El Salvador entre la seguridad y respeto a los derechos

La Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Bukele, votó abrumadoramente durante la noche del martes por la noche para prorrogar las medidas bajo las cuales han sido detenidas más de 46.000 personas, según reportó AP.

“Se ven los resultados que estamos dando como Gabinete de Seguridad”, dijo a los diputados el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. “Vamos a mantener firmes las estrategias”.

Democracia en crisis

Con estrategias, en realidad, se refiere a una respuesta estatal derivada de la concesión de poderes extraordinarios a Bukele, quien se ha transformado en un polémico personaje, látigo de las pandillas, a las que responsabiliza por 62 asesinatos el 26 de marzo.

Vigilantes de la democracia, no obstante, han alertado de que, bajo el estado de excepción, el derecho de asociación, el derecho a ser informado del motivo de un arresto y el acceso a un abogado están suspendidos, en tanto el tiempo que una persona puede estar detenida sin cargos se amplía de tres días a 15 días.

Y no solo eso. El gobierno también tiene facultades para intervenir en las llamadas y el correo de cualquier persona que considere “sospechosa”.

Marchas antigubernamentales

La situación ha provocado que más de un centenar de personas, en su mayoría mujeres, viajaran desde el interior del país hacia San Salvador el domingo último con el propósito de protestar en contra del Gobierno. Las asiste la inconformidad por los cientos de detenciones que califican de injustificadas, ocurridas en el marco del Régimen de Excepción.

La marcha, que fue organizada por familiares de los detenidos, comenzó en la plaza del Salvador del Mundo y fue frenada por la policía antidisturbios, que levantó barreras para detener su avance durante la trayectoria a Casa Presidencial.

Este comportamiento ha llevado al gobierno de Bukele a ser repudiado por la prensa independiente salvadoreña y por la prensa liberal en el mundo. El pasado miércoles 19 de julio se cumplieron 115 días de vigencia del Régimen de Excepción, lo que se ha traducido en suspensión de derechos constitucionales y medios como El Faro no dejan de denunciarlo.

Lista Engel, sucios vínculos

Apenas unos días atrás, un documento interno del Departamento de Estado reveló el nombre de 61 personas a las que Estados Unidos ha añadido o pretende añadir desde ya a la llamada Lista Engel, que sanciona a funcionarios, exfuncionarios o empresarios considerados corruptos o responsables de graves conductas antidemocráticas en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Con ello se filtra que no pocos de los enlistados son figuras cercanas a los mandatarios de los tres países. En particular, tres de los señalados de El Salvador son altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele. Además, se ratifica el escrutinio público a su jefe de fracción legislativa y al menos otros cuatro miembros del gabinete que ya fueron sancionados el año pasado.

Lo que logra la ciudadanía con la inclusión de personajes antidemocráticos y/o corruptos en la Lista Engel es que estos pierdan inmediatamente cualquier visa o permiso para entrar a territorio estadounidense. Les repercute también desde el ángulo político, al ser sancionados en muchos casos como responsables de perseguir y encarcelar con cargos falsos a ciudadanos.

De hecho, las autoridades salvadoreñas han realizado oleadas de arrestos, a menudo con muy poca evidencia, según denuncias publicadas en la prensa. Generalmente, los arrestados son acusados de pertenecer o asociarse con una de las pandillas callejeras más poderosas del país.

El argumento de la “Seguridad”

Grupos civiles y de derechos humanos advierten, en contraste con la idea de que “los arrestos están haciendo que El Salvador sea más seguro”, que se trata de arrestos arbitrarios y que cuando los detenidos finalmente ven a un juez, son encarcelados casi automáticamente durante seis meses en espera de juicio. Alertan además sobre la muerte en prisión de algunas personas. Esto pone en entredicho la afirmación de Villatoro de que ha habido días sin homicidios en todo el país. “Hemos destruido la estructura transnacional, criminal y terrorista, el negocio de la droga que dirigían los terroristas, y los vamos a erradicar por completo”, dijo, sin precisar a qué costo.

Aunque las pandillas, que estarían integradas por unos 70.000 miembros, controlaron franjas de territorio, reclutaron, extorsionaron y mataron con impunidad, llama la atención que el gobierno de Bukele las combata con los mismos argumentos que utilizan regímenes de la región para prolongarse en el poder. Uno de los banderines que ha levantado por años la Cuba castrista es el de la “seguridad”.

Bajo otras dictaduras también se ha invocado esa “seguridad” que oculta violaciones de derechos humanos, represión, violencia estatal pero, sobre todo, miedo del ciudadano no ya a alzarse, sino a expresar su opinión. Es el espejo en el que deberían mirarse los que siguen viendo a Bukele con el romanticismo que vieron, un día, a otros personajes autoritarios.

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