No queremos una salida con Delcy: Queremos una salida sin Delcy

Ha llegado la hora de decirlo con la claridad implacable que exige la historia: Delcy Rodríguez no es una figura de estabilización; es la encarnación más depurada del secuestro institucional que sufre el país desde hace más de dos décadas. Ella no recibió el poder del pueblo; lo recibió de una cadena de usurpaciones que comenzó con la destrucción sistemática de la separación de poderes, siguió con la anulación del referendo revocatorio, continuó con la usurpación de la Asamblea Nacional en 2015 y culminó en la farsa electoral de 2024. Delcy no es una “heredera accidental”; es arquitecta y beneficiaria directa de ese andamiaje. Quien defiende su permanencia en cualquier rol “transicional” comete un error conceptual gravísimo: confunde la continuidad del aparato con la restauración de la república.

"No es la cura"

Delcy no es la cura; es el síntoma perfeccionado del mal. Hoy ejerce de facto como presidenta encargada solo porque el TSJ, controlado por el régimen, invocó el artículo 234 de la Constitución para calificar la ausencia de Maduro como “falta temporal”. Esa figura tiene un límite estricto: 90 días prorrogables por otros 90. Mantenerla en Miraflores más allá de julio de 2026 no es continuidad institucional; es una maniobra deliberada para prolongar la usurpación. La ilegitimidad no se lava con diplomacia ni con levantamiento de sanciones; se extingue con soberanía popular. Pensar lo contrario equivale a aceptar que el poder puede heredarse como una finca o negociarse como un botín. Esa lógica es la negación misma del republicanismo. Aristóteles lo vio hace veinticinco siglos: el tirano puede ser “eficiente” y generar cierta “estabilidad”, pero jamás será legítimo porque su autoridad no procede del bien común ni del consentimiento de los gobernados. Maquiavelo advertía que el príncipe nuevo que pretende consolidarse sobre la ruina de las instituciones termina siendo más frágil que el que las restaura. Delcy es el príncipe nuevo de la ruina venezolana: su permanencia no estabiliza; pudre aún más las raíces del Estado.

La única salida legítima es la ruptura democrática inmediata a través de elecciones libres, auténticas y verificables. Y esa ruptura exige, primero, la salida forzada de Delcy. Aquí no cabe gradualismo ni “fases”. El tiempo no es neutro: cada día que se posterga la restitución del voto es un día más de consolidación del despojo. Delcy no se irá por sí sola. No hay “elecciones por sí solas” bajo su control. Quien ostenta el poder usurpado nunca convoca urnas limpias que puedan derrocarlo; esa es la lección elemental de toda dictadura ilustrada.

Consejo de transición

Por eso la presión internacional, Estados Unidos a la cabeza, debe ser clara y sin ambigüedades: la salida inmediata de Delcy es condición previa e innegociable. Una vez removida, la Constitución manda declarar la falta absoluta (artículo 233) y convocar elecciones en 30 días. Para que ese proceso sea creíble, debe instalarse de inmediato un gobierno o consejo de transición de carácter provisional, neutral y con supervisión internacional vinculante.

En el escenario que defiende la mayoría de la oposición democrática y la lógica histórica de las transiciones exitosas, ese gobierno o consejo de transición no sería un vacío de poder ni un invento improvisado. Se conformaría de la siguiente manera:

Presidente Provisional / Encargado: Edmundo González Urrutia, el presidente electo legítimo según los resultados del 28 de julio de 2024, reconocidos por la mayoría de la comunidad internacional y por el propio Centro Carter. Asumiría de inmediato el cargo que le corresponde constitucionalmente, tal como lo ha exigido María Corina Machado desde el primer día.

Liderazgo político clave: María Corina Machado, líder indiscutida de la mayor fuerza opositora (Vente Venezuela) y Premio Nobel de la Paz 2025, tendría un rol central en la coordinación política y en la supervisión del proceso.

