El costo de no decidir sacude a Miami-Dade

La decisión llegó apenas un día después de otro anuncio que sacudió a la administración, salida inmediata del experimentado director de operaciones del condado, Jimmy Morales, y la jubilación de la directora de PortMiami, Hydi Webb, dos figuras que habían estado directamente involucradas en las negociaciones relacionadas con la instalación.

Aunque oficialmente Levine Cava presentó ambos movimientos como parte de una reorganización administrativa, la proximidad entre los anuncios dio pie a especulaciones políticas sobre una crisis que llevaba más de un año gestándose y que hoy enfrenta intereses económicos, jurídicos y estratégicos de enorme magnitud.

“Negociamos de buena fe y analizamos cuidadosamente la propuesta”, afirmó la alcaldesa al anunciar la expropiación. “El acuerdo incluía beneficios claros, entre ellos que el Condado obtuviera la propiedad de la instalación y una estructura financiera que permitiría que la adquisición se pagara por sí sola con el tiempo, sin recurrir a dinero de los contribuyentes. Pero al final, el precio era simplemente demasiado alto”.

La alcaldesa añadió que, aun cuando los fondos provinieran de ingresos portuarios y no directamente de impuestos generales, la administración tenía la responsabilidad de “proteger el interés público” y actuar como administradora responsable de los recursos públicos.

El terreno de la discordia en Miami-Dade

El conflicto gira alrededor de una parcela de aproximadamente 9.6 acres ubicada en el extremo norte de Fisher Island, donde desde hace casi un siglo opera una terminal de almacenamiento y distribución de combustible marino.

Según documentos oficiales del condado, la instalación fue construida originalmente por Belcher Oil Company en la década de 1920 y ha servido durante generaciones como la principal fuente de abastecimiento para cruceros y buques de carga que operan en PortMiami. En 2003, TransMontaigne adquirió la propiedad.

La terminal cuenta con una capacidad de almacenamiento de 672.669 barriles de combustible, 12 grandes tanques de almacenamiento, dos muelles para embarcaciones de suministro, sistemas de mezcla de combustibles y una compleja red de tuberías internas. En 2024 vendió cerca de 3.88 millones de barriles de combustible y el 92% de ese volumen estuvo destinado a la industria de cruceros.

Para PortMiami, la instalación representa mucho más que una terminal energética.

El puerto genera un impacto económico estimado de 61.400 millones de dólares anuales en Florida, equivalente al 3.9% del Producto Interno Bruto estatal, y sostiene directa e indirectamente más de 340.000 empleos, además de generar unos 2.200 millones de dólares en impuestos estatales y locales.

Por ello, los responsables del puerto insistieron durante meses en que la continuidad del suministro de combustible es una cuestión de seguridad económica regional.

Inicio del conflicto

La crisis se remonta a mayo de 2024, cuando TransMontaigne Terminals LLC, propietaria de la terminal, anunció públicamente que estudiaba vender el terreno.

Según la comisionada Raquel Regalado, el puerto tuvo oportunidades para adquirir la propiedad antes de que aparecieran inversionistas privados interesados, pero nunca ejerció esa opción.

“Esta infraestructura existe desde los años 1920 y prácticamente no ha cambiado desde los años 70”, afirmó Regalado en entrevista con el programa "A primera Hora" de Actualidad Radio. “El puerto tuvo oportunidades para comprarla y no lo hizo”.

Finalmente, un grupo encabezado por HRP Group, cuyo principal accionista es el desarrollador Roberto Pérez, adquirió la propiedad por aproximadamente 180 millones de dólares con planes para demoler la instalación, descontaminar el terreno y desarrollar un proyecto residencial de lujo valorado en unos 2.000 millones de dólares.

La operación despertó preocupación inmediata entre operadores portuarios, compañías de cruceros y funcionarios del condado.

El Condado reacciona

Ante el riesgo de perder la principal fuente de combustible del puerto, Levine Cava emitió en septiembre de 2025 un memorando en el que recomendó la adquisición de la propiedad mediante negociación o expropiación.

En ese documento sostuvo que perder el acceso al combustible “afectaría sustancialmente la funcionalidad de PortMiami” y pondría en riesgo la posición de Miami como el principal puerto de cruceros del mundo.

Posteriormente, el 9 de octubre de 2025, la Comisión del Condado aprobó la Resolución R-995-25 por nueve votos contra cuatro. Votaron en contra los comisionados René García, Danielle Cohen Higgins, Roberto González y Micky Steinberg.

La resolución autorizó continuar negociaciones con HRP y estableció que la expropiación solo podría iniciarse si transcurrían 60 días sin acuerdo o si el mediador declaraba un punto muerto en las negociaciones.

También exigía a la administración presentar al menos tres alternativas viables para construir una nueva instalación dentro del puerto.

El informe que cambió el debate

Pocos días antes, el 7 de octubre de 2025, Levine Cava había remitido a los comisionados un extenso informe de 55 páginas sobre las negociaciones y las alternativas analizadas.

El documento concluía que adquirir la instalación existente era la opción preferida por PortMiami.

El informe analizaba diez escenarios alternativos que incluían, construir una nueva terminal dentro del puerto, trasladarla a otro punto costero, construirla tierra adentro, transportar combustible desde Port Everglades, utilizar barcazas, trenes o camiones, e incluso desarrollar una terminal flotante.

La mayoría de las opciones fueron consideradas técnicamente inviables, demasiado costosas o incompatibles con las operaciones actuales del puerto. Uno de los hallazgos más contundentes fue que el puerto prácticamente no dispone de terrenos libres.

