En Venezuela se mantienen las protestas por aumento de ingresos insuficiente

El entorno laboral venezolano con la llegada del chavismo al poder se fue complicando, así como la economía nacional. Atrás quedó la normativa jurídica que rige la relación entre trabajadores y patronos, ya sea sector público o privado.

La hiperinflación que sufrió Venezuela durante años “pulverizó todas las reservas de prestaciones sociales y generó cambios de varios ceros en la moneda que, al actualizar un salario actual, pondría la deuda en niveles astronómicos, que refieren a una actividad comercial que pasó hace años y que ya no habría forma de cubrir”, afirma el economista Luis Vicente León, en un intento por explicar a un trabajador cómo estará compuesto el “ingreso integral mínimo” que percibirá a partir de este 1 de mayo.

León destaca en un post la diferencia entre “ingreso integral” y “salario mínimo”. Destaca que la diferencia es muy importante, porque de acuerdo con el anuncio de Rodríguez, el salario mínimo sigue congelado al nivel de 2022, es decir en Bs 130 mensuales.

El salario mínimo en Venezuela marca o, mejor dicho, es la base de referencia para el cálculo de las prestaciones sociales, vacaciones y utilidades. Estos beneficios están consagrados en la Ley Orgánica del Trabajo.

Lo que fueron y ahora no son los bonos

Antes de la llegada del chavismo al poder, se consagró en Venezuela la “bonificación” como una forma de otorgar beneficios a los trabajadores, pero que no aumentaban los pasivos laborales de la patronal. Esos bonos no tenían incidencia en las prestaciones sociales, vacaciones y utilidades de los trabajadores, quienes comenzaron a rechazar este tipo de beneficios de los bonos.

Una de las promesas de Chávez antes de llegar al poder y a inicios de su gestión, fue acabar con la “bonificación salarial”, pero la paradoja fue que en las gestiones tanto de Chávez como de Nicolás Maduro y ahora, de Delcy Rodríguez, “la bonificación” se ha profundizado.

Al principio, el bono de alimentación se creó para que el trabajador pudiera tener al día una comida completa y balanceada. Lo que funcionó bastante bien por algunos años. Pero con el correr del tiempo se desvirtuó y hoy en día, el monto de $40 mensuales no cubre las necesidades básicas alimenticias del trabajador.

A manera de ejemplo, con un poco más de un dólar no se cubre un plato de comida diaria. En restaurantes modestos un almuerzo ronda por los $8.

Otra forma, que encontraron las administraciones chavistas de tratar de palear, la grave situación socioeconómica de los venezolanos que se la atribuyeron a las sanciones estadounidenses fue crear el denominado “bono de guerra”.

Este “bono de guerra” se pagaba en un principio a los trabajadores públicos y luego, comenzaron a pagárselos a los jubilados (administración pública) y pensionados (administración privada).

El sector privado también se vio obligado a pagar varias ayudas o beneficios en aras de coadyuvar a los trabajadores de este sector que no reciben el “bono de guerra”.

¿Qué pasó con el aumento responsable?

Los días previos al 30 de abril, Rodríguez ya había anticipado que los aumentos de los ingresos no serían altos. El 9 de abril, dijo: “Anuncio que el 1 de mayo haremos un incremento. Y ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable”.

Su anuncio echó por tierra las esperanzas de los trabajadores de mejorar sus condiciones de vida, dado que el ingreso promedio que recibían los trabajadores, sobre todo del sector público, rondaba los $160 que no cubren la canasta alimentaria que de acuerdo con los cálculos de los expertos oscila en los $600.

Rodríguez anunció un “ingreso integral” para el sector público de $240, que al cambio representan Bs 116.906, 4. Esto al 1 de mayo. No habló del salario mínimo que se entiende sigue congelado en los Bs 130 mensuales.

Estos $240 lo percibirán los empleados públicos y se exhortó a la empresa privada a llegar a esos montos si sus trabajadores perciben un ingreso menor que el pautado. Este ingreso se desglosa en $150 en bono de guerra (sin aumento), $40 bono de alimentación (sin aumento), más $50, que cuyo concepto no está claro.

En el caso de los jubilados (administración pública) recibirán $200 mensuales ya que no les corresponde el pago del bono de alimentación. Mientras que los pensionados (sector privado) seguirán cobrando la pensión de Bs 130 mensuales y $70 de bono de guerra. Hasta el 30 de abril, cobraban $50 por el bono de guerra.

Los trabajadores venezolanos, con gran disgusto por ese aumento que consideran una “burla” y “pírrico” prosiguieron sus protestas callejeras antigubernamentales. Este 1 de mayo salieron a las calles de Caracas y en otros estados, para manifestar su descontento a las puertas del Palacio de Gobierno: Miraflores, pero como era de esperarse los contingentes policiales impidieron el paso a la sede del poder Ejecutivo.

