Mientras la propaganda oficial intenta maquillar su imagen internacional tras la absolución de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, la realidad de los recintos carcelarios desmonta cualquier narrativa de justicia
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019.
Federico PARRA / AFP ArchivoEn una entrega informativa, desde el exilio, el periodista venezolano Miguel Ángel Rodríguez analizó el reciente y arbitrario fallo contra los implicados en la supuesta operación “Brazalete Blanco”, develando cómo el sector encabezado por Delcy Rodríguez no ha dudado en sacrificar las vidas de prisioneros inocentes para aplacar la sed de vendetta de Diosdado Cabello.
A juicio del periodista, la condena a 18 años impuesta al capitán Angelo Heredia representa la factura cobrada por un oficialismo aterrado, que castiga con saña a quienes en el pasado estuvieron a punto de llevar ante la justicia internacional a los altos jerarcas de la tiranía.
Los testimonios vertidos por excarcelados políticos confirman que las prisones venezolanas funcionan como centros sistemáticos de tortura. Relatos de sobrevivientes de recintos como el Rodeo I exponen la barbarie a la que son sometidos los detenidos: hombres hacinados en celdas de dos por uno, forzados a consumir agua podrida y confinados en la absoluta penumbra con el rostro cubierto por capuchas.
La crueldad del régimen se manifiesta en su forma más descarnada en el trato deshumanizante impartido por los cuerpos represivos y custodios del Estado. Al llegar a los centros de tortura, las víctimas son recibidas con la cínica advertencia de que forman parte de un "experimento", sometiéndolas a jornadas extenuantes de exposición al sol, amarradas y encapuchadas, negándoles el acceso a servicios básicos e incomunicándolas de sus familiares. Ante los desgarradores clamores de fe de vida, las respuestas de los verdugos de la dictadura resumen la naturaleza del régimen: catalogar a los ciudadanos como "perros que no merecen nada".
A este panorama de atropellos locales se suma la alarmante dimensión transnacional de los crímenes cometidos por la tiranía, donde la persecución traspasa las fronteras venezolanas con la complicidad de grupos narcoguerrilleros.
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