Gobierno de Ecuador denuncia presunta red de espionaje vinculada a Rafael Correa

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado por la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quien solicitó una investigación sobre el supuesto uso irregular de recursos públicos para vigilar y seguir a opositores políticos.

Según la funcionaria, las evidencias recopiladas apuntan a la existencia de una estructura paralela que habría tenido acceso en tiempo real a las cámaras de seguridad administradas por la empresa municipal Segura EP, responsable del sistema de videovigilancia en la ciudad de Guayaquil.

“Lamentablemente, este sistema no habría sido utilizado para los fines de seguridad para los cuales fue creado, sino con propósitos políticos y de persecución contra opositores, dentro de una presunta red de espionaje que estaría siendo liderada por Rafael Correa”, declaró Morillo ante los medios de comunicación.

Investigación alcanza a funcionarios municipales

La denuncia también solicita investigar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, así como a funcionarios de Segura EP que habrían tenido acceso a los sistemas de monitoreo.

De acuerdo con el gobierno ecuatoriano, los implicados presuntamente instalaron una sala paralela desde donde se revisaban imágenes captadas por las cámaras de seguridad distribuidas en distintos puntos de la ciudad, permitiendo el seguimiento de personas y actividades fuera de los objetivos oficiales de vigilancia ciudadana.

Las autoridades sostienen que el caso podría revelar una estructura organizada destinada a obtener información con fines políticos durante los últimos años.

Contexto de tensiones entre Noboa y el correísmo

La denuncia se produce en medio de las crecientes tensiones entre el gobierno de Daniel Noboa y sectores vinculados a la Revolución Ciudadana, movimiento político fundado por Rafael Correa.

En febrero pasado, el Ejecutivo intervino las instalaciones de Segura EP tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez por un presunto esquema de comercialización irregular de combustibles subsidiados. Álvarez ha rechazado las acusaciones y asegura ser víctima de una persecución política.

Sin embargo, el gobierno sostiene que las investigaciones responden a indicios concretos de posibles delitos y forman parte de una estrategia más amplia para combatir la corrupción y fortalecer la institucionalidad democrática.

Correa vuelve al centro de la polémica

El nombre de Rafael Correa vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda política ecuatoriana. El exmandatario fue condenado en ausencia a ocho años de prisión por corrupción en 2020 dentro del caso Sobornos y permanece fuera del país desde que abandonó el poder.

Para el gobierno de Noboa, las nuevas denuncias refuerzan las preocupaciones sobre el uso de estructuras estatales durante los años del correísmo para fines distintos a los establecidos por la ley.

La Fiscalía deberá ahora determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal sobre la presunta red de espionaje y las responsabilidades de los funcionarios señalados en la denuncia presentada por el Ejecutivo.

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FUENTE: Con información de AFP