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DERECHOS HUMANOS

CIDH ve 200 cabos sueltos en caso de 43 estudiantes desaparecidos en México

El presidente de la CIDH, James Cavallaro, dijo, al presentar el plan de trabajo de un mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa, que se debe determinar si hubo intención deliberada de obstruir a la Justicia,

CUIDAD DE MÉXICO. - La desaparición de 43 estudiantes hace dos años en México tiene todavía más de 200 cabos sueltos, entre ellos si se buscó ocultar la verdad con la hipótesis de su incineración en un basurero, afirmó este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El presidente del organismo, James Cavallaro, dijo en Ciudad de México, al presentar el plan de trabajo de un mecanismo de la CIDH de seguimiento al caso Ayotzinapa, que se debe determinar si hubo intención deliberada de obstruir a la Justicia,.

"Quizás el punto central es que hay que cambiar la narrativa. No se pueden seguir buscando formas de reforzar la versión del basurero de Cocula. Es algo físicamente imposible", dijo Cavallaro.

Según indicó, si la hipótesis ya fue descartada con pruebas científicas por peritos independientes, se debe investigar por qué seis detenidos declararon que habían sido incinerados y por qué la fiscalía hizo diligencias que sustentaron esa versión sin registrarlas en el expediente.

"Hay personas con lesiones corporales. ¿Por qué? ¿Habrá habido presiones, habrá habido intereses que hubiesen llevado a que hubiera declaraciones falsas?", indicó.

Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, 200 kilómetros al sur de la capital mexicana, después de ser perseguidos por policías y entregados a un grupo criminal.

Nunca se determinaron las causas y la versión inicial de la fiscalía general de que habían sido incinerados en Cocula, una localidad vecina, fue refutada por expertos independientes después de varios peritajes.

Cavallaro se encuentra en México para poner en marcha un mecanismo de seguimiento acordado con las autoridades mexicanas y con los familiares de los jóvenes para garantizar que se llegue a la verdad y haya Justicia. El costo de su funcionamiento será de 565.000 dólares y correrá por cuenta del Gobierno de México.

El plan de trabajo contempla visitas mensuales a nivel ejecutivo o técnico hasta noviembre de 2017 con cuatro objetivos. Los ejes son monitorear el avance de la investigación, asesorar en la búsqueda de los jóvenes, asegurar atención integral a sus familiares e impulsar medidas estructurales para evitar una repetición de casos de este tipo.

El coordinador del mecanismo, Enrique Gil Botero, afirmó que el mecanismo estará "haciendo presencia mes a mes" pero no hará investigaciones propias.

El mecanismo se basará en 20 recomendaciones y cuestionamientos a las investigaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH en abril, al concluir una investigación paralela de más de un año.

Dentro de las recomendaciones "se concentran más de 200 falencias o líneas que aún faltan por explorar. O sea que hay mucho material probatorio en ciernes o que abre hipótesis investigatorias que están en ciernes o no se han explorado", dijo Gil.

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FUENTE: dpa

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