CARACAS - La activista política venezolana Magalli Meda denunció que su vivienda en Caracas fue nuevamente allanada por agentes del régimen chavista la misma noche en que el Parlamento aprobaba la llamada Ley de Amnistía, una norma que el oficialismo presenta como un gesto de reconciliación, pero que críticos consideran selectiva y represiva.
A través de sus redes sociales, Meda —quien en 2024 se desempeñó como jefa de la campaña nacional de la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado— relató que la noche del 19 de febrero al menos 16 hombres armados y civiles, movilizados en seis camionetas, ingresaron a su casa durante varias horas.
Según su testimonio, los funcionarios destruyeron pertenencias, sustrajeron bienes y dejaron carteles con las palabras “Asegurado” e “Incautado”, en lo que calificó como un mensaje directo de intimidación política. Meda advirtió que el operativo buscó sembrar miedo no solo contra su familia, sino contra cualquier ciudadano que disienta del poder.
Represión
“¿Qué clase de amnistía es esta? ¿Para quiénes y bajo qué condiciones?”, cuestionó la activista, al asegurar que mientras se hablaba de perdón y convivencia, el régimen ejecutaba acciones que, a su juicio, confirman que no existen garantías reales de libertad, propiedad ni debido proceso en Venezuela.
En su denuncia, Meda sostuvo que la represión, la existencia de presos políticos y la apropiación arbitraria de bienes desmienten el discurso oficial sobre una supuesta apertura democrática. “Basta con que seas venezolano para que quieran someterte”, afirmó, al advertir que estos hechos podrían repetirse contra militares, policías, trabajadores, empresarios, periodistas, religiosos o cualquier ciudadano que no obedezca al régimen.
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El discurso oficial y la ley aprobada
Horas después de la aprobación parlamentaria, la gobernante interina de Miraflores, Delcy Rodríguez, promulgó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática desde el Palacio de Miraflores.
Durante el acto, Rodríguez aseguró que se trataba de una norma “histórica” y afirmó que “hay que saber pedir perdón y también recibir perdón”. El oficialismo sostiene que la ley debe traducirse en la liberación de centenares de presos políticos.
Sin embargo, el texto aprobado por el chavismo establece amplias exclusiones, entre ellas a personas acusadas de promover o participar en “acciones armadas o de fuerza” contra el Estado, una formulación que especialistas y organizaciones de derechos humanos consideran ambigua y susceptible de aplicación discrecional.
Para Meda, los hechos ocurridos en su vivienda la noche de la votación parlamentaria evidencian la contradicción entre el discurso y la práctica del régimen. A su juicio, mientras continúen la persecución política, los allanamientos y la criminalización de la disidencia, no puede hablarse de amnistía real ni de transición democrática.
“Mientras sigan existiendo presos políticos, represión y apropiación de bienes, en Venezuela no habrá libertad ni democracia”, concluyó.
FUENTE: Con información de Redes Sociales/AFP/DLA