Defensa de Colombia bajo Sánchez: modernización probable, autonomía improbable

El general Pedro Arnulfo Sánchez Suárez asumió el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia en marzo de 2025, convirtiéndose en el primer oficial militar retirado en ocupar el cargo en 35 años. Esta evaluación analiza la efectividad de la implementación por parte de Sánchez de tres objetivos declarados de política de defensa: modernización militar, autonomía estratégica y recalibración de las relaciones de defensa entre Estados Unidos y Colombia. A partir de fuentes primarias gubernamentales, informes del Congressional Research Service, análisis de centros de pensamiento y medios internacionales publicados entre febrero de 2025 y febrero de 2026, la evaluación concluye que Sánchez logró avances medibles en modernización. La adquisición colombiana de Gripen por 3.600 millones de dólares y un Escudo Nacional Antidrones de 1.680 millones de dólares sostuvieron los avances de modernización, mientras Sánchez preservaba simultáneamente la cooperación militar bilateral esencial con Washington.

La autonomía estratégica avanzó simbólicamente, pero siguió limitada por dependencias tecnológicas. El aumento de las tensiones políticas internas, el colapso de la iniciativa Paz Total del presidente Gustavo Petro y la escalada de la violencia rural complicaron la capacidad de Sánchez para ejecutar una arquitectura de defensa coherente y de largo plazo. La evaluación concluye que Sánchez logró una implementación parcial y desigual de sus objetivos, con avances de modernización que superaron a la reforma institucional y la coherencia estratégica.

Sánchez en contexto: nombramiento y presiones

Reuters informó que el presidente Gustavo Petro nombró al general (ret.) Pedro Arnulfo Sánchez Suárez como ministro de Defensa Nacional de Colombia el 19 de febrero de 2025. El nombramiento siguió a una dramática reestructuración del gabinete que forzó la renuncia de siete ministros. Sánchez, un mayor general retirado de la Fuerza Aérea con 35 años de servicio y 6.700 horas de vuelo, reemplazó al ministro civil Iván Velásquez (Colombian Armed Forces Command, 2025). El nombramiento marcó una ruptura estructural: ningún oficial militar había servido como ministro de Defensa desde 1991, cuando la constitución vigente institucionalizó el control civil sobre las fuerzas armadas (Colombia One, 2025, 20 de febrero).

Sánchez llegó al cargo en un punto de inflexión definido por tres presiones convergentes. Primero, la iniciativa Paz Total, la política insignia de Petro de negociaciones simultáneas con todos los grupos armados, se estaba derrumbando bajo el peso de la reanudación de la violencia del ELN en Catatumbo y las facciones disidentes fragmentadas de las FARC (International Crisis Group, 2025). Segundo, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se deterioraron abruptamente a comienzos de 2025 tras una disputa pública por vuelos de deportación de migrantes, lo que creó incertidumbre en torno a casi 400 millones de dólares en asistencia anual de seguridad de Estados Unidos (Breaking Defense, 2025, 24 de octubre). Tercero, como informó The Rio Times (2025), la envejecida flota de cazas Kfir de Colombia, en tierra en parte por la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, exigía un reemplazo urgente para restaurar la soberanía aérea básica.

Esta evaluación aborda la siguiente pregunta clave de inteligencia. ¿Hasta qué punto el general Sánchez Suárez implementó sus objetivos declarados de política de defensa (modernización militar, autonomía estratégica y recalibración de las relaciones de defensa entre Estados Unidos y Colombia) en medio del aumento de las tensiones internas y la evolución de las dinámicas regionales? El análisis procede a través de cuatro secciones sustantivas: el contexto político y de seguridad interno; la modernización militar; la autonomía estratégica; y la recalibración de las relaciones bilaterales de defensa con Estados Unidos.

