Qué busca resolución de Miami para recuperar fondos gastados en defensa de Joe Carollo
Según funcionarios y asesores legales consultados, el propósito es crear un precedente, proteger fondos públicos y posicionar a la Ciudad como acreedor a largo plazo
Pleno de la Comisión de la ciudad de Miami.
CESAR MENENDEZ DLA
Miguel Ángel Gabela, comisionado por el Distrito 1 de Miami.
MIAMI.– A pesar de la advertencia del abogado de la municipalidad, la Comisión de la Ciudad de Miami aprobó por unanimidad el pasado 12 de marzo una resolución que, a simple vista, podría parecer más simbólica que efectiva, al autorizar una acción civil contra el excomisionado Joe Carollo para intentar la poco probable recuperación de millones de dólares pagados en honorarios legales durante su defensa en el caso federal en el que fue declarado personalmente responsable de violar los derechos de los empresarios de la Pequeña Habana William O. Fuller y Martin A. Pinilla.
Al existir duda sobre la efectividad de la resolución del órgano legislativo municipal, DIARIO LAS AMÉRICAS acudió a la oficina del comisionado Miguel Ángel Gabela, patrocinador de la iniciativa, para entender el verdadero alcance de la medida.
La resolución, identificada como R-26-0125, ordena al administrador y al abogado de la ciudad iniciar acciones legales bajo la legislación estatal para intentar recuperar los fondos utilizados en la defensa del excomisionado Carollo.
Primera Enmienda
El conflicto se remonta a una demanda presentada en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida por los empresarios Fuller y Pinilla, quienes aseguran Carollo habría tomado represalias contra ellos por haber apoyado a un rival político que compitió por el mismo escaño en la Comisión de Miami en las elecciones de 2017.
Tras un juicio que se extendió durante 24 días, el jurado falló a favor de los demandantes y concluyó que el entonces comisionado violó sus derechos constitucionales protegidos por la Primera Enmienda.
El resultado fue una sentencia de 63.5 millones de dólares, posteriormente ratificada en apelaciones y consolidada tras la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a revisar el caso. La resolución establece que Carollo actuó en su capacidad personal, no como funcionario.
JOE CAROLLO
Joe Carollo, excomisionado de la ciudad de Miami.
CESAR MENENDEZ DLA
Dinero en defensa
Según datos oficiales, la Ciudad de Miami desembolsó aproximadamente 5.27 millones de dólares en honorarios legales y costos asociados al caso, incluyendo el proceso judicial y las apelaciones.
Durante la discusión en la Comisión, se indicó que una parte del gasto fue cubierta por seguros, pero la Ciudad asumió directamente una porción significativa. Ese dinero es el que ahora se intenta recuperar mediante la acción civil autorizada.
La ley de Florida
La base jurídica de la resolución se encuentra en la Sección 111.07 de los Estatutos de Florida, que permite a gobiernos locales recuperar honorarios legales pagados con fondos públicos cuando un funcionario, tras un juicio con todas las garantías, es declarado personalmente responsable por actuar fuera del ámbito de sus funciones o con mala fe.
“El caso de Carollo llegó hasta la Corte Suprema y ya no hay más vías de apelación. La sentencia es firme. Bajo la ley de Florida, la Ciudad puede intentar recuperar ese dinero”, explicó José Sánchez-Gronlier, asesor legal y político del comisionado Gabela.
MIGUEL ANGEL GABELA
Miguel Ángel Gabela, comisionado por el Distrito 1 de Miami.
CESAR MENENDEZ DLA
Por qué la resolución
Durante la reunión ordinaria del 12 de marzo, el abogado de la ciudad, George Wysong, advirtió que el éxito de la acción dependería de factores al parecer inciertos, como la situación financiera de Carollo y las limitaciones legales para embargar ciertos activos, incluidas pensiones.
Además, afirmó que existe una prioridad clara. Supuestamente, Carollo debería responder primero por los 63.5 millones de dólares que según el fallo tras la demanda presentada en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida adeuda a los empresarios de la Pequeña Habana, Fuller y Pinilla.
