MIAMI.– El centro de asesoría legal Cubalex publicó recientemente un reporte en el que examina las medidas de excarcelación aplicadas por las autoridades de La Habana, desmontando que se trate de una política de buena voluntad por parte del régimen.
Cubalex analiza el uso de las excarcelaciones como herramienta de control estatal
Pese a la narrativa de la dictadura, en Cuba no existen libertades absolutas y sobre los liberados políticos se mantienen en amenazas y hostigamiento
De acuerdo con el documento, la salida de prisión de cubanos condenados por motivos políticos responde a mecanismos de gestión penal que permiten al Estado mantener la vigilancia sobre los individuos fuera de los centros penitenciarios, reseña el portal web Martí Noticias.
En este sentido, Cubalex documentó la salida de 21 personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. El informe explica que estas liberaciones ocurren bajo figuras legales como la libertad condicional o la sustitución de medida penal.
Cuba: vigilancia extrema contra los liberados
Estos marcos jurídicos implican que los beneficiados quedan sujetos a restricciones de movimiento y a la supervisión directa de la dictadura, con la posibilidad de reingreso a prisión si se determina el incumplimiento de las normas impuestas. Manteniendo amenazas constantes y hostigamiento.
Además se revela que el proceso de selección para estas medidas carece de transparencia. El reporte señala que, mientras un grupo de manifestantes recibe estos beneficios, otros permanecen en centros de reclusión pese a presentar estados de salud que requerirían atención externa. La plataforma subraya que el uso de estas herramientas legales permite a la administración gestionar la población penal sin modificar las leyes que criminalizan el disenso.
Datos de Justicia 11J y otros grupos de monitoreo indican que la cifra de detenidos por motivos políticos se mantiene mediante la aplicación de nuevas detenciones por protestas relacionadas con la situación económica y los servicios públicos. Esta dinámica sugiere que la salida de prisioneros de los centros de detención compensa el ingreso de nuevos procesados, lo que estabiliza el número de personas bajo custodia estatal.
Es decir, las excarcelaciones no equivalen a una amnistía ni suponen la anulación de las sentencias originales. Los ciudadanos excarcelados mantienen antecedentes penales y limitaciones en sus derechos civiles.
Para Cubalex, estas acciones representan el ejercicio de facultades discrecionales del sistema judicial que buscan reducir la presión en el sistema carcelario y responder a las gestiones de organismos internacionales sin transformar la estructura de las instituciones en Cuba.
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FUENTE: Con información de Martí Noticias