Consejo o Gabinete de Transición amplio y plural: representantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y los principales partidos opositores; figuras independientes de la sociedad civil (rectores universitarios, empresarios, líderes sindicales, organizaciones de derechos humanos); técnicos y profesionales de alto nivel (economistas, juristas, expertos en petróleo) para manejar las áreas críticas: CNE, PDVSA, BCV, FF.AA. y servicios básicos; y posible inclusión de chavistas moderados o disidentes que acepten el proceso para evitar fractura interna y garantizar estabilidad mínima.

"Elecciones libres"

Este órgano sería temporal y con mandato muy específico: duración máxima de 6 a 12 meses, tarea única de organizar elecciones libres, auténticas y verificables con árbitro neutral, padrón auditado y observación internacional vinculante (OEA, UE, Carter Center, etc.). No gobernaría políticamente a largo plazo; solo administraría el Estado hasta que el pueblo vote.

¿Por qué esto es viable y no maximalista? Porque sigue la Constitución al pie de la letra: al declararse la falta absoluta de Maduro, el presidente electo de 2024 tiene prioridad legítima. Además, cuenta con el respaldo mayoritario de la población y de la comunidad democrática internacional, que ya ha pedido explícitamente que la transición incluya a Edmundo González y María Corina Machado.

"Gobierno de unidad"

La alternativa, Delcy dentro o al frente del proceso, es lo que Trump y algunos sectores pragmáticos están probando ahora: una “transición controlada” con Delcy como figura de continuidad. La oposición responde con toda razón: eso no es transición, es reciclaje. Venezuela no necesita un “gobierno de unidad” que incluya a los usurpadores; necesita urnas que decidan sin tutelas. Elecciones cuanto antes, con libertad de organización, sin inhabilitaciones arbitrarias y resultados auditables, no es una exigencia maximalista: es la condición mínima de cualquier república. Pero esa condición solo se cumple si, antes, Delcy sale del juego.

La historia es implacable con estos experimentos. Cada vez que un país ha aceptado “transiciones pactadas” que dejan intacto el núcleo de la usurpación, desde el Pacto de Puntofijo mal entendido hasta los “diálogos” de Barbados, el resultado ha sido la perpetuación del autoritarismo con mejor vestuario. Venezuela no puede permitirse otro capítulo de esa tragicomedia. Delcy sobra. El voto falta. Sobra la imposición disfrazada de continuidad institucional. Falta la voz del pueblo pronunciándose sin miedo. Sobra la pretensión de que la mera permanencia en Miraflores o en el Palacio Federal Legislativo genere legitimidad. Falta la restitución del orden constitucional que solo el sufragio puede devolver.

Por eso la consigna no es negociable: primero, salida de Delcy (con la presión decidida de Estados Unidos y la comunidad democrática internacional); luego, elecciones libres. No al revés. No a medias. No según el calendario de quienes jamás debieron mandar. Cualquier otra fórmula es postergación vestida de realismo. Y Venezuela ya no tiene tiempo para realismos que solo sirven para que los usurpadores ganen oxígeno.

La república no se negocia. Se restaura. Y se restaura devolviéndole al pueblo lo único que nunca debió quitarle: el derecho a decidir quién lo gobierna. Todo lo demás es literatura. Todo lo demás es traición con traje de oficina.

No queremos una salida con Delcy. Queremos una salida de Delcy. ¡Y la queremos ya!

"Falta absoluta"

Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, al calificar la situación como una “ausencia forzosa”, un término que no está contemplado en la Constitución venezolana y que ha sido utilizado para evitar la aplicación de sus mecanismos formales.

Según lo establecido en el artículo 234 de la Carta Magna, ante una falta temporal del jefe de Estado, el vicepresidente puede asumir el cargo por un período de 90 días, prorrogables por otros 90, con un máximo de 180 días. Ese primer plazo ya se ha cumplido.

A partir de ese momento, corresponde a la Asamblea Nacional evaluar la situación y, de considerarlo, declarar la falta absoluta. Cumplidos los 180 días, esta declaración pasa a ser obligatoria, lo que implicaría la convocatoria de elecciones en un lapso de 30 días, indicó la Organización No Gubernamental PROVEA.

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FUENTE: Cortesía de Elizabeth Sánchez Vegas