Resumen trimestral #2

En el primer trimestre planteamos la propuesta conceptual de redefinir las funciones del Estado, limitar el poder político y generar un Poder Civil como contra-balance constitucional, que operaría a través de un Consejo Rector, conformado por representantes legítimos de los cuerpos intermedios de la sociedad (sindicatos, gremios, cámaras, colegios profesionales, universidades, ONGs e iglesias), y sus miembros ocuparían sus cargos sólo por un período de 3 años, debiendo renovarse al menos un tercio de ellos cada año.

En este segundo trimestre, enfilamos nuestras propuestas hacía temas como el electoral, la transición en que nos encontramos, la planificación del país que queremos y el tipo de servidores públicos que necesitaremos.

En cuanto al Poder Electoral y a la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), se propuso que el Comité de Postulaciones respectivo no esté conformado por diputados ni por políticos, sino únicamente por civiles de reconocida honestidad e independencia y que la designación o remoción, tanto de los miembros de dicho Comité, como de los rectores del CNE, no sea efectuado por la Asamblea Nacional sino por el Consejo Rector del Poder Civil, también con una mayoría calificada de, al menos, dos tercios de sus miembros integrantes.

También se propuso que los rectores del CNE a ser designados ocupen sus cargos sólo por un período de cinco años y sean postulados de la siguiente manera: Uno por el sector sindical; otro por el sector empresarial; otro por el sector universitario; otro por los colegios profesionales; y otro por las Iglesias.

Indicamos como propuesta de Control Civil en materia de re-elección, que para el cargo de Presidente de la República, se establezca un período de cuatro años, con la posibilidad de una sola re-elección inmediata y cerrada, siempre y cuando el presidente candidato hubiere logrado en su primer período mejorar la mayoría de los índices que los electores hubieren seleccionado para medir su gestión. En caso contrario, ni siquiera podría presentarse a la reelección. Igualmente, se propuso un impedimento absoluto, hasta por diez años, para que familiares cercanos al Presidente saliente puedan optar al cargo.

En cuanto al financiamiento de los partidos políticos la propuesta de Control Civil fue que, sujeto a un férreo control por parte de un ente adscrito al Poder Civil, se adopte la modalidad mixta de aportes públicos y privados, conforme a la cual el Estado, a través del Poder Electoral, financie ciertas actividades formativas y no electorales de los Partidos Políticos, siempre que estos hubieren obtenido más de un 4% de los votos en la última elección nacional o que tengan no menos de 6 diputados en la Asamblea Nacional. La distribución propuesta del presupuesto anual, sería de un 40% equitativamente entre todos los partidos y de un 60% con base proporcional en su número de diputados.

Igualmente se propuso que, en años electorales, además del presupuesto anual regular, se disponga de un presupuesto adicional que se utilice para adquirir espacios publicitarios en los medios públicos y privados, a fin de distribuirlos equitativamente entre los candidatos apoyados por Partidos Políticos e independientes, representando este el único aporte público para las campañas electorales.

Por lo que respecta a los aportes privados para los Partidos Políticos o para los candidatos independientes, Control Civil propuso que para cada evento electoral se establezca un monto máximo de aporte por persona, natural o jurídica, que sea relativamente pequeño de manera tal que no se generen compromisos inapropiados de los futuros gobernantes para con sus aportantes.

En lo atinente a la planificación del país que queremos, la propuesta de Control Civil fue que, lo antes posible, se conforme un comité ciudadano por un grupo de representantes de los cuerpos intermedios de la sociedad, que con la asesoría de los departamentos de planificación de nuestras universidades, coordine equipos de trabajo con las instituciones sociales y tanques de pensamiento, con el objeto de proceder, en un primer momento, a elaborar y proponer la Visión de país a corto, mediano y largo plazo; y, en un segundo momento luego de la aprobación ciudadana de la Visión, a elaborar y proponer el Plan Venezuela 2050, para su aprobación también por parte la ciudadanía.

En cuanto al manejo del actual proceso de transición, Control Civil propuso que, mientras la sociedad civil venezolana logra definir y convenir democráticamente el Plan Venezuela 2050, lo cual razonablemente tomará más tiempo del que pareciera quedarle de vida al régimen, se constituya de una vez un grupo de trabajo con representantes de los cuerpos intermedios de la sociedad y con todos los partidos políticos democráticos, para que se diseñe un plan de transición nítido y finito, con unos acuerdos mínimos que dibujen, con la mayor claridad posible, las acciones, criterios, equipos, tiempos, términos y condiciones que han de regir antes, durante y después de los eventos que ya estamos presenciando y que irremediablemente eyectarán al tirano y a su camarilla del poder.

Tales acuerdos mínimos han de responder satisfactoriamente las principales preguntas o dudas respecto del qué, quién, cómo, cuándo y dónde habrán de tomarse las decisiones y ejecutarse las actividades de transición diseñadas para la normalización de la vida republicana y la estabilización social, militar, económica y política del país, todo ello con el único objeto de lograr, cuanto antes, el regreso de la democracia con la respectiva legitimación de los poderes públicos.

Como señal clara de haber aprendido la dura lección que este Socialismo del Siglo XXI nos deja a los venezolanos, indicamos que es de importancia capital comenzar a delinear como han de ser seleccionados nuestros futuros servidores públicos, bajo la máxima heredada de Platón, en el sentido de que: “Las buenas personas no necesitan leyes que les digan cómo deben actuar responsablemente, mientras que las malas personas siempre encontrarán la vía para dar vuelta a las leyes”.

En este mismo sentido, dejamos de manifiesto que las ejecutorias de los servidores públicos han de estar siempre destinadas a generar un bien o un servicio público. Desde este punto de vista, indicamos también que en toda sociedad hay, además de los funcionarios públicos, entes y personas del sector privado, cuyas ejecutorias también buscan generar bienes o servicios públicos, por lo se recomendó que en nuestra próxima Venezuela, propugnemos que el sector privado produzca la mayor cantidad de bienes y servicios públicos posibles.

En cuanto al tipo de personas que debemos emplear como servidores públicos, sostuvimos que los ciudadanos venezolanos debíamos organizarnos para redefinir su perfil, así como los mecanismos de su selección, contratación, entrenamiento, manejo de carrera e incluso, de su remuneración.

Manifestamos que en los países desarrollados es una constante el que la función pública sea apetecida por sus mejores profesionales, en virtud de ser una excelente propuesta de carrera, tanto en lo profesional como en lo económico. Y que en dichos países, los profesionales que desean hacer carrera como servidores públicos son protegidos de los embates de la política partidista, mediante normas diferenciadoras que establecen una clara separación entre los funcionarios de carrera y los de elección popular o de libre nombramiento y remoción.

En cuanto a la remuneración de los servidores públicos para el próximo capítulo republicano de Venezuela, la propuesta conceptual de Control Civil fue desarrollar un esquema de remuneración compuesto por un componente fijo que les permita a estos sufragar el costo de una vida digna; y, un componente variable que les permita ahorrar e invertir esos ahorros de manera productiva, a fin de que ese ingreso adicional los coloque sobre la remuneración de un profesional comparables del sector privado y les ofrezca la tranquilidad de que pueden trabajar como buenos servidores públicos sin necesidad de corromperse.

Esa remuneración variable, para que sea consistente con el planteamiento conceptual, debe estar supeditada al cumplimiento de las metas de cada servidor público, que a su vez han de estar alineadas con la mejora de un set de indicadores seleccionados por la ciudadanía y supervisados por el Consejo Rector del Poder Civil.

juanriquezes@gmail.com / @juanriquezes

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