A pesar de ello, la Comisión consideró oportuno avanzar con la decisión. Según los impulsores de la medida, la razón principal es estratégica. Es decir, por una parte, se busca establecer un precedente y por la otra, asegurar un mecanismo de recuperación a largo plazo.
“Una sentencia dura 20 años. En ese tiempo pueden pasar muchas cosas”, explicó Sánchez-Gronlier. “Se trata de tener un gravamen que permita recuperar dinero si en algún momento hay activos disponibles”.
Miami como acreedor
La resolución, según los consultados, estaría buscando posicionar a la Ciudad como acreedor secundario en caso de que el excomisionado genere ingresos o disponga de activos en el futuro.
Los demandantes pueden establecer gravámenes sobre las propiedades de Carollo, aunque existen protecciones legales que limitan la ejecución inmediata sobre su residencia principal.
En ese contexto, Miami busca asegurarse una posición como segundo acreedor, lo que le permitiría reclamar parte de cualquier ingreso futuro.
Este gravamen podría mantenerse vigente durante dos décadas, lo que abre la posibilidad de recuperar al menos una parte de los fondos públicos utilizados en su defensa. Se trata, en esencia, de una estrategia de protección financiera a largo plazo, explicó el asesor.
Costo de la demanda
Aunque al parecer el propósito de esta resolución sería recuperar dinero público, el propio proceso legal implicaría nuevos gastos para la Ciudad.
Según explicó el abogado municipal, el caso no sería particularmente complejo, ya que se trata de demostrar cuánto dinero se pagó en la defensa. Sin embargo, el costo de este dependerá del bufete contratado y del desarrollo del litigio.
Las estimaciones preliminares de la posible acción civil sitúan los honorarios entre 600 y 650 dólares por hora para abogados externos, además de los costos de expertos que evalúen los gastos legales.
Wysong indicó que el caso podría resolverse mediante una moción de juicio sumario, aunque reconoció que litigios similares han tardado años en solucionarse.
Carollo demanda a la ciudad
En paralelo, Carollo ha iniciado su propia acción legal contra la Ciudad de Miami. El excomisionado reclama aproximadamente 1.5 millones de dólares, alegando que recibió una pensión inferior a la que le correspondía.
Según explicó Francisco Castañeda, jefe de gabinete de Gabela, se trata de una disputa antigua relacionada con ajustes en su pensión hace más de dos décadas. Este nuevo litigio añade complejidad al panorama legal y podría influir en futuras negociaciones.
No pago de la sentencia
Una preocupación manifestada por contribuyentes de Miami es saber si la ciudad tendría alguna obligación legal en las indemnizaciones que debe satisfacer el excomisionado. Según el texto legal, la sentencia de 63.5 millones de dólares fue dictada contra Carollo "en su capacidad personal", por lo que la Ciudad no tiene responsabilidad en ese pago.
Un antecedente
En septiembre de 2024, la Ciudad de Miami acordó pagar 12.5 millones de dólares a los empresarios de Ball & Chain y otros negocios de la Calle Ocho quienes habían demandado tres años antes a Carollo, alegando que este llevó a cabo una venganza política contra sus negocios, utilizando las oficinas municipales, la policía y del Departamento de cumplimiento de códigos para, según alegan, acosarlos con multas e inspecciones. A pesar de que la Ciudad declaró que sus funcionarios afirmaron no tener culpa, llegar a ese acuerdo fue considerado una decisión financiera acertada para evitar una larga batalla legal y una posible sentencia de cerca de 30 millones de dólares de los contribuyentes.
Mensaje institucional
La resolución aprobada por la Comisión de Miami, según quienes la respaldan, busca establecer límites y evitar que situaciones similares generen nuevamente costos millonarios para los contribuyentes.
Sin respuesta de Carollo
DIARIO LAS AMÉRICAS intentó en varias ocasiones contactar a Joe Carollo para obtener sus comentarios sobre la resolución aprobada por la Comisión de Miami y los señalamientos que acarrea; hasta el momento del cierre de esta edición, no habíamos recibido respuesta.