La trampa doméstica: política, violencia y los límites de la planificación de defensa

El entorno político que rodeó el mandato de Sánchez limitó severamente una formulación coherente de la política de defensa. El Congressional Research Service (CRS, 2025) documentó que el índice de aprobación de Petro se situó en 37% en abril de 2025, reflejando la erosión acumulada de su coalición de gobierno y la escalada de la violencia rural. Colombia One (2026) informó que para febrero de 2026 la aprobación había repuntado a 49%, atribuido a un aumento del salario mínimo de 23% y al compromiso diplomático con la administración Trump. La iniciativa Paz Total, que alguna vez fue el ancla ideológica de la postura de seguridad de Petro, entró en su fase final en completo desorden. El International Crisis Group (2025) documentó la ofensiva del ELN de enero de 2025 en Catatumbo, que mató a decenas de personas y desplazó a más de 56.500 residentes. Esa única ofensiva representó el 93% de todos los desplazamientos forzados registrados en Colombia durante comienzos de 2025.

El Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED, 2025) demostró que el enfoque de Petro de priorizar los ceses al fuego permitió a los grupos armados ampliar el control territorial, reclutar nuevos combatientes y diversificar las fuentes de ingresos criminales. InSight Crime (2026) confirmó que la violencia en 2025 alcanzó niveles no vistos en años, impulsada por la competencia intracriminal por rutas de coca liberadas por el vacío político creado por el colapso de las negociaciones. La expansión de la violencia y las pérdidas territoriales colocaron a Sánchez en la posición contradictoria de comandar operaciones militares contra grupos cuyo estatus político permanecía legalmente ambiguo bajo el marco jurídico de la Paz Total. El Spanish Institute for Strategic Studies (2025) encontró que cuatro de cada diez aeronaves militares colombianas estaban inoperables debido a la escasez de repuestos, y que el número de tropas había disminuido 27% durante la década anterior. Sánchez heredó una fuerza estructuralmente debilitada por años de priorización en tiempos de paz.

Sánchez respondió con lo que González (2025) caracterizó como una ofensiva de espectro completo, abandonando las políticas de cese al fuego en favor de operaciones militares continuas dirigidas contra todos los grupos armados sin discriminación. Entre marzo y mayo de 2025, el Ejército colombiano desmanteló más de 50 laboratorios de procesamiento de cocaína en Nariño y Chocó (González, 2025). Las operaciones incautaron grandes volúmenes de productos terminados y sustancias químicas precursoras, interrumpiendo fuentes de ingresos para la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y facciones del ELN. Según González (2025), la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional intensificó sus operaciones, neutralizando 56 laboratorios clandestinos directamente vinculados al Frente Oliver Sinisterra y al Clan del Golfo, e incautando más de 8.000 galones de sustancias químicas precursoras. Las operaciones contra objetivos de alto valor incluyeron la neutralización en junio de 2025 del alias “Cholinga”, un narcotraficante de alto rango y operador de minería ilegal que actuaba dentro de redes disidentes de las FARC en el norte de Colombia (González, 2025). González (2025) documentó además que la coordinación transfronteriza con Ecuador produjo avances tácticos, incluida una redada conjunta en Cumbal que confiscó 2,5 toneladas de clorhidrato de cocaína.

El entorno político y de seguridad se deterioró aún más durante comienzos de 2026. KSAT (2026) informó que Colombia celebró elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026, desplegando a más de 126.000 agentes de seguridad en todo el país en medio de una escalada de violencia. Sánchez anunció públicamente que las autoridades detectaron aproximadamente a 2.400 personas intentando cruces fronterizos ilegales desde Venezuela, presuntamente para votar, calificando el incidente como un claro caso de actividad criminal (Madhani & Suárez, 2026). Al Jazeera (2026) informó que las autoridades detuvieron 60 autobuses y abrieron investigaciones contra empresas de transporte sospechosas de facilitar fraude electoral. El período de campaña presenció el asesinato de más de 60 líderes políticos y comunitarios, demostrando la continua erosión de las condiciones de seguridad que Sánchez heredó (KSAT, 2026). La crisis electoral reforzó el hallazgo de esta evaluación de que la violencia interna y la fragilidad institucional impusieron restricciones vinculantes a una planificación de defensa coherente. A partir de esta línea de base diagnóstica, la siguiente sección examina cómo Sánchez respondió mediante inversiones en modernización militar.

