Expresidentes del grupo IDEA condenan muerte de concejal venezolano, Fernando Albán

Ante tales hechos los firmantes consideran obligante declarar ante la comunidad internacional el texto completo que se compia a continuación:

• a) El concejal Albán, una vez como regresa al país el pasado viernes 5 de octubre, procedente de Nueva York, luego de visitar a sus hijos y acompañar al dirigente político Julio A. Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional, en sus gestiones de denuncia de la dictadura con motivo de las sesiones de la Asamblea General de la ONU, es víctima de una desaparición forzada. De ella se hace eco, al día siguiente, el Cardenal Jorge Urosa Sabino, Arzobispo Emérito de Caracas, declarando encontrarse “sumamente preocupado”.

• b) El 7 de octubre, tras más de 20 horas de desaparecido, el concejal Albán es llevado a los tribunales del régimen a fin de imputársele tener relación con el presunto magnicidio del que afirma haber sido víctima el dictador Maduro, cuya versión han rechazado varias Cancillerías de la región. Sin más, personeros del régimen, el ministro del interior, general Néstor Reverol y, el fiscal general designado por la llamada constituyente, Tarek William Saab, afirman el día 8 siguiente que el concejal decidió suicidarse en la sede de la policía política (SEBIN), tristemente famosa como sitio de torturas, esperando su nuevo traslado a los tribunales, lo que ofende el sentido común.

En consecuencia:

- Condenamos el desenfreno criminal represivo por parte de la dictadura venezolana, que se agrega al mantenimiento de su pueblo en condiciones de hambruna generalizada y de masiva diáspora hacia el extranjero.

- Hacemos propia la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Chitay Nech, 2010), a cuyo tenor “el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e inhumano [tanto como...] el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales, agentes estatales o particulares que actúen con su aquiescencia o tolerancia, que impunemente practiquen la tortura y el asesinato, representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones a los derechos a la integridad física y a la vida, aún en el supuesto de que no puedan demostrarse los hechos de torturas o no haya sido ultimada, o si esos hechos no pueden demostrarse en el caso concreto”.

El documento está firmado por:

Óscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Nicolás Ardito Barletta, Panamá

Belisario Betancur, Colombia

Enrique Bolaños, Nicaragua

Felipe Calderón, México

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Laura Chinchilla, Costa Rica

Fernando de la Rúa, Argentina

José María Figueres, Costa Rica

Vicente Fox, México

Eduardo Frei T., Chile

César Gaviria T., Colombia

Felipe González, España

Luis Alberto Lacalle, Uruguay

Jamil Mahuad, Ecuador

Osvaldo Hurtado, Ecuador

Ricardo Lagos Escobar, Chile

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana, Colombia

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Álvaro Uribe V., Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

Asdrúbal Aguiar (Secretario General de IDEA)

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FUENTE: REDACCIÓN