De La Espriella endurece el sistema carcelario contra el crimen organizado

La estrategia, ejecutada durante el fin de semana, incluyó requisas sorpresivas, aislamientos y traslados inmediatos hacia pabellones de máxima seguridad. Los operativos buscan frenar las prerrogativas de reclusos vinculados a la delincuencia organizada y a casos de corrupción que mantenían influencia operativa desde sus sitios de reclusión en distintas regiones del país sudamericano, reseña Revista Semana.

Entre las primeras acciones destaca el traslado de 120 reclusos de la cárcel del puerto de Buenaventura, clave en el Pacífico colombiano, señalados por las autoridades de liderar redes de extorsión telefónica. "En Colombia se acabó la contemplación y la alcahuetería con la delincuencia. Detrás de los muros manda la ley y el orden se impone sin titubeos", afirmó De La Espriella al justificar las intervenciones.

Medidas contra jefes de disidencias guerrilleras y políticos condenados

• Aislamiento de mandos guerrilleros: Las autoridades ordenaron el traslado inmediato de alias Firu, cabecilla de las disidencias de las Farc en el departamento de Antioquia, luego de detectarse que realizaba videollamadas con subalternos y transmisiones en redes sociales desde el interior del penal. El Ejecutivo instruyó remitir al líder insurgente a una instalación sin cobertura de señales de telecomunicación.
• Traslado de políticos por corrupción: El Gobierno ordenó el traslado del exgobernador del departamento del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, condenado a más de 21 años de prisión por corrupción pública. El exfuncionario, quien permanecía recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali, fue enviado a la cárcel de Villahermosa tras reportes de que continuaba interviniendo en la política local y en la asignación de contratos públicos desde su celda.

Planes para mega cárceles y evaluación de un buque prisión

El ministro de Justicia de Colombia, Iván Cancino, confirmó que la administración diseña pabellones especiales de aislamiento, tomando como prueba piloto la penitenciaría de Girón, en el noreste del país. Asimismo, la administración central contempla alianzas con el sector privado para edificar al menos diez mega cárceles.

Cancino reveló además que el Ejecutivo evalúa la viabilidad técnica de implementar un buque cárcel en aguas territoriales, una medida excepcional reservada para delincuentes de alta peligrosidad que persistan en la dirección de actividades criminales desde la privación de libertad. Las decisiones del Ejecutivo cuentan con el respaldo de organismos internacionales de supervisión institucional y de la Defensoría del Pueblo colombiana, que calificó las medidas como un paso para garantizar la transparencia e igualdad ante la ley dentro del sistema penitenciario.

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FUENTE: Revista Semana