El cobarde y vil asesinato del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo pone sobre la mesa una vez más la impunidad alevosa y peligrosa que se teje alrededor de la justicia universal. Un nuevo episodio indignante por horrendo y salvaje que sin duda ha podido evitarse [como muchos otros] si la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya hubiese ordenado el inicio de una investigación por delitos de lesa humanidad contra el carnicero de Caracas. La cañería revolucionaria sigue destapada y desbordada.

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Impunidad: licencia para matar.

Desde las protestas de 2014, se han venido documentando numerosos casos de homicidios por represión, torturas, persecución política, muerte por encargo, ajusticiamientos, privaciones de libertad […] plenamente substanciados por testimonios auténticos ante la OEA, llevados a la Corte Penal Internacional. La Fiscal de esta elevadísima autoridad, la Sra. Fatou Bensouda, está en el deber [Art 14 y 15 ejusdem] de comprobar la veracidad de la información recibida y recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte. ¿Lo ha hecho? ¿Se ha comunicado con la Sra. Bachelet? ¿Ha sido oficiosa en analizar y verificar hechos notorios comunicacionales?

El artículo 13 del referido convenio de Delitos contra la Humanidad, contempla de obligación de iniciar investigación formal contra aquellos Estados forajidos, cuando la acusación provenga del Consejo de Seguridad de la ONU (Cuerpo marco vinculante); de cualesquiera de los países miembros del Estatuto de Roma o de la propia Fiscal. Y el Artículo 58 sobre la ‘Orden de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares’ establece que “[1] en cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, esta convencida que hay motivo razonable para creer que se ha cometido un delito. ¿Cómo no llegar a esa convicción tras cientos de denuncias, incidencias, muertes, maltratos, torturas y exterminio harto documentado? La consecuencia de la inacción: muerte y desolación.

Ella lo saben. Todos lo saben. No hace nada.

Hace más de dos años la Sra. Bensouda dictó medida de estudio preliminar contra el régimen de Caracas. Más de 60 naciones lo han caracterizado [Maduro] como tiránico, autoritario e ilegítimo. Y mataron a Fernando Albán y ahora al Capital Arévalo Acosta. Cientos de detenciones precedidas de cientos de jóvenes asesinados en protestas… No hay derecho.

Si hubiese prevalecido una articulación eficiente entre el Alto Comisionado de DDHH de la ONU y la CPI, Maduro no seguiría en el poder. Es la verdad. Es la deuda de la justicia global con Venezuela y el mundo. La OEA hace dos años hizo su parte. La CPI brilla por su ausencia. Peligroso. Criminal. Indignante.

Cuando la forma es la muerte.

La “excusa” que por años hemos escuchado sobre la inoperancia de la Corte Penal de Justicia de La Haya, es su burocracia. Entre burós, atuendos y poltronas que le han costado a la humanidad más de 1.4 billones de euros, miles de seres humanos han caído en manos de gorilas dictadores en tierras desalmadas, donde van por libre como pájaros, gracias a “los protocolos de la justicia”. Formatos de relatoría, autenticidad documental, en fin, pitos, flautas y recovecos leguleyos, inadmisibles en tiempos de globalización del crimen y de las mafias. Mientras un avión sale de Moscú rumbo a Damasco, Marruecos y Caracas llevando lo que le da la gana en términos de armas, dinero sucio o mercenarios y regresa por la misma ruta pleno de oro, droga o diamantes, sin otro riesgo que cruzar el cielo y el mar azul del atlántico, en la Haya cuentas ovejas y pastorean…

Esto no puede seguir así. La forma que justifica la muerte. En tiempos de tecnología, comunicación digital, los mecanismos de validación probatoria en redes se han universalizado. Sobran imágenes, testimonios, relaciones causales y factuales, documentos, flagrancia, que dan certeza de los crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela. Y es un secreto sotto voce, que la verdadera “forma” ha sido en parentesco gobiernero que hace antesala en La Haya. El engavetamiento es inducido, por lo que esta perversa omisión de justicia debe ser denunciada por la comunidad internacional. En la activación de la Justicia Penal Internacional está la salida de Maduro.

Tres líneas para terminar.

Desde que el Presidente Uribe anunció acusar a Chávez (Cumbre del Grupo de Rio en Santo Domingo Marzo/2008) ante el alto despacho de La Haya por auspiciar a la FARC, desde las denuncias de Diego Arria (Nov 2011), Leopoldo López, Tamara Sujú (2014), Iván Duque y naciones como Francia, Canadá, Perú, Costa Rica, Alemania, Argentina, Ecuador (2017); del propio S/G Almagro y la OEA toda, la CPI tenia que haber sustanciado, investigado, enjuiciado y capturado.

Pero queda claro, Sra. Bensouda: le va más la ideología que la justicia. Es con usted. Asuma su responsabilidad o inhíbase de la causa. Las razones saltan a la vista.

@ovierablanco

*Embajador de Venezuela en Canadá

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