A pesar de la importancia estratégica y petrolera de Venezuela para Estados Unidos, el verdadero desafío radica en lograr una democracia genuina y elecciones libres.
Venamérica
La relación entre Venezuela y Estados Unidos atraviesa uno de los momentos más importantes y delicados de su historia contemporánea. Después de años de enfrentamientos, sanciones, aislamiento diplomático y deterioro económico, la política del presidente Donald Trump ha abierto una etapa diferente, caracterizada por una intervención decisiva de Washington en los asuntos políticos, económicos y petroleros venezolanos.
Esta nueva realidad puede crear oportunidades para la recuperación nacional, pero también plantea interrogantes fundamentales: ¿hasta dónde debe llegar la participación de Estados Unidos? ¿Quién administrará los recursos provenientes del petróleo? ¿Qué garantías existen de que la reconstrucción económica conducirá a una democracia verdadera? Y, sobre todo, ¿cuándo podrán los venezolanos elegir libremente un gobierno legítimo?
Una política pragmática
La política del presidente Trump hacia Venezuela combina presión política, intereses estratégicos y pragmatismo económico. Estados Unidos procura impedir que el territorio venezolano continúe siendo utilizado por organizaciones criminales o por gobiernos adversarios, reducir la migración irregular, garantizar un suministro energético seguro y limitar la influencia de potencias extracontinentales.
Estos objetivos son comprensibles desde el punto de vista de la seguridad estadounidense. Venezuela posee una ubicación estratégica excepcional, importantes reservas petroleras y recursos minerales de gran valor. Su estabilidad afecta directamente al Caribe, América del Sur y Estados Unidos.
La Administración Trump sostiene que su estrategia se desarrolla en tres etapas: estabilización, reconstrucción y transición democrática. También ha establecido mecanismos estadounidenses para proteger y administrar determinados ingresos derivados de los recursos naturales venezolanos, con el argumento de impedir su embargo, desviación o utilización indebida.
Sin embargo, una política dirigida principalmente por necesidades energéticas y estratégicas corre el riesgo de relegar el objetivo democrático. La estabilización es necesaria, pero no puede convertirse en una situación indefinida. La reconstrucción económica es indispensable, pero tampoco debe servir para conservar estructuras políticas que carezcan de legitimidad electoral.
Petróleo inversión y soberanía
El petróleo puede ser uno de los grandes instrumentos de la recuperación venezolana. La industria necesita capital, tecnología, personal calificado, seguridad jurídica y una administración profesional. Después de muchos años de politización, expropiaciones, corrupción y falta de mantenimiento, Venezuela no puede reconstruir por sí sola su capacidad productiva en el corto plazo.
La participación de empresas estadounidenses y de otros países puede generar empleo, aumentar la producción y proporcionar los recursos requeridos para recuperar la electricidad, el agua, la salud, las pensiones, la educación y la infraestructura.
El acuerdo petrolero anunciado por el presidente Trump contempla el desarrollo de 17 campos, inversiones privadas que podrían alcanzar los 100.000 millones de dólares y amplias facultades estadounidenses sobre una parte significativa de la producción. El Gobierno de Estados Unidos afirma que el convenio contribuirá simultáneamente a su seguridad energética y a la reconstrucción de Venezuela. No obstante, especialistas han señalado dudas sobre su estructura financiera, su fundamento constitucional y las garantías necesarias para atraer inversiones duraderas.
Venezuela necesita inversión internacional, pero también necesita preservar su soberanía y recibir una participación justa, transparente y verificable en los beneficios generados por sus recursos. Todo convenio petrolero de larga duración debe ser público, estar sometido a controles institucionales y contar con aprobación conforme a la Constitución y las leyes venezolanas.
La transparencia no es un detalle secundario. El pueblo debe saber cuánto petróleo se produce, a qué precio se vende, quién recibe los ingresos, cómo se administran y cuáles obligaciones asumen las futuras generaciones. Los recursos naturales pertenecen a la nación, no a un partido político, a un gobierno provisional ni a intereses extranjeros.
Las sanciones como instrumento
Las sanciones económicas fueron utilizadas para presionar al régimen de Nicolás Maduro y limitar sus fuentes de financiamiento. Aunque tuvieron efectos políticos, también afectaron indirectamente la actividad económica y agravaron las dificultades de una población que ya sufría las consecuencias de la mala administración, la corrupción y la destrucción institucional.
