Fiscalía pide retirar inmunidad a jueces del Supremo Electoral

Esta medida fue tomada por el ente mientras se esperan los resultados oficiales de la segunda ronda presidencial.

La solicitud de retiro de inmunidad es para la magistrada Irma Palencia, el juez Mynor Custodio Franco Flores y el suplente Álvaro Ricardo Cordón Paredes por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la constitución por permitir la postulación a diputado de Manuel Antonio Baldizón Méndez, que finalmente fue cancelada. Baldizón nunca participó en las elecciones.

Se trata de un nueva investigación judicial del Ministerio Público, a cargo de la fiscal Consuelo Porras, contra el ente electoral luego del balotaje que consagró a Bernardo Arévalo como presidente electo.

El Poder Judicial ha emprendido varias acciones legales contra los involucrados en el proceso electoral. El martes otra fiscalía pidió el levantamiento de la inmunidad de Ramiro Muñoz, registrador de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por haber permitido la inscripción del partido Prosperidad Ciudadana que luego fue descalificado para continuar en la contienda.

Muñoz se negó a acatar una orden de un juez que suspendía la personalidad jurídica del partido porque, alegó, la ley electoral tiene rango constitucional y sostiene que ninguna fuerza política puede ser suspendida en medio de un proceso electoral.

El exaspirante a diputado, Antonio Baldizón Méndez fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico para su campaña presidencial en 2019 y deportado a Guatemala tras cumplir su condena. También está acusado de estar ligado a los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obtener contratos para hacer obras públicas en Guatemala.

La misión de observación electoral de la Unión Europea lamentó “el acoso al que sigue estando sometido el Tribunal Supremo Electoral y su personal por parte del Ministerio Público”, dijo.

El miércoles las Juntas Electorales Departamentales aún realizaban audiencias de revisión de votos solicitadas por la Unidad Nacional de la Esperanza, el partido que perdió la contienda frente a Arévalo.

El martes la fiscalía continuó con la judicialización del proceso electoral solicitando al TSE el nombre, cargo y ubicación de más de 120.000 personas que participaron en el conteo, de los coordinadores de los centros de votación y de los digitadores que se hicieron cargo de registrar en un sistema de computo las actas que contenían los votos y que dieron el resultado de las elecciones.

Juan Guerrero Guarnica, fiscal del Movimiento Semilla que postuló a Arévalo, dijo que se han llevado a cabo varias.

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FUENTE: AP