Chavismo protege edificios de interés social en La Guaira para esconder más de $100 millones

Las operaciones de rescate en La Guaira, tras los dos fuertes terremotos que sacudieron la región estuvieron rodeados de denuncias, tensiones y obstáculos que dificultaron el trabajo de equipos nacionales e internacionales. Las denuncias no cesaron. Primero los sobrevivientes y luego los involucrados en la recuperación de los cuerpos y en la remoción de los escombros. Pero en varias oportunidades, se pudo conocer que miembros de los diferentes componentes militares impedían cualquier intervención.

Casto Ocando, en declaraciones ofrecidas durante una entrevista con su colega Alejandra Guzmán que dirige el programa La Grieta (transmitido por EVTV), aseguró que esa sería la razón por la cual se observó a efectivos de la Guardia Nacional custodiando estrictamente la zona de los edificios construidos por el régimen de Nicolás Maduro, y que la mayoría colapsaron al ser edificados con materiales de segunda y sin tomar en cuenta las normas de construcción de seguridad, como es el urbanismo Hugo Chávez.

Según Ocando, la presencia militar no respondía únicamente a labores de seguridad, sino a la protección de estructuras donde se habrían manejado fondos ilícitos.

Ya lo habían denunciado dos de los principales representantes republicanos de Florida en el Congreso de Estados Unidos. El congresista Carlos Giménez y el senador Rick Scott cuestionaron públicamente la actuación del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen venezolano, a quien señalaron por las dificultades denunciadas por brigadas internacionales para incorporarse a las tareas de rescate y asistencia humanitaria.

Impedimentos para acceder a los edificios colapsados

Desde el inicio de la emergencia, distintos equipos de rescate han reportado restricciones para ingresar a zonas críticas, especialmente en los edificios que sufrieron colapsos totales o parciales.

Entre los obstáculos señalados hubo controles de identidad repetitivos a rescatistas internacionales; interrupciones dentro de túneles y estructuras inestables, incluso mientras se trabajaba contra el tiempo; militares armados dentro de las áreas de alto riesgo, generando tensión y confusión operativa, y retención de teléfonos y equipos de comunicación, bajo acusaciones de “espionaje”.

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Estas denuncias coinciden con las declaraciones de Francisco Lermanda, representante de los Topos de Chile, quien relató que un militar ingresó directamente a la zona de desastre para exigir documentos por quinta vez, alegando que los rescatistas podían ser “espías de EEUU o de Chile”.

Marines de EEUU también denunciaron restricciones

Fuentes militares estadounidenses han señalado que marines enviados para colaborar en labores humanitarias enfrentaron impedimentos para acceder a las zonas más afectadas de La Guaira.

Aunque los detalles no han sido divulgados oficialmente, los reportes coinciden en tres puntos: el régimen venezolano negó el acceso directo a los edificios colapsados; se exigieron protocolos extraordinarios de verificación, incluso para personal identificado y acreditado; hubo sospechas infundadas de espionaje, similares a las denunciadas por los rescatistas chilenos.

Estas restricciones habrían retrasado la evaluación de daños y la asistencia técnica que los marines estaban preparados para ofrecer.

Las denuncias de Ocando sobre presunto ocultamiento de dinero, sumadas al hostigamiento militar reportado por rescatistas y marines, dibujan un panorama donde la emergencia humanitaria fue dejada a un lado por tensiones políticas, desconfianza institucional y posibles intereses económicos.

Mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros, organizaciones humanitarias insisten en que cualquier retraso puede comprometer la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

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