domingo 24  de  marzo 2024
CORRUPCIÓN

Filial de PDVSA en Caracas ocultó informes de ventas con sobreprecio

Según arroja una investigación, la gerencia de la entidad ocultó informes donde se detallan compras por un orden de 35 millones de dólares

MIAMI.-FRANK LÓPEZ BALLESTEROS
Especial

La alta gerencia de Bariven, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), con sede en Caracas, ocultó informes donde se detallan compras por un orden de 35 millones de dólares, pagadas a un sobreprecio que representa el 148% de su valor real.

Las compras fueron vinculadas a un grupo de contratistas venezolanos, a quienes identifican como “los zares de Houston”, que usurpó la identidad de una corporación de origen chino, de la industria del acero.

Tras presentarse el material con esa información, en febrero de 2014, los gerentes denunciantes fueron despedidos y el caso quedó en un limbo.

PDVSA habría pagado 56 millones de dólares, 12 de ellos en sobreprecio, por seis órdenes de compra de dudosa procedencia, como reveló una investigación de DIARIO LAS AMÉRICAS, y fue en 2014, dos años después de las solicitudes, que la presidencia de Bariven, la filial encargada de las compras internacionales de la petrolera, recibió un informe de las irregularidades que fue engavetado, según revelan documentos a los que tuvo acceso DLA.

El grupo de contratistas venezolanos, consentidos por la petrolera, con un historial de adjudicaciones directas de millonarios contratos de Bariven Houston y Holanda, habría utilizado el dinero ganado para pagar comisiones que fueron depositadas en bancos de Curazao, estadounidenses y europeos, según mostró la investigación de este diario.

Silencio de acero

Al escritorio del ingeniero Ower Manrique Ramírez, presidente de Bariven para febrero de 2014, llegó un informe detallado donde se precisaba que el gigante chino del acero Liaoning Northen Steel Pipes, habría vendido tuberías a más del 46% del valor estimado y hasta 114% superior a los precios referenciales del acero en 2012 cuando se emite la solicitud de pedido, explicaban fuentes del Parlamento venezolano atentas a las investigaciones.

La empresa china, además, estaba recién inscrita en el panel de proveedores de PDVSA-Bariven y “sin experiencia en el suministro de tuberías”, advirtió el documento dirigido a Manrique, el cual responsabiliza al Gerente de Compras Internacionales para 2011, de haber suministrado la lista de proveedores a finales de ese año sin analizar los riesgos.

Entre 2011 y 2013 Bariven estuvo bajo la presidencia de Javier Alvarado, quien ha sido implicado en sonados casos de corrupción dentro de la empresa durante su gestión, como asegura la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional venezolana (AN).

En la Gerencia de Procura de Bariven, responsable de las compras internacionales, estaba Alejandro Istúriz Chiesa, un socio de Alvarado, implicado presuntamente en el pago de comisiones y estafa a la filial por 800 millones de dólares, según fuentes de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento, que está investigando el caso.

Por si fuera poco, las órdenes de compra dirigidas a la fábrica china, donde figura como su representante en Venezuela el empresario Joseph Benoudiz, incumplieron las normativas de contrato establecidas por PDVSA, y en la contraloría interna de la petrolera se dispararon las alarmas no solo porque los precios estaban inflados, sino porque presuntamente se usurpó la identidad de la acería para cometer irregularidades.

Los representantes de Liaoning Northem Steel Pipes ya se habían enterado, en 2013, de que un año antes la empresa había sido incorporada en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como proveedor de Bariven, obteniendo contratos que serían entregados a otras empresas y no a ellos. Ese ingreso al RNC se logró gracias a buenos contactos dentro de PDVSA, y las adjudicaciones fueron directas sin otros competidores, critica el informe.

Para conocer la versión de Benoudiz, su abogado, George Mencio, dijo en esta oportunidad que su cliente no declararía para este reportaje, y que esperaría el desenlace de un juicio privado que se está llevando en Houston.

Evidencias clave

En febrero de 2014, tras presentarse el informe ante la presidencia de Bariven, ese mismo mes fueron separados de sus cargos los gerentes denunciantes por orden de Manrique, en concreto siete altos cargos. Sin embargo, se le estaba dando continuidad al caso siguiendo una de las recomendaciones de la investigación que era llamar a la empresa china a reconsideración de precios. El problema es que ni la empresa sabía lo que pasaba y ya los pagos se habían ejecutado.

