SAN SALVADOR -- Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, dejó en claro que la gran mayoría del personal militar salvadoreño desplegado recientemente en Haití no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, y queda fuera del mandato y de los mecanismos de seguimiento de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH).
Amnistía Internacional insta a El Salvador y Haití a transparentar operación militar
La ONG también reclama que se respete el derecho internacional de los derechos humanos. Pidió que expliquen cómo supervisan a las tropas
Tras esta aclaratoria, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que los gobiernos de El Salvador y Haití: “Deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos", señaló.
Amnistía Internacional instó este lunes a ambos gobiernos a publicar el acuerdo que ampara el despliegue de unos 2.000 militares salvadoreños en territorio haitiano y garantizar que sus operaciones contra las pandillas respetan los derechos humanos.
En busca de los soldados
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió esas tropas como parte de un operativo de búsqueda de cuatro soldados de su país tras el secuestro a manos de pandilleros en Puerto Príncipe el pasado 18 de octubre.
Los militares desaparecieron tras atacar el vehículo blindado en el que regresaban a su base. Pertenecen a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), una misión internacional apoyada por la ONU.
Antes del atentado, El Salvador tenía asignados unos 200 efectivos a la GSF.
Bukele afirmó inicialmente que el propósito era llevar a esos militares a casa, pero en mensajes posteriores ha dejado entrever el objetivo más amplio de acabar con las pandillas haitianas, como lo hizo en su país.
Amnistía también pidió a ambos gobiernos que expliquen cómo supervisan a las tropas, qué reglas rigen el uso de la fuerza y ante quién deben rendir cuentas. Además, reclamó mecanismos para que la población pueda denunciar posibles abusos “sin temor a represalias”.
Amnistía advirtió que las operaciones de seguridad pueden aumentar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una “crisis humanitaria”.
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FUENTE: Con información de EFE/Amnistía Internacional
