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NICARAGUA

Cristiana Chamorro permanece bajo arresto domiciliar e incomunicada

"Se llevaron su teléfono y su laptop, también los de su hija que está con ella en la casa, y les cortaron el Internet. No sabemos nada de ellas", declaró Arelia Barba, miembro del equipo de prensa de Chamorro

MANAGUA — La aspirante presidencial opositora de Nicaragua, Cristiana Chamorro, quien fue inhabilitada por el régimen de Daniel Ortega para participar en las elecciones del 7 de noviembre, amaneció el jueves en arresto domiciliario, bajo vigilancia policial e incomunicada, aseguran sus allegados.

“Se llevaron su teléfono y su laptop, también los de su hija (Cristiana María Lacayo) que está con ella en la casa, y les cortaron el Internet. No sabemos nada de ellas”, declaró angustiada a la AP Arelia Barba, miembro de su equipo de prensa.

Efectivos policiales ingresaron el miércoles a la vivienda de la periodista de 67 años, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), atendiendo una orden judicial de allanamiento y detención. Tras casi seis horas de ocupación policial, su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, anunció que había quedado “en arresto domiciliario”.

Chamorro hasta enero pasado dirigió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que su madre creó en 1997 para promover la libertad de expresión y que cerró operaciones en febrero, presionada por una ley que controla los fondos externos de las ONG. La Fiscalía la acusa de lavado de dinero y otros delitos, por presuntas “irregularidades” financieras.

Chamorro niega los cargos por considerar que son “una monstruosidad” para impedir que se postule como contendiente Ortega, quien busca un cuarto mandato consecutivo. De hecho, la Fiscalía pidió el 2 de junio la inhabilitación de la periodista para optar a cualquier cargo público.

La expresidenta Violeta Chamorro, que hoy tiene 91 años, permanece postrada en una cama y alejada de toda actividad, según han informado sus hijos.

De los tres hermanos de Cristiana, Claudia Lucía es artista plástica, mientras que Pedro Joaquín y Carlos Fernando son periodistas, este último fue director del diario Barricada, el órgano oficial del Frente Sandinista, en la actualidad es disidente, es dueño de varios medios que Ortega mandó a allanar y confiscar en diciembre de 2018 y en mayo pasado tras acusarlo de participar en “un fallido golpe de Estado”.

Así calificó el gobierno las protestas estudiantiles y sociales de 2018, cuando la violenta acción policial y de paramilitares dejó 328 muertos, 2,000 heridos, cientos de detenidos y más de 100.000 exiliados y emigrados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La crisis que derivó de esa revuelta aún no ha sido superada.

Chamorro aseguró que como presidenta haría "cambios" en las fuerzas armadas, incluyendo el desarme de los paramilitares y la “desaparición” de las fuerzas antimotines, señalados por graves crímenes desde 2018.

“El nuevo gobierno impulsará un proceso de reinstitucionalización de las fuerzas armadas y el desarme de los paramilitares. La Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (antimotines) tiene que desaparecer y habrá una reforma para que, de nuevo, surja una institución policial protectora de la población, no represora, proceso que inició mi madre, pero, el régimen actual lo desmanteló”, dijo en la entrevista.

El gobierno de Violeta Barrios dejó el Ejército en manos del sandinismo a la cabeza de Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, hoy un acaudalado hombre al amparo del poder que reside en Costa Rica. Las llamadas leyes de "Amnistía" aprobadas por el sandinismo y ratificadas por Barrios, dejaron en la impunidad miles de crímenes cometidos durante el primer régimen sandinista, en nombre del "perdón" y la "democracia".

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FUENTE: Con información de AP

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