Reacciones dentro y fuera de Venezuela

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, se pronunció a través de su cuenta de X sobre el ajuste del “ingreso mínimo integral” anunciado por Delcy Rodríguez.

González criticó que el chavismo califique el incremento de “responsable” e “integral” y señaló que se trata únicamente de un cambio de denominación que no modifica la precaria situación económica de los venezolanos.

Asimismo, denunció que, mientras se argumenta falta de fondos para mejorar los salarios, el chavismo sí dispone de recursos financieros para sostener sus estructuras de control y mantener la persecución contra los gremios y líderes sindicales.

La ONG defensora de los derechos humanos Provea también denunció que se mantiene la poca claridad oficial al no especificar qué monto corresponde a “salario real” y cuánto corresponde a bonificaciones.

“Insistimos en que un genuino proceso de recuperación de la democracia y de respeto a los derechos ciudadanos solo será posible si se atiende con urgencia la enorme deuda social del Estado venezolano”, señaló la organización en una publicación en X.

Provea indicó que el “nuevo momento político”, anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que incluye acuerdos energéticos y compromisos comerciales con Estados Unidos, parece “estar echando a un lado las necesidades de las grandes mayorías, para satisfacer las necesidades del tutelaje transnacional”.

La organización reiteró que el Estado venezolano tiene la obligación de adoptar medidas urgentes e inmediatas para cerrar la enorme brecha generada por la desigualdad y el empobrecimiento generalizado de la población.

Por su parte, el economista José Guerra declaró que el anuncio no representa un incremento del salario mínimo, sino una redistribución de bonos dentro del ingreso total: “Esto es mentira. De hecho, no hubo aumento de salario, el salario quedó igualito”, afirmó a El Pitazo.

Agregó que esta modalidad no tiene incidencia en prestaciones laborales, escalas salariales, primas, vacaciones ni beneficios contractuales, al no modificarse el salario base.

El sindicalista Mauro Zambrano aseguró que el esquema de bonificaciones no responde a las necesidades de los trabajadores: “Nosotros siempre hemos combatido la política de bonos. Nuestra expectativa era mucho más alta, y no solo alta, sino que no fuese bono, que fuese salario”, afirmó también a El Pitazo

Zambrano advirtió que la ausencia de un aumento salarial real afecta directamente la estructura de ingresos de los trabajadores, incluyendo escalas salariales, bonos nocturnos, beneficios contractuales, antigüedad, primas, vacaciones y aguinaldos.

Comisión estudia

Venezuela se dispone a emprender una reforma laboral profunda, iniciativa que surgió de la administración Rodríguez y, por supuesto, causa muchas dudas en el sector laboral, cuya mayoría no se siente representada en la comisión que se creó para tales fines.

Rodríguez en su anuncio de este 30 de abril, también aseguró que el Ejecutivo “llegó a un amplio acuerdo con distintos sectores de la sociedad civil a través de la denominada mesa para los consensos laborales y sociales. Que, de acuerdo con sus declaraciones, lo integran: la Central Bolivariana, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (oposición), la Central Independiente de Venezuela ASI (oposición) y las dos organizaciones de cámaras: Fedecámaras y Fedeindustria.

El ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, reconoció este jueves 30 de abril, en entrevista a la televisora estatal que se está evaluando una reforma a la Ley Orgánica del Trabajo.

“Lo estamos discutiendo. Eso tiene que salir de parte de la mesa, del consenso de todos. Estamos discutiendo todas las variables, estamos sacando todas las cuentas responsablemente, allí tenemos el aporte que está haciendo el Ministerio de Planificación, con sus estadísticas que nos está proporcionando para tener todo a la mano. Aquí no vamos a tomar decisiones irresponsables”.

Informó que salud, educación, educación universitaria, policías y fuerzas armadas, serán los cinco sectores beneficiados con el bono profesional y académico anunciado por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante el cierre de la peregrinación por el levantamiento de las sanciones y la Paz.

El ministro del Trabajo desestimó a los empleados universitarios, de la salud y estudiantes que han mantenido movilizaciones por reivindicaciones salariales desde que comenzó este año.

“Esos no son gremios. Lo primero es que esos no son gremios. Nosotros estamos sentados con los gremios, y estamos con la CTV, ASI, la CGT, estamos sentados con ellos y estamos sentados también con la Central Bolivariana de Trabajadores. En el sector empresarial estamos sentados con Fedecámaras y Fedeindustria. Esos que están esgrimiendo una bandera política, esos no son gremios. Esos no están registrados en el Ministerio del Trabajo como gremios y además de eso no son trabajadores de ningún sector”, aseguró.

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FUENTE: Con información de El Pitazo, Bitácora Económica y Canal estatal VTV