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ELECCIONES

Bolivia da por "resuelto el fraude" de los comicios en 2019

La OEA puso en tela de juicio un informe de la Universidad de Salamanca que descartó manipulación de votos en 2019 en Bolivia a favor de Evo Morales

LA PAZ.- La Fiscalía de Bolivia calificó este martes como "político y parcializado" el comunicado de una oficina de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ratificó su visión de que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2019.

"El Ministerio Público no se va a referir a ningún pronunciamiento o documento de carácter político y parcializado", afirmó en una rueda de prensa el secretario general de la Fiscalía nacional, Edwin Quispe.

La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la organización dijo el lunes que "reitera los hallazgos del análisis de integridad electoral de 2019 en Bolivia" sobre "una manipulación dolosa".

El informe de auditoría de 2019 apoyó la versión de los opositores que denunciaron que el entonces presidente, el izquierdista Evo Morales, en el poder desde 2006, fue responsable de las irregularidades para permanecer en el poder hasta 2025.

Esa oficina de la OEA también puso el lunes en tela de juicio un informe de la Fundación General de la Universidad de Salamanca que descartó manipulación de votos en 2019 en favor de Morales. El estudio fue usado por la Fiscalía para cerrar una investigación sobre fraude electoral que apuntaba al exgobernante indígena.

Quispe fue claro al expresar la posición de la Fiscalía: "Vamos a ser claros, para el Ministerio Público este es un tema resuelto y no entraremos al debate con nadie".

La OEA ratificó el lunes su denuncia sobre una “manipulación dolosa de datos” en las elecciones en Bolivia en octubre de 2019 y no sólo negligencia como había concluido una pericia de investigadores de la universidad española de Salamanca.

La OEA informó en un comunicado de prensa en sus redes sociales “los graves hallazgos en materia informática contenidos en el Análisis de Integridad Electoral llevado a cabo por la OEA a petición del Gobierno de Bolivia en 2019”.

Además, denunció que los 36 peritos internacionales que llegaron a Bolivia para realizar la auditoría descubrieron dos servidores “que no habían sido incluidos en la documentación sobre el esquema informático entregado por las autoridades electorales”.

Por lo que, aseguró, con el informe de la universidad española “no se puede concluir que no haber reportado estos servidores constituye negligencia o que es parte de un incidente involuntario”.

“La incorporación de estos servidores constituye una manipulación en la infraestructura tecnológica y es parte de la red de mentiras con la que se buscó engañar al equipo de la OEA y a toda la población boliviana”, agregó.

El comunicado se conoció una semana después de que la Unión Europea (UE) rechazó las acusaciones de legisladores oficialistas “de haber participado en noviembre de 2019 de una conspiración con el objetico de preparar un golpe de Estado”. La UE dijo en un comunicado divulgado la víspera que su labor mediadora tuvo “un solo objetivo: ayudar a pacificar el país y evitar más violencia”.

Las sospechas de fraude surgieron tras la interrupción de la transmisión de los resultados parciales. El expresidente Evo Morales se proclamó ganador de las elecciones y evitó una segunda vuelta. Pero poco después se generó una convulsión social que cobró la vida de 37 personas.

Las elecciones de octubre de 2019 desencadenaron violentas protestas opositoras en Bolivia que dejaron 35 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras el oficialismo dijo que todo fue parte de una estrategia "golpista".

En medio de protestas callejeras, los militares y los policías le retiraron apoyo a Morales y tuvo que dimitir en noviembre de ese año, para salir a México como exiliado.

La Fiscalía acusa a la oposición de derecha y centro de cometer un golpe de Estado y encarceló en marzo pasado a la expresidenta transitoria, Jeanine Áñez, sucesora de Morales.

El oficialismo también dice que del complot fueron parte la Iglesia católica, la Unión Europea (UE), la OEA y los gobiernos del argentino Mauricio Macri y el ecuatoriano Lenín Moreno, en un intento de justificar las irregularidades y las muertes propiciadas durante las protestas.

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FUENTE: Con información de AFP

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