Los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela han detenido y torturado a militares acusados de conspirar contra ese gobierno, denunciaron este miércoles las organizaciones Human Rights Watch y la no gubernamental venezolana Foro Penal en un documento que aborda ocho casos y prueba estos aberrantes abusos.
“El gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch y apuntó que “los agentes de inteligencia no solo están deteniendo y torturando a militares, sino que en algunos casos también van tras sus familiares u otros civiles cuando no pueden encontrar a los supuestos responsables a quienes buscan”.
Según el texto, algunos detenidos sufrieron abusos aberrantes que constituyen tortura para obligarlos a aportar información sobre supuestas conspiraciones. En la mayoría de los casos, las detenciones las realizaron miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Las autoridades también han detenido y torturado a familiares de algunos presuntos implicados para intentar averiguar dónde se encontraban, refiere el reporte.
Human Rights Watch y Foro Penal analizaron información sobre 32 personas entre las que se encuentran militares de diferentes rangos acusados de conspirar contra el régimen de Maduro. También se incluyen civiles a quienes la dictadura venezolana acusa de colaborar con Oscar Pérez, un policía insubordinado que se mostró públicamente contrario al gobierno y fue ejecutado extrajudicialmente por las fuerzas militares.
La denuncia publicada este miércoles refiere que entre los abusos, físicos y psicológicos, se incluyen golpizas brutales, intentos de asfixia con bolsas de plástico, cortaduras con hojillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, privación de comida y acceso al baño, y amenazas de muerte.
Igualmente hace notar que varios de los detenidos fueron privados del acceso a sus familiares o abogados de confianza por días y que, durante su detención en prisiones o en sedes de la DGCIM, tampoco tuvieron acceso a tratamiento médico adecuado para diversos problemas de salud.
Advierte además de que varios de los abogados que representan a los presuntos acusados por el régimen indicaron, luego de revisar los expedientes judiciales y tras participar en audiencias, incluso en procesos contra civiles en tribunales militares, que las acusaciones eran prefabricadas y que no había “pruebas concretas” que los incriminaran.
El régimen venezolano no respondió a una solicitud de Human Rights Watch sobre cuáles eran las supuestas acciones en las cuales se basaban los cargos y qué pruebas había contra los presuntos implicados, dice el reporte.
No se trata de casos aislados, aseguran ambas organizaciones veladoras por el respeto a los derechos humanos. Los casos analizados esta vez siguen el mismo patrón de torturas y abusos contra detenidos cometidos por policías venezolanos, agentes de inteligencia y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que estas organizaciones han venido documentando desde 2014.
Human Rights Watch ha documentado desde esa fecha en Venezuela más de 380 casos de trato cruel, inhumano o degradante contra opositores o personas que las autoridades perciben como tales, incluidos al menos 31 casos de tortura. Según el Foro Penal, al menos el 15% de los detenidos por motivos políticos les informaron que habían sufrido torturas o maltratos.
De acuerdo con las cifras presentadas este miércoles por el Foro Penal, desde 2014 más de 12.800 personas han sido detenidas en el marco de las manifestaciones contra el régimen chavista, más de 7.500 fueron excarcelados bajo medidas de libertad restringida y todavía enfrentan causas penales y, desde 2017, más de 800 civiles fueron procesados por la justicia militar en violación de los estándares internacionales de derechos humanos.
“En Venezuela, la impunidad de los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos es deliberada”, afirmó Gonzalo Himiob Santomé, director del Foro Penal, y sentenció: “En un contexto donde los responsables de violaciones de derechos humanos tienen más probabilidades de ser premiados que llevados ante la justicia, es crucial considerar seriamente las vías disponibles para que rindan cuentas en el extranjero”.
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