Es allí donde Benoudiz y su equipo habrían maniobrado para evitar problemas legales negociando con la empresa china y PDVSA al mismo tiempo.

La petrolera detectó irregularidades en seis órdenes de compra emitidas desde la oficina de Bariven en Holanda, entre enero y marzo de 2012, donde el empresario fungía como responsable de la compañía china en Venezuela, muestran documentos.

Algunos de los pedidos tenían hasta 2 millones de dólares en sobreprecios. El informe se concentra en dos órdenes, la 5100096822 y la 5100097048, los cuales proveerían tuberías para un proyecto de suministro de gas en el occidente de Venezuela.



Orden 5100096822, de PDVSA. (CORTESÍA)


Orden 5100097048, de PDVSA. (CORTESÍA)

Las dos solicitudes de pedido (Solped) realizadas en diciembre 2011 estuvieron estimadas en 20.5 millones de dólares. Las órdenes de compra se emiten en marzo de 2012 y el total que debía pagarse era 30.066.573,30, un 46,13% más de lo calculado. Sin embargo, a las tuberías se les aplica un revestimiento especial que los ingenieros de PDVSA no solicitaron, y los montos se elevan a $34.8 millones, 69,17% más de lo que debía pagarse.

Según el informe “el precio del pedido original representa un valor de 46% por encima del estimado y 114% por encima de los precios referenciales del acero; por lo que se debió re licitar el proceso”. Esto no se hizo.

Entre otras irregularidades estaba que el precio del acero fue vendido 15% más del valor de referencia, a casi 1.000 dólares la tonelada cuando estaba a $850, y la fecha inicial de entrega era septiembre de 2012, 165 días después del pedido. Fue modificada en dos ocasiones hasta enero de 2014, es decir, con casi dos años de retraso.

Las dos solicitudes fueron dirigidas al mismo proyecto de forma individual, cuando debió haberse consolidado tanto la solicitud como el pedido en una sola, por lo que los técnicos de PDVSA infieren “que se generó así para evadir los controles de nivel de aprobación financiera” y así poder aprobar los montos más allá de lo permitido para el proyecto.

El fraude

Los documentos señalan que los ajustes de precios se debieron a que fue incrementado el revestimiento de las tuberías que originalmente se solicitaron, lo que elevó en 18% el total que debía pagarse.

A pesar de esto, se aprobaron igualmente las desviaciones de fondos y cambiaron las condiciones de pago a 100% por adelantado sin ningún tipo de garantía bancaria, lo que contó con la aprobación directa de Bariven, PDVSA Gas y la gerencia del proyecto, Bajo Grande –Ule–Amuay.

Benoudiz habría negociado personalmente para lograr ese cambio en las condiciones de pago, y en una comunicación dirigida a una funcionaria de PDVSA-Bariven, el 2 de julio de 2012, le reitera la solicitud de que por seis órdenes de compra a Liaoning Northem Steel Pipes, entre ellas las dos que presentaron irregularidades, se realice el pago antes del despacho de las tuberías desde la fábrica para así poder garantizar el dinero.

Los técnicos de PDVSA aconsejaron que se evaluara cancelar la orden y apostar por fabricantes experimentados en la materia, pudiéndose ahorrar hasta 10 millones de dólares tomando en cuenta los adelantos otorgados.

Si bien los técnicos de la petrolera llamaron a la empresa a reconsiderar los precios, el movimiento generó nerviosismo entre los implicados en la trama y unos días después los gerentes que llevaban el caso fueron removidos por presión de lo que dentro de PDVSA se conoce como el caso de “Los zares de Houston”, empresarios que desde esa ciudad estadounidense establecieron una trama de sobreprecios, sobornos y estafas.

Tras la salida de Ower Manrique de la presidencia de Bariven, a mediados de 2014, asumió el cargo Jesús Guaraco, que según fuentes consultadas es un aliado de su antecesor. El caso no se siguió indagando, por lo que hasta ahora no hay responsables directos por esta situación.

Manrique, quien ha ostentado importantes cargos en el directorio de PDVSA, convirtiéndose incluso en Viceministro de Minas en 2015, fue designado en 2013 como uno de los directores del Cencoex, órgano creado por el presidente Nicolás Maduro para administrar los dólares de Venezuela.

Además, tanto él como Guaraco mantienen una estrecha relación con el exministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, una de las figuras clave del chavismo y que está bajo investigación del Parlamento por irregularidades en su gestión.

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