Modernización: donde Sánchez logró resultados

El logro más tangible y estratégicamente significativo del mandato de Sánchez fue la aceleración del largamente postergado programa de modernización militar de Colombia. Según teleSUR English (2025), el gobierno anunció un marco de inversión en defensa a diez años por 12.700 millones de dólares mediante un documento de política CONPES, priorizando movilidad, tecnología y principios de seguridad humana. Sánchez vinculó directamente la inversión con la necesidad operacional, declarando: “Con ese presupuesto vamos a tener movilidad y maniobra. Los helicópteros volarán todo lo que la misión demande” (Infobae Colombia, 2025, 4 de marzo).

El eje de la modernización fue la selección por parte de Colombia del Saab Gripen E/F para reemplazar la envejecida flota Kfir. Reuters (2025) informó que Sánchez anunció que Colombia decidiría en cuestión de meses qué proveedor de un país de la OTAN escogería, enmarcando la decisión como “una cuestión de soberanía”. Colombia seleccionó formalmente el Gripen en abril de 2025 y firmó un contrato de 3.600 millones de dólares con Saab el 14 de noviembre de 2025 (Al Jazeera, 2025; Breaking Defense, 2025, 15 de noviembre). El contrato cubre 17 aeronaves, con entregas programadas por Saab entre 2026 y 2032. Defense Security Asia (2025) señaló que la adquisición representó la mayor compra de aviación de combate en la historia de Colombia e incluyó acuerdos integrales de compensación que abarcan aeronáutica, ciberseguridad, salud, energía sostenible y purificación de agua. El acuerdo trasladó a la Fuerza Aeroespacial Colombiana de una plataforma israelí deteriorada y diplomáticamente complicada a un caza multifunción moderno suministrado por Europa.

Como informó Reuters (2026), Sánchez lanzó el Programa Escudo Nacional Antidrones el 16 de enero de 2026. La iniciativa de 1.680 millones de dólares apunta al uso creciente de drones por parte de grupos armados en todo el territorio y las fronteras colombianas. El análisis de Miami Strategic Intelligence (MSI², 2025) también señaló inversiones colombianas en producción doméstica de defensa a través de Indumil y COTECMAR, demostrando un movimiento hacia una menor dependencia de importaciones.

Sánchez también enfrentó la prolongada crisis de la flota colombiana de helicópteros Mi-17 de fabricación rusa que permanecía en tierra. Colombia operaba más de 20 helicópteros de transporte Mi-17 de fabricación soviética, pero solo nueve seguían operativos a comienzos de 2025, con 18 aeronaves en tierra debido a escasez de repuestos y retrasos de mantenimiento (Bulgarian Military, 2024; The City Paper Bogotá, 2025). Los Mi-17, adquiridos entre 1996 y 2009, proporcionaban una capacidad crítica de transporte pesado para traslado de tropas, operaciones de reabastecimiento y extinción de incendios forestales en el desafiante terreno colombiano. Como informó ColombiaOne (2024), las sanciones occidentales contra proveedores rusos tras la invasión de Ucrania complicaron los contratos de mantenimiento.

Bulgarian Military (2024) documentó que el predecesor de Sánchez, Iván Velásquez, había asignado 63 millones de dólares para un programa de modernización a finales de 2024, pero su implementación se retrasó. Bajo Sánchez, el Ejército colombiano contrató a la firma estadounidense VSC para realizar mantenimiento, reconstrucción y suministro de repuestos, eludiendo por completo a los contratistas rusos (Zona Militar, 2025, 24 de mayo). Zona Militar (2025) informó que para mediados de 2025, tres Mi-17 habían realizado pruebas de vuelo, con once aeronaves proyectadas para volver al servicio antes de fin de año. La recuperación restauró el 40% de la flota y añadió 750 horas anuales de vuelo a la capacidad operativa. La recuperación acelerada de los Mi-17 demostró la disposición de Sánchez a priorizar la necesidad operacional por encima de sensibilidades diplomáticas, resolviendo un impasse de mantenimiento que había persistido durante más de dos años.