Según el informe, el 85% de la superficie el puerto está comprometida mediante contratos, el 14% corresponde a carreteras y solo el 1% permanece disponible para operaciones.

“El condado tuvo décadas para actuar”: HRP

La narrativa de los desarrolladores es radicalmente distinta. Roberto Pérez, director ejecutivo de HRP Group, citado por un importante medio de negocio inmobiliario dijo que Miami-Dade conocía perfectamente la importancia estratégica del terreno y tuvo múltiples oportunidades para adquirirlo.

“El condado se encuentra en esta situación como resultado directo de su propia incompetencia después de años y francamente décadas de falta de planificación para la infraestructura de PortMiami”, afirmó.

Según Pérez, los propietarios ofrecieron varias alternativas, incluida la posibilidad de financiar una nueva instalación de combustible en otro lugar.

También sostuvo que durante el proceso de mediación la empresa actuó de buena fe y que el Condado decidió abandonar las conversaciones para optar por una expropiación que considera “larga, costosa y finalmente infructuosa”.

HRP insistió en que no es una empresa operadora de terminales de combustible sino una firma especializada en la transformación de propiedades industriales complejas.

Fisher Island entra en escena

La disputa tomó un giro inesperado cuando la Asociación Comunitaria de Fisher Island, que había negociado con HRP, presentó una demanda relacionada con los acuerdos alcanzados entre los desarrolladores y la comunidad.

Su presidente, James Ferraro, sostuvo en televisión que los residentes nunca imaginaron que la propiedad terminaría convirtiéndose en objeto de una negociación multimillonaria con el Condado, al entender que el precio del terreno era 600 millones de dólares. Meses después de haber pagado 180 millones por ese mismo suelo.

Ferraro dijo que apoyaba la necesidad de mantener el abastecimiento de combustible para PortMiami, aunque matizó que su comunidad quiere instalaciones modernas y seguras.

“Queremos una instalación segura. Si el Condado moderniza los tanques y crea una instalación de última generación, estamos de acuerdo con eso”, afirmó.

Ferraro también cuestionó que los contribuyentes terminen financiando una ganancia extraordinaria para inversionistas privados.

Comisionados divididos

La decisión de Levine Cava tampoco logra consenso dentro de la Comisión.

René García ha sido uno de los opositores más consistentes a la expropiación. Su principal argumento es que el problema fue creado por la falta de planificación de administraciones anteriores y que el gobierno no debería recurrir automáticamente a quitar una propiedad privada para corregir ese error.

“¿Cómo le vamos a quitar una tierra privada a alguien por un fallo del Condado?”, cuestionó el comisionado y sostuvo que la verdadera solución sería construir una nueva instalación dentro de los terrenos del puerto.

Según la información que recibió de la propia administración, bastarían entre cinco y seis acres para desarrollar un depósito de combustible moderno.

El senador dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que, aunque sería necesario renegociar algunos contratos existentes en el puerto para encontrar ese terreno, el costo sería muy inferior a los cientos de millones de dólares que podrían terminar pagándose por la propiedad actual.

Raquel Regalado coincide con las preocupaciones García. La comisionada considera que la controversia ha puesto de manifiesto décadas de falta de inversión estratégica en infraestructura portuaria. También insistió en que la instalación actual es tecnológicamente obsoleta y que tarde o temprano requerirá inversiones significativas. Sin embargo, Regalado abogó por mantener abiertas las puertas de la mediación antes de embarcar al Condado en un proceso judicial complejo cuyo resultado económico es incierto. También resaltó en el hecho de que el dinero que se invierta en esta operación no lo aportan los contribuyentes, sino proviene de los fondos generados por el puerto.

"Dónde estaban los abogados, dónde estaba la administración, dónde estaba la Comisión que no estuvieron atentos para negociar este contrato", afirmó el comisionado Juan Carlos Bermúdez, quien aboga por tener el mecanismo de expropiación como una herramienta fundamental para negociar con los actuales dueños del terreno. El comisionado Bermúdez dejó una pregunta en el aire, ¿qué estará pasando con otros contratos?

¿Qué ocurrirá ahora?

El anuncio del 5 de junio no significa que la propiedad haya sido expropiada. Lo que la alcaldesa condal hizo fue ordenar el inicio de los procedimientos legales necesarios para intentar adquirirla mediante dominio eminente. Un proceso que podría prolongarse durante años.

Según el propio informe del Condado, una expropiación requeriría demostrar ante los tribunales la necesidad pública de la adquisición, realizar depósitos judiciales, enfrentar litigios sobre el valor de la propiedad y eventualmente someter la compensación final a la decisión de un jurado.

Mientras tanto, la administración deberá seguir garantizando que PortMiami conserve acceso a combustible suficiente para sostener una actividad económica que mueve decenas de miles de millones de dólares y que constituye uno de los pilares de la economía del sur de Florida.

La batalla por los tanques de Fisher Island ya causó dos salidas de alto perfil dentro de la administración, dividió a la Comisión de Miami-Dade, enfrentó a la alcaldesa con algunos de los desarrolladores más poderosos de Florida y abrió un debate sobre décadas de planificación fallida.

Pero la pregunta central sigue sin respuesta: ¿es más conveniente para el Condado comprar una instalación antigua, construir una nueva o embarcarse en una expropiación que podría terminar costando mucho más de lo que cualquiera de las partes está dispuesto a admitir?

La respuesta probablemente definirá el futuro de PortMiami durante las próximas décadas, pero constata que la actual crisis es consecuencia de años de indecisión.

cmenendez@diariolasamericas.com

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FUENTE: MIAMI-DADE