Futuro de 57 mil hondureños en manos de Trump

Unos 57.000 hondureños son actualmente beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, conocido popularmente como TPS, por sus siglas en inglés, y que funciona como un programa de protección humanitaria.

Permite obtener refugio en Estados Unidos a ciudadanos de países con circunstancias que dificultan la vida, como un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia.

Los precedentes dan a los hondureños poco margen para el optimismo. Llegado el momento de la renovación, la administración Trump solo ha mantenido el de Siria, un país inmerso desde 2011 en una devastadora guerra que no tiene visos de terminar.

Trump ha hecho de la política migratoria restrictiva un pilar de su acción de gobierno y su administración canceló en los últimos meses entre otros el TPS de los salvadoreños, haitianos y nicaragüenses, dándoles un plazo para que dejen el país o regularicen su situación por otras vías. Si no lo hacen, quedan expuestos a la deportación.

Muchos de los hondureños que esperan la decisión sobre el TPS llevan gran parte de su vida en Estados Unidos, donde han creado familias: hay 53.000 hijos de hondureños beneficiaros del TPS que, al haber nacido en el país, tienen la nacionalidad norteamericana.

"Llegué hace 20 años tras el huracán 'Mitch'. Tuvimos que huir porque las condiciones de vida empeoraron por el huracán", dice Orlando López, uno de sus beneficiarios. "Trabajamos duro y no tenemos antecedentes criminales. Soy propietario de mi casa y de un negocio con mi familia y todos los años pago mis impuestos".

Todas las administraciones -demócratas y republicanas- desde la de Bill Clinton, que fue la que concedió el TPS a los hondureños, han ido renovando cada 18 meses la protección, a la que han llegado a estar acogidas hasta 86.000 personas del país centroamericano.

El Gobierno de Honduras desplegó una intensa actividad diplomática para intentar convencer a la administración de mantener el TPS. Líderes religiosos, organizaciones empresariales y legisladores han instado repetidamente al Gobierno de Trump a mantenerlo, como ya hicieron sin éxito en su día con el de salvadoreños y haitianos.

Honduras es uno de los países más violentos del mundo. La tasa de asesinatos es de 60 por cada 100.000 personas, una de las más altas del mundo. El país encabeza además la tasa de feminicidios de Centroamérica, con una de las más elevadas del globo.

Las maras se extienden y amenazan a familias y negocios y son uno de sus principales problemas de seguridad. Más allá de la violencia, más de dos terceras partes de la población hondureña vive en la pobreza.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirjsten Nielsen, dejó sin embargo claro que su departamento, que es el responsable de tomar la decisión, no tiene en cuenta ninguna variable más que aquella por la que en su día se otorgó la protección, en este caso el huracán.

"La alteración sustancial de las condiciones de vida causadas por el terremoto ya no existe", dijo cuando canceló el de El Salvador, otro país centroamericano azotado por la violencia al que se le concedió el TPS en 2001 tras dos graves sismos.

En noviembre, cuando su antecesora canceló el de los nicaragüenses, concedió una prórroga a los hondureños ante la necesidad de recabar más información para tomar la decisión que se anunciará ahora.

La administración de Trump destaca el carácter temporal del TPS. "No ha sido temporal durante muchos años. Hemos creado una situación en la que la gente vive en este país por un tiempo largo", indicó un portavoz del Departamento de Nielsen.

 NULL

    

FUENTE: EFE