Las decisiones sobre los Gripen, los sistemas antidrones, la producción doméstica y la recuperación de los Mi-17, aunque históricamente significativas, se conectan directamente con las cuestiones de autonomía estratégica examinadas en la siguiente sección.

Autonomía estratégica: la ilusión de la independencia

La autonomía estratégica representó la dimensión más disputada e ideológicamente cargada de la agenda de defensa de Sánchez. El gobierno de Petro enmarcó explícitamente la adquisición del Gripen como una declaración de soberanía, escogiendo un proveedor europeo por encima de los F-16 respaldados por Estados Unidos (IARI, 2025). Funcionarios estadounidenses vincularon la oferta del F-16 con beneficios de interoperabilidad con la OTAN y llevaron a cabo una agresiva campaña de lobby durante comienzos de 2025. El presidente Petro describió el Gripen como “un arma disuasoria para lograr la paz” (IARI, 2025). González (2025) caracterizó la adquisición como reflejo de una pugna dentro de la administración Petro entre alineamiento estratégico y autonomía. El movimiento paralelo para adquirir cazas Gripen suecos, rechazando ofertas estadounidenses e israelíes, sugirió un esfuerzo por diversificar dependencias y evitar convertirse en un peón geopolítico. Petro también situó la compra dentro de una estrategia de diversificación más amplia que incluyó la adhesión de Colombia al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS en junio de 2025.

Sin embargo, la evaluación de Miami Strategic Intelligence (MSI², 2025) expuso una paradoja fundamental dentro de las afirmaciones de autonomía de Colombia. Debido a que el Gripen E/F utiliza el motor estadounidense GE F414G, las exportaciones siguen sujetas a la aprobación de Estados Unidos bajo las International Traffic in Arms Regulations (ITAR). Colombia compró diversificación de fuentes de adquisición con una prima de costo del 47% sobre la alternativa F-16 (MSI², 2025), mientras mantenía plena exposición a la jurisdicción regulatoria estadounidense sobre sistemas críticos de propulsión. Colombia ganó independencia en la fuente de adquisición, pero no independencia operacional.

Más allá de la aviación, el Spanish Institute for Strategic Studies (2025) documentó un patrón más amplio de diversificación estratégica, incluida la creciente cooperación industrial de defensa de Colombia con Suecia bajo un memorando de entendimiento de 2017. Army Recognition (2025) documentó la aceleración de la producción doméstica colombiana durante ExpoDefensa 2025, donde Indumil (Industrias Militares) presentó nuevas plataformas de fusiles de asalto, sistemas robóticos EOD y tecnologías de drones. Los avances productivos de Indumil y COTECMAR demostraron un impulso genuino hacia la autosuficiencia. No obstante, IARI (2025) concluyó que ningún mandato ministerial individual podría cortar las dependencias estructurales del intercambio de inteligencia con Estados Unidos, los marcos de lucha contra el narcotráfico y las relaciones industriales de defensa construidas durante dos décadas. La autonomía estratégica bajo Sánchez siguió siendo una postura aspiracional más que una condición lograda, y el impacto real de esa postura dependía significativamente de cómo evolucionaran las relaciones bilaterales con Washington, la cuestión abordada en la sección analítica final.

Gestionando Washington: resiliencia institucional bajo presión política

Ninguna dimensión del mandato de Sánchez resultó más volátil ni operacionalmente más consecuente que la gestión de las relaciones de defensa entre Estados Unidos y Colombia. La relación se deterioró rápidamente en enero de 2025, cuando Petro se negó públicamente a aceptar vuelos de deportación de Estados Unidos, lo que provocó una amenaza presidencial del presidente estadounidense Donald Trump de suspender todos los pagos de Estados Unidos a Colombia (Breaking Defense, 2025, 24 de octubre). Breaking Defense (2025) y CRS (2025) informaron que estaban en riesgo aproximadamente 377 millones de dólares en asistencia exterior anual estadounidense, incluidos 37 millones de dólares en Foreign Military Financing y apoyo crítico de mantenimiento para la flota de helicópteros Black Hawk del Ejército colombiano.

