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OPINIÓN

El turismo de nacimiento en la administración Trump

El debate sobre el turismo de nacimiento y su impacto en la ciudadanía estadounidense cobró relevancia durante la presidencia de Donald Trump, con órdenes ejecutivas y fallos judiciales.

Por SONIA SCHOTT

La doctrina jurídica de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos deriva del derecho consuetudinario inglés, o “birthright subjectship”, que sostenía que el nacimiento dentro de los dominios del rey convertía al individuo en súbdito, independientemente de la nacionalidad de sus padres.

En la actualidad, la ciudadanía por derecho de nacimiento, o jus soli o derecho de suelo, está consagrada en la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda XIV que establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos estadounidenses.

En algunos casos particulares, se reconoce el jus sanguinis, o derecho de sangre, para que los hijos nacidos fuera del territorio nacional adquieran la ciudadanía estadounidense a través de ambos padres o de uno de ellos si este es ciudadano estadounidense.

Existe, además, la posibilidad de obtener la ciudadanía para ciertos miembros de las Fuerzas Armadas a través de una naturalización acelerada, bajo leyes específicas.

En 2015, las políticas del Departamento de Estado facilitaban el acceso al turismo de nacimiento, reiterando que "viajar para recibir tratamiento médico, incluido el parto, es legalmente admisible con una visa B", añadiendo que “aquellos turistas que viajaran con el fin de dar a luz debían ser evaluados de la misma manera que los solicitantes que viajaban por otros motivos médicos" eliminando así la tentación de ocultar el verdadero propósito de la visita.

Sin embargo, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado https://www.hsgac.senate.gov/wp-content/uploads/imo/media/doc/2022.12.20-%20Final_Birth%20Tourism%20Report.pdf produjo un reporte que señalaba que “a medida que esta práctica se generalizaba, surgió un sector especializado con empresas dedicadas exclusivamente a este tipo de turismo” y concluyó que dichas empresas abusaron del sistema de ciudadanía por derecho de nacimiento.

La primera, Ada International, con sede en California, atendía principalmente a clientes chinos. La segunda, Miami Mama, operaba desde Florida y trabajaba sobre todo con turistas rusas.

El presidente, Donald Trump, ha calificado esta práctica como una forma astuta e ilegal de convertir a alguien en ciudadano estadounidense.

Es cierto que, en el mundo actual, la inmigración, y en particular la ilegal, se ha convertido en uno de los desafíos más críticos para los países desarrollados, por lo que parece una anomalía que alguien que llega del extranjero, sin residencia en el país, pueda dar a luz en un hospital estadounidense y ver cómo, casi por arte de magia, su bebé se convierte en ciudadano estadounidense.

Sin embargo, el año pasado, cuando Trump intentó poner fin a este derecho de ciudadanía por nacimiento, su orden ejecutiva fue impugnada en los tribunales.

En junio, el tema llegó a la Corte Suprema y los jueces anularon la prohibición presidencial, confirmando que el derecho a la ciudadanía por nacimiento está garantizado en la Constitución.

El mandatario criticó la decisión y, la semana pasada, emitió dos nuevas órdenes ejecutivas para eludir el fallo de la Corte Suprema, afirmando que prohibiría dicho derecho de otra manera.

La primera orden ejecutiva declara: "Mi administración ha tomado medidas frente a los riesgos que plantean actores extranjeros malintencionados que intentan engañar a los ciudadanos estadounidenses aprovechándose de la generosidad de nuestra nación".

La pregunta que surge es: ¿cuán grave es el problema? Y, más aún, ¿cómo conciliar el derecho legal con las nuevas políticas gubernamentales?

Y es que, si bien es legítimo que el presidente de Estados Unidos promueva leyes para proteger a la nación de "actores malintencionados" que buscan explotar el sistema de ciudadanía por nacimiento, ¿existen pruebas suficientes de que países como Rusia o China estén enviando deliberadamente a mujeres embarazadas al país para infiltrar futuros agentes en la sociedad?

Es una posibilidad que no se puede descartar, pero ¿representa una amenaza tal que pudiera convencer a la Corte Suprema de reconsiderar su decisión de junio?

Por otro lado, hay controversia en torno a las cifras que maneja la Administración, que afirma que cientos de miles de bebés han nacido mediante el turismo de nacimiento, aunque no especificó durante qué periodo.

En todo caso, este tema pica y se extiende.

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