En la nueva etapa, las sanciones deben ser revisadas gradualmente. Su levantamiento no debería concederse como un beneficio personal a determinados funcionarios, sino vincularse con resultados verificables: liberación de presos políticos, respeto a los derechos humanos, libertad de expresión, independencia de los poderes públicos y avances concretos hacia elecciones libres.
La flexibilización debe avanzar al mismo ritmo que la democratización. Si se eliminan todas las presiones antes de establecer garantías electorales, quienes controlan provisionalmente el Estado podrían perder los incentivos para realizar una transición auténtica. Pero si se mantienen restricciones innecesarias después de cumplirse esas condiciones, se perjudicaría la recuperación económica y el bienestar de la población.
La legitimidad no puede ser otorgada desde Washington
La actual autoridad interina podrá cumplir funciones indispensables para estabilizar el país, reorganizar la administración y preparar la transición. Sin embargo, ninguna autoridad provisional debe transformarse automáticamente en un gobierno permanente.
La legitimidad política de Venezuela no puede ser concedida por Washington, por las Fuerzas Armadas, por los partidos ni por los acuerdos petroleros. Solo puede nacer de la voluntad soberana de los venezolanos, expresada mediante elecciones auténticamente libres, competitivas y transparentes.
Las conversaciones actuales con Estados Unidos y organismos internacionales abarcan petróleo, deuda, minería, electricidad y protección social. Venezuela enfrenta, además, compromisos soberanos y obligaciones de PDVSA estimados entre 150.000 y 200.000 millones de dólares. Estos asuntos requieren soluciones urgentes, pero las negociaciones económicas deben ir acompañadas de un calendario político igualmente claro.
Ese calendario debería establecer:
La designación de un Consejo Nacional Electoral independiente.
La actualización imparcial del Registro Electoral dentro y fuera del país.
La participación de todos los partidos y candidatos que respeten la Constitución.
La liberación de los presos políticos y el regreso seguro de los exiliados.
La libertad de prensa y el acceso equitativo a los medios de comunicación.
La observación internacional durante todo el proceso, no solamente el día de la votación.
La realización de elecciones presidenciales y parlamentarias dentro de un plazo razonable y previamente acordado.
El reconocimiento de los resultados y una transferencia pacífica del poder.
La elección no debe organizarse apresuradamente, pero tampoco aplazarse indefinidamente. Venezuela necesita un período de preparación suficiente para reconstruir la confianza electoral, sin permitir que la provisionalidad se convierta en una nueva forma de permanencia en el poder.
El desafío del presidente Trump
El presidente Trump tiene ante sí la oportunidad de contribuir a una transformación histórica. Si su política logra combinar seguridad, inversión, recuperación petrolera y elecciones libres, Estados Unidos habrá ayudado a Venezuela a salir de una prolongada crisis y habrá fortalecido la estabilidad del continente.
Pero si la relación queda reducida al control del petróleo, a los intereses económicos o a acuerdos con autoridades no elegidas, la transición carecerá de legitimidad y aumentará la desconfianza de los venezolanos.
La política estadounidense debe ser firme frente al autoritarismo, pero respetuosa de la soberanía nacional. Debe promover inversiones, pero exigir transparencia. Debe facilitar la estabilización, pero acompañarla con instituciones independientes. Y debe colaborar con las autoridades provisionales sin decidir quién gobernará definitivamente a Venezuela.
Una oportunidad que no debemos perder
Venezuela necesita mantener una relación constructiva con Estados Unidos. Ambos países pueden beneficiarse de la cooperación energética, comercial, financiera, tecnológica y de seguridad. Estados Unidos puede contribuir con capital, conocimientos y acceso a los mercados; Venezuela puede ofrecer energía, recursos, oportunidades de inversión y una posición estratégica privilegiada.
Sin embargo, esa relación debe asentarse sobre reglas claras y beneficios recíprocos. La recuperación debe descansar en instituciones venezolanas legítimas, seguridad jurídica y participación ciudadana.
La transición habrá culminado solamente cuando cada venezolano pueda votar sin miedo, cuando todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones y cuando el ganador reciba el poder conforme a la Constitución.
El petróleo puede financiar la reconstrucción. Estados Unidos puede acompañar el proceso. El presidente Trump puede desempeñar un papel decisivo. Pero corresponde exclusivamente al pueblo venezolano elegir, mediante elecciones libres, al gobierno legítimo que conduzca el destino de la República. www.venamerica.org.
Por Aníbal Tineo Reyes*
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