Sarah Teich es abogada internacional de derechos humanos, cofundadora y presidenta de Human Rights Action Group, y senior fellow del Instituto Macdonald-Laurier. Michael Lima es director de Democratic Spaces, candidato a doctorado en la Universidad de Toronto y colaborador del Instituto Macdonald-Laurier.
Es hora de que Canadá reconsidere su política hacia Cuba
La diplomacia privada también ha demostrado ser ineficaz. Las reuniones a puerta cerrada con funcionarios cubanos sobre derechos humanos no han conducido a ningún resultado
Si el gobierno del primer ministro Mark Carney realmente busca trazar un nuevo rumbo, y no simplemente continuar la diplomacia de la era Trudeau, debe adoptar una política exterior más proactiva y basada en principios. Un punto claro de partida es Cuba.
Durante décadas, la política canadiense hacia Cuba ha estado moldeada por creencias obsoletas y suposiciones erróneas. Es urgente revisarlas.
La política de Canadá hacia Cuba ya no debe distanciarse de la estrategia estadounidense. Esta diferenciación, durante mucho tiempo vista como un pilar de la política exterior independiente de Canadá, se ha vuelto cada vez más anacrónica. A medida que el autoritarismo crece —y en particular la influencia china se extiende por América Latina y el Caribe—, los aliados democráticos deben actuar en coordinación. La postura de Canadá debe reflejar esta realidad geopolítica.
Otra creencia obsoleta es que la diplomacia silenciosa, el comercio y la inversión podrían alejar a La Habana de sus alianzas con China y Rusia. En realidad, estas relaciones no son tácticas ni superficiales. Son estratégicas y profundamente arraigadas, basadas en tácticas represivas compartidas y en una visión común de un nuevo orden mundial hostil a la democracia. Un enfoque cauteloso y conciliador no cambiará estas alianzas profundamente consolidadas.
De hecho, el régimen cubano se ha vuelto aún más represivo, a pesar de los sostenidos esfuerzos de Canadá por fomentar reformas mediante el compromiso constructivo. Las protestas prodemocráticas de julio de 2021 fueron respondidas con una violenta represión y arrestos masivos. La represión política es la peor en décadas. Los manifestantes son encarcelados, los periodistas silenciados y los artistas censurados. Canadá comprendería mejor estas realidades si su embajada en La Habana interactuara con defensores de derechos humanos, y no únicamente con funcionarios del régimen y ONG afines al gobierno.
A nivel internacional, Cuba se posiciona cada vez más como un actor clave dentro de un bloque autoritario en expansión. Informes del Wall Street Journal y del Center for Strategic and International Studies advierten sobre instalaciones de vigilancia chinas con base en Cuba, que combinan la tecnología de Pekín con las redes de inteligencia de La Habana. Cuba también ha reforzado sus lazos militares y estratégicos con Rusia e Irán, al tiempo que apoya a regímenes autoritarios en Venezuela y Nicaragua. Ya no se trata solo de una crisis de derechos humanos interna: forma parte de un esfuerzo global para socavar la democracia.
Como democracia líder, Canadá está bien equipada para responder con herramientas diplomáticas, legales y políticas. Un paso clave es la aplicación de sanciones selectivas a funcionarios cubanos responsables de reprimir a manifestantes y de colaborar con Rusia y Bielorrusia en la guerra contra Ucrania.
Canadá ya ha aplicado sanciones selectivas en múltiples contextos, incluso contra funcionarios en Irán, Rusia, Bielorrusia, Venezuela y Birmania. Aplicar medidas similares frente a la represión cubana sería una extensión coherente de esa política. Estados Unidos ya ha impuesto sanciones selectivas. Canadá ha fallado en actuar, perdiendo una oportunidad clave para colaborar con sus aliados en prioridades compartidas.
La diplomacia privada también ha demostrado ser ineficaz. Las reuniones a puerta cerrada con funcionarios cubanos sobre derechos humanos no han producido ningún cambio. La condena pública ejerce mayor presión sobre los regímenes autoritarios. Cuba no sería la excepción.
Más allá de las sanciones, Canadá debe proteger a sus ciudadanos frente a la injerencia extranjera. Por ejemplo, el acceso cubano a las ondas canadienses le brinda a Rusia una importante laguna legal. La emisora nacional cubana retransmite regularmente contenido de RT, la cadena estatal rusa. En 2024, Democratic Spaces —una ONG canadiense enfocada en la democracia y los derechos humanos en Cuba— solicitóformalmente al Consejo de Radiodifusión y Telecomunicaciones Canadienses (CRTC) que retirara a Cubavisión Internacional de la lista de emisoras extranjeras autorizadas. A pesar de que la política del organismo regulador establece que debe responder en pocos días, aún no lo ha hecho.
Los canadienses se sienten orgullosos de los valores que guían su política exterior —la política de apaciguamiento no es uno de ellos. Existe un camino mejor, fundamentado en principios y acción, y alineado con los valores democráticos y los intereses a largo plazo de Canadá. Imponer sanciones selectivas, retirar a Cubavisión Internacional de las ondas canadienses y garantizar que los diplomáticos canadienses se relacionen con la sociedad civil enviaría un mensaje claro: Canadá está del lado de quienes luchan por la libertad, no de quienes buscan reprimirla.
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