Exgobernador mexicano habría entregado pruebas a EEUU que inculpan a Morena

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) calificó el huachicol fiscal como “la red criminal, de complicidad política y de corrupción más grande en la historia” de México. La expresión se utiliza en ese país para describir la importación o comercialización irregular de combustibles mediante documentos, clasificaciones aduaneras o declaraciones falsas destinadas a evadir impuestos.

“Esto no puede ser posible sin el aval y la autorización de Palacio Nacional”, declaró Cabeza de Vaca, quien sostuvo que el funcionamiento de la estructura habría requerido la participación de siete dependencias del Gobierno federal. También aseguró que advirtió personalmente a López Obrador después de que su administración confiscara, en noviembre de 2019, varias pipas cargadas con combustible cuyo ingreso legal al país no pudo ser acreditado.

El exmandatario situó a Sergio Carmona, empresario asesinado en 2021 y conocido como el “Rey del Huachicol”, en el centro del supuesto entramado. Afirmó que tres teléfonos recuperados después de su muerte contienen comunicaciones y datos sobre dirigentes, funcionarios y operaciones destinadas presuntamente a financiar más de 15 campañas por gubernaturas, además de candidaturas al Congreso federal y alcaldías.

Cabeza de Vaca señaló al secretario de Educación y al gobernador de Tamaulipas entre los políticos presuntamente relacionados con la estructura. Sus declaraciones coinciden con cuestionamientos sobre contratos por unos 336 millones de pesos que empresas vinculadas con Carmona recibieron durante su propia administración. El exgobernador reconoció esas contrataciones, pero sostiene que las obras fueron ejecutadas y niega haber mantenido una relación personal con el empresario.

Desde Estados Unidos, Cabeza de Vaca reveló que ha llevado información sobre el presunto entramado ante autoridades federales y que los expedientes continúan fortaleciéndose con nuevos testimonios y evidencias. Aseveró que agencias estadounidenses investigan el destino del dinero y sus posibles conexiones políticas y criminales, aunque evitó identificarlas o revelar detalles por tratarse, según dijo, de indagaciones en curso.

—Usted afirmó que el esquema de huachicol fiscal estaba autorizado políticamente desde el Palacio Nacional. ¿Señalaba directamente a Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué sabía el expresidente y qué pruebas tiene para demostrarlo?

Para que se llevara a cabo una operación de esta magnitud, donde estamos hablando de una evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios [IEPS] cercana a los 600.000 millones de pesos, esto no puede ser posible sin el aval y la autorización de Palacio Nacional. Hay siete secretarías involucradas en esta operación, que no solamente descubrí, sino que denuncié y exhibí. Se trata de la red criminal, de complicidad política y de corrupción más grande en la historia de este país. Me refiero al huachicol fiscal. Esto fue con la anuencia del presidente de la República. Hay testimonios, evidencias y bitácoras de vuelos relacionados con operaciones que hizo quien entonces presidía Morena para llevar a Sergio Carmona, conocido como el ‘Rey del Huachicol’, al Palacio Nacional, presentarlo con el presidente y armar todo este esquema de contrabando. Esto permitió financiar campañas políticas de Morena. También compartieron gran parte de esos recursos con empresarios vinculados a ellos y, muy especialmente, con grupos criminales y cárteles en México.

—¿Qué tienen que ver en este entramado los tres teléfonos de Sergio Carmona?

Todo. Sergio Carmona perdió la vida en noviembre de 2021. Meses después, como gobernador de Tamaulipas, pedí la colaboración de la Fiscalía de mi estado con la Fiscalía de Nuevo León para tener acceso a la información de esos teléfonos. De ahí sale a relucir toda la operación: con qué políticos estaban trabajando, entre ellos personas que actualmente son senadores, y el actual gobernador de Tamaulipas. Toda esa red de complicidades no solamente se hizo pública, sino que fue denunciada ante la Fiscalía General de la República.

—También se ha mencionado a otras personalidades políticas. ¿Hasta dónde llegaría esa red?

Estamos hablando de una estructura con la que se financiaron más de 15 campañas por gubernaturas. Quien era el presidente de ese partido político, el actual secretario de Educación, fue quien, junto con funcionarios del Gobierno y con la anuencia del presidente de la República, armó todo este esquema. Con ese dinero financiaron campañas en estados como Michoacán, Sinaloa, Nayarit, Colima, Campeche, Tamaulipas y las dos Baja California. Fue un esquema jamás visto. Estamos hablando de cantidades muy grandes que les permitieron apoyar candidaturas a las gubernaturas, pero también al Congreso federal y a alcaldías.

—Usted ha asegurado que las pruebas están a disposición de Estados Unidos. ¿Qué agencias tienen esa información?

Por razones obvias, no puedo revelarlo porque las investigaciones están en curso. Lo que puedo decir es que agencias de Estados Unidos ya tienen esa información y llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Por eso existe tanto nerviosismo dentro de Morena y en la propia Presidencia de la República. Hay mucha inquietud y preocupación por esas investigaciones. Hoy, esos políticos se sienten protegidos por el manto de impunidad que les proporciona este gobierno autoritario en México. Sin embargo, también saben que las investigaciones y los expedientes continúan fortaleciéndose en Estados Unidos. Cada vez que uno de esos políticos busca ser acogido como testigo protegido, surge más información sobre lo que ya habíamos denunciado.

—¿Cuándo comenzó su gobierno a detectar estas operaciones?

