Denuncian que opositores cubanos fueron desnudados y fotografiados durante una acción represiva

De acuerdo con la denuncia, ambos fueron interceptados por hombres que se desplazaban en un automóvil negro, registrados y posteriormente trasladados hasta el lugar. Allí, según Justicia 11J, fueron obligados a desnudarse completamente y amenazados para que abandonaran sus actividades disidentes.

"Ambos fueron obligados a desnudarse completamente, fotografiados o grabados desnudos y amenazados para que abandonaran sus actividades disidentes", señaló la organización, que agregó que los hombres abandonaron posteriormente a la pareja en el lugar y se llevaron el teléfono celular de Liquí Rodríguez.

Denuncian una práctica de intimidación

Justicia 11J advirtió que el episodio no sería un hecho aislado. La organización recordó que el activista José Díaz Silva denunció recientemente que el ex preso político Mario Alberto Hernández Leyva también fue desnudado y fotografiado durante una acción represiva.

La entidad calificó estos hechos como de "extrema gravedad" y sostuvo que la desnudez forzada, la humillación y la obtención de imágenes íntimas sin consentimiento pueden constituir formas de violencia, coerción y trato degradante, especialmente cuando son utilizadas para intimidar a personas por sus opiniones o actividades políticas.

Justicia 11J reclamó que se identifique a los responsables y se determine qué ocurrió con el material obtenido durante el procedimiento.

"Es imprescindible identificar a los responsables y determinar el destino y uso del material obtenido, así como del teléfono y la información privada de las víctimas", enfatizó.

Represión

Liquí Rodríguez ya había sido víctima de represalias

Liquí Rodríguez, de 32 años, es delegado del Movimiento Democracia, integrante del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y promotor de Cuba Decide. El activista ha sido detenido y amenazado anteriormente por su participación en actividades de oposición al régimen cubano.

En octubre de 2025 fue detenido violentamente en su vivienda, en el municipio Marianao, La Habana, después de colocar carteles contra el régimen, según denunció entonces el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

El activista también cumplió tres años de prisión política tras ser condenado por delitos relacionados con la Seguridad del Estado, daños continuados a la propiedad estatal y "propaganda subversiva contra el proceso revolucionario".

Cubalex alerta sobre el abandono de opositores

El caso denunciado contra Liquí Rodríguez y Barceló Prohías se produce en medio de otras denuncias sobre métodos de intimidación empleados contra opositores y activistas cubanos.

La organización de asesoría legal Cubalex denunció que el abandono de opositores en lugares despoblados, alejados de sus viviendas y, en algunos casos, incluso en otras provincias, se ha convertido en una práctica utilizada por agentes de la Seguridad del Estado para intimidar y castigar a quienes ejercen derechos fundamentales.

En un informe reciente, Cubalex sostuvo que durante agosto documentó 280 eventos represivos que incluyeron 543 incidentes de hostigamiento contra al menos 187 víctimas.

"El aparato estatal prioriza el control coercitivo sobre la garantía de la vida, la seguridad y la provisión de necesidades básicas esenciales", afirmó la organización.

Cubalex también señaló que las acciones represivas se producen mientras persiste una profunda crisis en el acceso a servicios públicos, salud y alimentación en la isla.

"Frente a la profunda crisis de acceso a servicios públicos, a la salud y alimentación, el Estado criminaliza la libertad de expresión, asociación y protesta", concluyó la organización.

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FUENTE: Con información de Diario de Cuba