Sánchez funcionó consistentemente como un ancla institucional moderadora durante toda la turbulencia bilateral. Sánchez abordó la fricción bilateral en una entrevista de enero de 2026 con The Globe and Mail: “No vemos a Estados Unidos como una amenaza. Si algún canal de cooperación internacional se rompiera, ganarían los narcotraficantes” (VanderKlippe, 2026). Esta postura contrastó marcadamente con la retórica confrontacional de Petro y reflejó la preferencia institucional de Sánchez por preservar la cooperación militar entre fuerzas armadas independientemente del ruido político a nivel presidencial.

El registro institucional respaldó el planteamiento de Sánchez. A pesar de la fricción diplomática, registros del U.S. Army (2025) confirmaron que los dos ejércitos realizaron sus 16.as conversaciones anuales de estado mayor entre ejércitos en septiembre de 2025. Ambos ejércitos firmaron 47 acciones acordadas organizadas en torno a la capacidad institucional, la modernización y las contramedidas contra organizaciones criminales transnacionales. Sánchez visitó personalmente SOUTHCOM en mayo de 2025 y sostuvo conversaciones con el almirante Alvin Holsey (U.S. Southern Command, 2025, 5 de mayo). Como documentó la Embajada de Colombia en Estados Unidos (2025), el almirante Francisco Cubides realizó un compromiso separado en Washington en marzo de 2025, reuniéndose con funcionarios del Departamento de Estado, líderes del Congreso y representantes de agencias de inteligencia. González (2025) señaló que en marzo de 2025, el general Carlos Triana y Gloria Miranda visitaron Washington para conversaciones de alto nivel sobre lucha contra el narcotráfico, señalando una renovación robusta de las operaciones conjuntas. Cubides también visitó la sede de la OTAN en mayo de 2025, donde se reunió con el liderazgo militar de la OTAN para avanzar en la cooperación OTAN-Colombia (González, 2025). Colombia recibió una invitación al Diálogo Estratégico del Flanco Sur de la OTAN, posicionando al país como un interlocutor privilegiado dentro de los marcos de seguridad transatlántica y marcando un cambio cualitativo en su perfil internacional de seguridad (González, 2025).

Colombia se comprometió públicamente a continuar la cooperación contra el narcotráfico, con Sánchez insistiendo ante un corresponsal de AFP en que Colombia estaba “absolutamente comprometida” con la lucha contra las drogas mientras se acercaba una fecha límite de certificación de Estados Unidos en septiembre de 2025 (Agence France-Presse, 2025). Reuters (2026, 5 de enero) informó que el gobierno colombiano reafirmó este compromiso a comienzos de 2026. El Departamento de Estado de Estados Unidos (2026) confirmó que el secretario de Estado Marco Rubio y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia Rosa Yolanda Villavicencio sostuvieron una llamada el 23 de enero de 2026 para discutir cooperación contra el narcotráfico antes de una reunión presidencial bilateral planificada. El Ministerio de Defensa Nacional (2026) envió a Sánchez a Washington en enero de 2026, donde Infobae Colombia (2026) informó sobre reuniones con altos funcionarios de la administración estadounidense. El Espectador (2026) informó que Sánchez confirmó la fecha de extradición de la figura del cartel conocida como “Pipe Tuluá” durante esa misma visita. El acuerdo Petro-Trump de febrero de 2026 para perseguir conjuntamente a los comandantes del ELN Mordisco, Chiquito Malo y Pablito demostró cooperación operacional de seguridad al más alto nivel bilateral (El Espectador, 2026, 7 de febrero). Ese acuerdo confirmó la durabilidad de la colaboración en seguridad a pesar de las tensiones políticas sostenidas entre los dos gobiernos.

