Colombia, bajo los tentáculos de la violencia urbana

Los manifestantes se han lanzado a las calles, desafiando una orden judicial que prohíbe ese tipo de actos por el aumento del contagio por coronavirus. Las fuerzas de seguridad del Estado se han visto desplegadas en las principales ciudades colombianas para tratar de retomar el control social. Los enfrentamientos entre militares, policías y civiles han sido constantes.

Un ambiente de vandalismo, con gente encapuchada que siembra violencia, miedo y temor entre la comunidad, ha sido el denominador común, mientras el Gobierno busca soluciones y el pueblo de Colombia trata de zafarse de fuerzas oscuras que parecen obedecer un plan regional de desestabilización, según lo han denunciado políticos de centro y derecha en ese país sudamericano.

Reforma tributaria

Las manifestaciones callejeras se iniciaron una semana después de que los principales sindicatos colombianos lanzaron una huelga nacional para oponerse a la reforma tributaria que propusiera el Gobierno de Duque. La propuesta duró poco tiempo y fue retirada para tratar de calmar los ánimos populares.

Con esa reforma fiscal, el presidente colombiano buscaba recaudar alrededor de 6.302 millones de dólares básicamente a partir de un considerable aumento en el pago de impuestos para la clase media y baja, en momentos críticos por la pandemia. Este mensaje en redes sociales de actores de la izquierda ha calado entre el colectivo colombiano.

El mandatario propuso, en cambio, formular una nueva iniciativa de ley producto de “consensos” y, aunque asegura que desestima encarecer el costo de vida, a diferencia de la propuesta inicial, no desiste de un proyecto fiscal, cuyo trasfondo aún no se conocía.

El año pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia cayó un 6.8%, lo que supuso su mayor desplome en medio siglo. Además, la pandemia ha aumentado la pobreza, el desempleo y la desigualdad en el país, según algunos especialistas.

El retiro de la reforma tributaria también trajo consigo la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, impulsor de la propuesta.

Sin embargo, los desacuerdos con la Administración del presidente Iván Duque son múltiples. Las protestas y bloqueos de carreteras en algunas zonas del país continuaron por varios días consecutivos a pesar del retiro de la propuesta fiscal y la dimisión del ministro Carrasquilla.

“Una excusa”

Para la conocida columnista colombiana Vanessa Vallejo, en estos “procesos revolucionarios” que tienen lugar a lo largo de Latinoamérica, cualquier asunto puede ser la “chispa” que detone la revuelta.

Según Vallejo, las protestas en Chile, supuestamente por el incremento de 4 centavos en el precio del transporte público, terminaron en la destrucción de la “Constitución chilena”.

“En Colombia han utilizado como chispa una reforma tributaria que nació muerta”, afirmó.

De hecho, la propuesta era rechazada incluso por el propio partido del presidente, el Centro Democrático. Para Vallejo, como para otras voces del contexto nacional, causa extrañeza que la propuesta ya no existe, pero sigue el terrorismo urbano.

Cifras preocupantes

Para el Gobierno, las fuerzas de seguridad han defendido el orden y la institucionalidad. Los manifestantes piensan lo contrario y creen que se están violando los derechos humanos en Colombia.

Desde que las manifestaciones comenzaron el pasado 28 de abril junto a un paro nacional, al menos 16 personas murieron y 254 civiles y 457 policías resultaron heridos, según la Defensoría del Pueblo. Otras fuentes señalan que esas cifras son más altas.

Los participantes en las protestas han exigido de manera recurrente una reforma que incluya el desmantelamiento del ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, acusado de reprimir a quienes protestan. Algo similar se exigió en Chile.

Las autoridades también reportan más de 20 buses de transporte público incinerados, 59 establecimientos comerciales saqueados, 21 estaciones de Policía destruidas y 43 vandalizadas. Una situación que vuelven a comparar con Chile.

Pero hay más. Han sido vandalizados 94 bancos, 254 comercios, 14 peajes, cuatro estatuas, 23 vehículos institucionales, 69 estaciones de transporte, 36 cajeros y dos gobernaciones. El criticado Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ha desplegado 563 acciones. Se investigan posibles desmanes.

Entre los hechos se reporta que el 28 de abril pasado, el capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, un jefe policial asignado a una sede cercana a Bogotá, de 34 años, fue apuñalado por manifestantes cuando intentaba detener el robo en un cajero automático. El oficial deja esposa y una niña huérfana.

Adicionalmente, en la población de Usme, próxima a Bogotá, incendiaron una estación de Policía con 10 uniformados en su interior.

Según las autoridades, los oficiales lograron salvarse, aunque cuando salieron huyendo de las llamas fueron atacados por una turba.

Entretanto, en ciudades como Cali se registra desabastecimiento de productos básicos y gasolina.

Revolución Molecular Disipada

En medio de las protestas, un trino del expresidente y exsenador Álvaro Uribe puso un nuevo ingrediente a la discusión sobre las manifestaciones. Se refirió a la Revolución Molecular Disipada.

Según el teórico chileno Alexis López Tapia, la Revolución Molecular Disipada es una estrategia de la izquierda para tomarse el poder en América Latina, con acciones como afectar la normalidad de los sistemas de transporte público.

Esa misma estrategia que se aplicó en Chile, estaría ocurriendo en Colombia con serios daños ocasionados al sistema de transporte público de Bogotá TransMilenio, y en otros puntos de la infraestructura nacional, según el especialista.

El senador Gustavo Petro respondió al mensaje de Uribe, quien calificó de neonazi a López Tapia.

En opinión de la columnista Vallejo, estas “moléculas” hacen ataques simultáneos y luego se dispersan, para posteriormente volver a atacar de manera inesperada.

“El objetivo es generar caos y atemorizar a la población, que se sientan abandonados y desesperanzados y ahí surja la izquierda como salvador”, narra la periodista.

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