Las primeras pipas fueron incautadas durante un operativo en noviembre de 2019. Todo está documentado y se presentaron las denuncias correspondientes. Lo hizo mi gobierno. Pero no nos detuvimos ahí. Continuamos con trabajos de investigación y con algo que pocos gobiernos estatales realizan: labores de inteligencia. Yo fui quien enfrentó la situación, quien se la dio a conocer al presidente y quien descubrió toda esta operación. Eso incomodó a muchas personas. Estamos hablando de noviembre de 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador se encontraba en la cúspide del poder. Meses después de presentar las denuncias, tuve la oportunidad, Dios me puso ahí, de participar en una conferencia matutina en Reynosa, Tamaulipas, junto al presidente. Ante una pregunta de un medio afín a ellos, que probablemente pretendía incomodarme, aproveché para decirle al presidente que no coincidía con sus políticas públicas en asuntos como salud o energías limpias. También le entregué un documento con órdenes de aprehensión estatales por delitos del fuero común contra capos del narcotráfico e integrantes de grupos criminales que hoy son señalados por Estados Unidos como narcoterroristas.

—¿Le habló en esa oportunidad sobre el contrabando de combustibles?

Sí. Casualmente, en las mismas instalaciones donde se realizaba esa conferencia habíamos colocado las pipas confiscadas. Le dije: “Señor presidente, aquí fue precisamente donde puse las pipas que confiscamos. Esto va a escalar porque no es solamente un problema de evasión del IEPS, que deja de ingresar a la Federación, sino que también fortalece las estructuras criminales”. Fue entonces cuando comenzamos a analizar que no se trataba únicamente de evasión fiscal, sino que estaban utilizando ese dinero para financiar campañas de Morena. Al descubrir todo esto, por supuesto que tenían que ir contra quien había encontrado la red de corrupción más grande que ha existido en el país y había enfrentado al presidente de la República. Era conocida la inconformidad de los gobiernos de oposición con las acciones y políticas públicas del presidente. Yo tuve la oportunidad de decírselo de frente, en cadena nacional, mirándolo a los ojos y sin titubeos.

—La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha llamado “prófugo de la justicia”, mientras usted se presenta como un “perseguido de la justicia”. ¿Qué le responde?

Se lo contesté inmediatamente: no puedo ser prófugo de una justicia que me fue negada. Ellos fabricaron delitos. He demostrado que todo esto fue una operación de persecución política contra uno de los principales opositores del régimen de López Obrador, de la llamada Cuarta Transformación y de la propia presidenta. No solo soy incómodo, sino que represento un factor de unidad para la oposición. Tengo la capacidad de unir fuerzas políticas y opositores contra un régimen autoritario que ha causado mucho daño. Yo gané las instancias correspondientes y demostré que todo esto fue una fabricación. No me acusaron de delincuencia organizada, vínculos con el narcotráfico, alianzas con grupos criminales o corrupción. Todo comenzó por la venta de un apartamento y un cajón de estacionamiento. Por increíble que parezca, esa fue la fabricación que utilizaron y que llegó al extremo de convertirme en el único gobernador en la historia de México sometido a un proceso de desafuero de esa naturaleza, que fue ilegal e inconstitucional. El caso sentó un precedente y generó una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que una acción similar pudiera utilizarse en la persecución de otro gobernador u opositor, porque los gobernadores cuentan con fuero local.

—¿México mantiene vigente la solicitud de extradición en su contra?

Eso es lo que ellos dicen. Nosotros no tenemos conocimiento directo. Para una extradición se requieren elementos y tienen que demostrar las acusaciones. Aquí, a diferencia de México, se respetan la ley y la justicia. Allá actúan por capricho del presidente o del gobernante de turno. Las autoridades de Estados Unidos han estado informadas de todo este proceso desde 2021 y conocen plenamente las situaciones a las que hemos sido sometidos. El gobierno de Claudia Sheinbaum —y anteriormente el de López Obrador, que al final representan lo mismo— acaparó los tres poderes. Controla el Ejecutivo y obtuvo una mayoría calificada en ambas cámaras después de que el Tribunal Electoral le concediera una sobrerrepresentación que considero ilegal. Más recientemente, tomó el Poder Judicial mediante lo que hoy se conoce como la ‘Suprema Corte del Acordeón’. Recibimos una embestida de los tres poderes como no la ha enfrentado ningún otro político.

—Sheinbaum impulsa una reforma para impedir que personas con doble nacionalidad puedan aspirar a la Presidencia o a una gubernatura. ¿Cómo recibe usted esa medida dado que tiene nacionalidad mexicana y estadounidense?

Esto ya está contemplado en la Constitución. Cuando alguien aspira a un cargo de elección popular, especialmente federal, tiene que renunciar a la otra nacionalidad. La realidad es que a Sheinbaum y a Morena no les incomoda cualquier doble nacionalidad. Tienen una fobia contra la doble nacionalidad mexicana y estadounidense. En una conferencia matutina puso como ejemplo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien cuenta con las nacionalidades colombiana e italiana, pero ahí no dijeron nada. Lo que les incomodó fue la nacionalidad estadounidense de ‘El Tigre’ [De la Espriella en Colombia]. Eso envía un mensaje muy desafortunado porque ahora resulta que los mexicanos con doble nacionalidad estadounidense estamos bajo sospecha, pese a que esa comunidad es la que más dinero aporta a nuestro país mediante las remesas, que constituyen el segundo ingreso de México. Más de 11 millones tienen doble nacionalidad. El mensaje es: “Bienvenido el dinero, pero no tienes derecho a participar políticamente”. Quieren mexicanos de primera y de segunda. Vamos a combatir esa reforma. Acudiremos a la Suprema Corte, aunque sabemos la suerte que podría correr porque ellos la manipulan. También recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el mensaje que la presidenta envía, en un momento muy inoportuno, a nuestro principal socio comercial y aliado: Estados Unidos.

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