El secuestro del Consulado venezolano en Miami

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ legítimo en el exilio, dictaminó que el cierre, la operación restringida o mejor dicho, el secuestro del Consulado de Venezuela en Miami, por el desgobierno de Venezuela, tiene “carácter punitivo”.

La normativa universal prohíbe los llamados “castigos colectivos”. La responsabilidad penal, es personalísima. Inaceptable, que alguien sea penalizado por el solo hecho de formar parte de determinado sector social.

El secuestro del consulado, según lo constató la mencionada sentencia, tipifica, castigo colectivo. Al peor estilo de las masacres indiscriminadas del nazismo, de los soviets y sus vergonzosos pogromos, del comunismo chino en el Tibet.

El TSJ utilizó alrededor de 70 evidencias –y allí radica su mayor fuerza– que demuestran que el narcogobierno no cerró ni restringió las funciones del Consulado por razones administrativas. Ni presupuestarias. Ni siquiera con base en presuntas retaliaciones diplomáticas. Lo hizo para aterrorizar –subrayo esto último– a la diáspora compatriota. Había que darle su merecido. Su escarmiento por “mayameros mafiosos” –así pretende estigmatizarnos y aterrorizarnos la germanía bolivariana, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, incluidos.

Los servicios consulares, mínimos, se encuentran enunciados en la Convención de Viena, (ONU, 1963) y en ley Orgánica de Servicios Consulares de Venezuela. Un matarife, no importa su escalafón en la nomenklatura de la narcosatrapía, no puede mutilar, a su aire, las atribuciones consulares prefijadas exlege.

Proceder, a contravía de tales principios, lesiona derechos humanos o fundamentales. Entre otros, el derecho a la identidad e identificación, por la negativa de expedición de pasaportes e inserción de partidas de nacimiento de hijos de venezolanos. Derecho a servirse de los órganos de la administración pública, por la negativa de expedir documentos necesarios para cobrar pensiones o jubilaciones, lo que constituye, en la práctica, amenaza de muerte por inanición contra los afectados. Derecho a la representación consular, según la cual a todo nacional le corresponde la asistencia de su consulado en las investigaciones judiciales o policiales que le abran autoridades extranjeras.

En el ámbito internacional están vigentes la Convención contra la tortura y todo tipo de tratos crueles, inhumanos o vejatorios (NN UU, 1984) y el Protocolo de Estambul (1999, NN UU) que fija los parámetros para comprobación de tales ilícitos. Maduro y su pandilla, en el caso del Consulado, han sobrepasado tales parámetros con holgura.

En Estados Unidos, rigen, entre otras normas, el Estatuto de Tortura de Extranjeros (Alien Tort Statute) parte de la Ley Judicial (Judiciary Act, 1789), así como la ley de Protección de Víctimas de Tortura (Torture Victims’ Protection Act, 1992). La sedicente Revolución Bolivariana hizo sancionar, para después violarla con desvergüenza, la Ley Especial para prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratados Crueles, Inhumanos o Degradantes (2013).

La ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA, 1976) podría restringir la posibilidad de entablar cierta clase de acciones, en EEUU contra el Estado y funcionarios venezolanos, incluido, Nicolás Maduro. Sin embargo la circunstancia que las torturas psicológicas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, lindantes con el terrorismo, se cometieran, en territorio norteamericano y contra 300.000 –hay quienes hablan de 700.000– residentes, nada más que en Florida, agregan elementos a favor de la competencia de los tribunales norteamericanos.

Formo parte del grupo de venezolanos que se ha propuesto someter ante las autoridades de EEUU la posibilidad de enjuiciar a los autores de tales ilícitos, civil o penalmente, incluido el señor Maduro. Nadie dice que sea tarea fácil. Ya obtuvimos el pronunciamiento favorable del TSJ, legítimo o en el exilio. Pronto, ejecutaremos nuevas iniciativas en el mismo sentido.

@omarestacio

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