planning mentality has been chosen, in the name of an abstract equity that generates greater real inequality. Freedom of education is a primary right of the family, and its denial has devastating consequences.

Education, without truth or objective morality, ceases to be formation and becomes training.

Immigration: hospitality without law, chaos without compassion

Immigration is not in itself a problem. In fact, it has been a historical enrichment for Chile. The problem arises when it is managed without criteria of justice, without legal order, and without ethical orientation. Since 2022, the northern border has been the scene of a massive and uncontrolled influx of people, many of them undocumented, without means of subsistence and, in some cases, linked to criminal networks.

The government has reacted with slowness and ambivalence. While visas were being facilitated and the expulsion of those entering illegally was denied, local communities saw their health services collapse, rents increase, public space deteriorate, and crime multiply. Misunderstood compassion turned into political irresponsibility.

As the Compendium of the Social Doctrine of the Church teaches, immigration must be regulated "in conformity with the demands of the common good" (no. 298). The point is not to close the doors, but to open them with justice, truth, and prudence. The contrary only multiplies suffering, both for migrants and for the receiving communities.

Politics: deconstructive engineering, moral corruption, and ideological dogmas

The politics of Gabriel Boric's government has been a constant operation of demolition: of national symbols, republican institutions, and shared history. Its new constitutional project, rejected by 62% of Chileans, is the clearest example: a maximalist, identitarian, feminist, indigenist, ecologist text, disarticulated and hostile to common sense. It did not seek to unite, but to replace. Not to reform, but to reeducate.

That same logic has been expressed in the daily action of the executive. The gender agenda has absorbed a large part of government discourse, but in a radical ideological form detached from the real needs of women. A law of bodily autonomies has been promoted - read: abortion without restrictions - public resources have financed the imposition of inclusive language, and woman has been reduced to a slogan that excludes motherhood and the family as genuine goods.

Indigenism, for its part, has been treated with a mixture of romanticism and cowardice. In Araucania, the government has oscillated between denying violence and pursuing a failed strategy of dialogue with radicalized groups, without showing a serious commitment to the rule of law. Peace remains an abstract promise while attacks, evictions, and the sense of abandonment multiply.

Environmental policy has been another field of ideological experimentation. Key projects have been halted, extractive investment has been demonized, and platforms have been given to activists who promote degrowth as an ethical horizon. Yet electric cars produced with Chilean lithium extracted under conditions that would be condemned here are imported. It is a double standard in green disguise.

In this context, moral corruption has been more dangerous than financial corruption. For it has consisted in imposing a worldview that relativizes the good, despises human nature, and turns everything inherited into something suspect. What in other governments was negligence or inefficiency has in this one been ideological conviction: the building of a "new Chile" on the ruins of its historical identity.

Religion: freedom under siege and faith instrumentalized

In a country that for decades coexisted peacefully with religious freedom, the current government has introduced a climate of suspicion and marginalization toward public expressions of faith. This is not open persecution, but a progressive symbolic, institutional, and cultural exclusion.

Religious communities - especially the Catholic Church and evangelical churches - have seen their presence in public acts diminished, have been excluded from relevant political consultations, and have even been questioned for holding an anthropological vision different from the dominant ideology. Conscientious objection for reasons of faith has been ridiculed, and what is in reality doctrinal fidelity has been treated as discrimination. Religion is allowed space only if it adapts itself to the codes of the dominant ideology: inclusive language, affective diversity, validation of abortion, or sexual self-determination.

The exclusion has been subtle but constant: in official ceremonies, in public policies, in the distribution of funds, and in the language of power. Faith has been confined to the private sphere. Political reason has closed itself to transcendence.

Religious freedom has been redefined not as the right to live and express one's faith, but as the obligation to silence it if it does not submit to the new dogma of the ideologized secularist state. The state is no longer neutral, but hostile to every transcendent vision of man.

As Dignitatis Humanae warned, "religious freedom is not a concession of the state, but a natural right derived from the very dignity of the human person" (no. 2). Its covert denial is a wound to the national soul, especially when rulers themselves relativize moral truth while invoking Christian festivities for communicational convenience.

Balance of the government: the forgetting of man

The balance of President Gabriel Boric's government cannot be limited to figures or broken promises. What is at stake is something deeper: the conception of the human being and of society. In every one of the areas examined - life, health, education, housing, work, politics, religion, security, family, and immigration - the same pattern is repeated: the subordination of reality to an ideology.

The anthropological vision that has guided this government is individualistic, sentimentalist, skeptical, relativist, constructivist, and fragmentary. It does not recognize human nature, denies objective bonds, and replaces the common good with a sum of identities, desires, and sectoral demands. The result is a society more divided, more insecure, and more cynical.

Against this logic, it is urgent to recall the realist and Christian vision of man in which our origins as a republic are rooted: a creature with inviolable dignity, flourishing in community, with a vocation to truth, goodness, and transcendence.

A healthy society is not built upon cultural manipulation, but upon the education of the virtues, respect for life, the promotion of the family, dignified work, economic progress, culture, civic and political friendship, religious freedom, and the protection of the weakest.

Otherwise: "A democracy without values easily turns into open or thinly disguised totalitarianism." Chile today lives under that disguised totalitarianism: the dictatorship of desire, adorned with rights.

On March 11, this government comes to an end, and the possibility opens of recovering the soul of Chile.

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FUENTE: Por Juan Carlos Aguilera