El entorno regional de seguridad añadió mayor complejidad. The Guardian (2026) informó que operaciones militares estadounidenses bajo la Operación Southern Spear mataron a 133 individuos a bordo de embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe para mediados de febrero de 2026. Los ataques de la Operación Southern Spear generaron alarma en Bogotá sobre la estabilidad regional y posibles efectos colaterales a lo largo de la frontera venezolana. Sánchez ordenó despliegues militares hacia la frontera venezolana tras ataques estadounidenses cerca del territorio venezolano (El Espectador, 2026, 3 de enero). La declaración de postura del U.S. Southern Command (2025) identificó a Colombia como sede de un Rotary Aviation and Communications Electronics Center of Excellence, subrayando la profundidad estructural de la cooperación bilateral en seguridad que Sánchez trabajó para preservar.

La crisis de Catatumbo escaló hasta convertirse en una prioridad diplomática bilateral en abril de 2026. Como informó Baillie (2026), el presidente Petro anunció el 21 de abril que se reuniría con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el 24 de abril. Petro instruyó a Sánchez a diseñar una delegación que enfatizara la participación del sector defensa con autoridades militares y policiales para estructurar un plan conjunto de seguridad fronteriza. La reunión ocurrió en el contexto de la transición política venezolana posterior a Maduro tras la captura militar estadounidense del expresidente Nicolás Maduro en enero de 2026 (The City Paper Bogotá, 2026). Según News4JAX (2026), Petro subrayó la necesidad de una estrecha colaboración de inteligencia, advirtiendo que sin coordinación, las operaciones militares caerían en los lugares equivocados y matarían civiles. El compromiso con Venezuela confirmó el papel de Sánchez como el principal gestor de crisis de la administración para la coordinación de seguridad regional.

El análisis final: avances parciales, restricciones vinculantes y una transición incierta

El general Pedro Arnulfo Sánchez Suárez implementó de manera parcial y asimétrica sus objetivos declarados de política de defensa durante su primer año como ministro de Defensa de Colombia. La modernización militar registró los avances más claros del mandato de Sánchez. El contrato de los Gripen, el Escudo Nacional Antidrones, el marco de inversión CONPES de diez años y las iniciativas de producción doméstica de ExpoDefensa 2025 representaron colectivamente el ciclo de inversión militar más sustantivo en una generación. Las relaciones militares bilaterales con Estados Unidos demostraron resiliencia a nivel institucional, sostenidas por el profesionalismo diplomático constante de Sánchez incluso cuando la retórica de Petro desestabilizaba las relaciones políticas.

La autonomía estratégica avanzó retórica y simbólicamente, pero permaneció estructuralmente limitada por dependencias ITAR, obligaciones de intercambio de inteligencia (CRS, 2025) y el peso de dos décadas de arquitectura contra el narcotráfico financiada por Estados Unidos. El entorno de seguridad interno, caracterizado por negociaciones de paz colapsadas, aumento de la violencia rural y unas fuerzas armadas operacionalmente debilitadas, impuso las restricciones más vinculantes a la capacidad de Sánchez para una planificación de defensa coherente y de largo plazo. La evidencia sugiere que Sánchez actuó con mayor eficacia como estabilizador institucional y acelerador de adquisiciones, y con menor eficacia como reformador estratégico capaz de reorientar la postura fundamental de defensa de Colombia dentro de un calendario político comprimido. Con elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo de 2026, evaluamos que la durabilidad de las inversiones de modernización iniciadas por Sánchez dependerá de si el próximo gobierno de Colombia decide sostenerlas o redirigirlas. El calendario comprimido (primera vuelta el 31 de mayo, posible segunda vuelta el 21 de junio y transición presidencial en agosto de 2026) determinará si las entregas de los Gripen, la recuperación de los Mi-17 y los despliegues antidrones avanzan según lo previsto o enfrentan una discontinuidad política.

Referencias

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Zona Militar. (2025, 24 de mayo). The National Army of Colombia advances in the recovery of its fleet of Mi-17 helicopters of Russian origin. https://www.zona-militar.com/en/2025/05/24/the-national-army-of-colombia-advances-in-the-recovery-of-its-fleet-of-mi-17-helicopters-of-russian-origin/

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