El Pastor Rigal y su esposa son condenados por el régimen de Castro

En el mes de abril condenaron al pastor Ramón Rigal Rodríguez y su esposa Adya Expósito Leyva, a un año de cárcel para cada uno. El primero tendrá que cumplirlo en un centro de trabajo forzado, la segunda en su casa.

La razón de esta prisión es porque ambos se niegan a que sus hijos reciban enseñanzas del sistema educacional cubano, así lo recoge el código penal cubano en su artículo 315.1 (Modificado):

“El que no atienda o descuide la educación, manutención o asistencia de una persona menor de edad que tenga bajo su potestad o guarda y cuidado, incurre en sanción de privación de libertad de 3 meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.

3. El que induzca a un menor de edad a abandonar su hogar, faltar a la escuela, rechazar el trabajo educativo inherente al sistema nacional de educación o a incumplir sus deberes relacionados con el respeto y amor a la patria, incurre en sanción de privación de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.”

Hace años este matrimonio solicitó al Ministerio de Educación el poder educar a sus hijos Joel y Ruth en casa, respetando el programa de educación establecido por el país para cada grado. Los motivos por los que como padres, consideran que sus menores no son compatibles con las escuelas cubanas parten de su fe cristiana. Ramón y su esposa consideran que sus hijos no deben cantar el Himno nacional, ni saludar la bandera, ni participar en actividades políticas. Pero esto le ha acarreado que sus hijos se sientan aislados, diferentes a los demás, en algunos casos han sido motivo de burlas de otros niños, sin contar que algunas veces han sido agredidos por niños, cuestión que los pone indefensos y no seguros pues su evangelio les profesa el amor y no la violencia.

El testimonio de Ramón Rigal recoge además que los maestros no están preparados para dar correctamente las clases y en otros casos es notable la degradación moral en el propio sistema educacional y sus consecuencias negativas para la formación sana de los educandos y su inserción social en el futuro.

La respuesta del Ministerio no se ha hecho esperar, los han llevado a juicio no sin antes hacer toda la presión posible, en todo el entorno de la familia y social para que desista de la idea. Esta pareja que practica la fe cristiana en su propio hogar donde muchos feligreses van a recibir el mensaje de Dios han recibido el apoyo de muchos.

Sencillo, inteligente y locuaz a la hora de defender su causa, el Pastor Rigal asegura que no dejará de luchar por esa razón que considera es justa y legal ante los ojos de Dios y de las convenciones internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos donde en su artículo 26 señala: “Los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. También refiere que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales defiende la libertad de los padres de escoger para sus hijos una educación religiosa o moral que esté acorde con sus propias convicciones, en escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas.

Ramón Rigal se ha estudiado todo lo concerniente a leyes de distintos países y acuerdos en este sentido de la educación privada o "homeschooling" como se les llama en otros países y los expone claramente, como lo hizo en la vista oral ante un tribunal municipal de Guantánamo. Los testigos de la Fiscalía, los maestros y el director de la escuela a que pertenecen los hijos, mintieron en su alegato, según manifiesta el propio Rigal.

Luego de los resultados del juicio continúan insistiendo las autoridades de educación en que los hijos deben ir para la escuela. “Me han llegado a acusar de contrarrevolucionario y que es un plan del enemigo para subvertir el orden educacional establecido en el país, pero yo no soy político, no pertenezco a ningún movimiento o partido, me entregué a Dios y eso me hizo cambiar la vida completamente y quiero que mis hijos reciban la fe de la salvación”, aseguró el Pastor Rigal.

El próximo paso es apelar al Supremo, si se ratifica que debe cumplir la condena que le han impuesto y sus hijos irán a una casa de la Patria. Aun así, esta familia humilde está decidida a continuar luchando por la educación privada a sus hijos y ha pedido toda ayuda internacional para con su causa.

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