La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) acusa al fiscal Ayrebi Miranda Pérez de prevaricación y crímenes de lesa humanidad
El fiscal cubano Ayrebi Miranda Pérez.
Collage DLA / Fundación para los Derechos Humanos en Cuba / FacebookLa Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) incluyó al fiscal Ayrebi Miranda Pérez en su base de datos de represores cubanos por su actuación en el caso de seis ciudadanos de Encrucijada, Villa Clara, procesados por participar en una protesta pacífica en noviembre de 2024.
El fiscal, miembro del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, solicitó penas de prisión para los manifestantes, entre ellos el periodista independiente José Gabriel Barrenechea Chávez.
Los hechos ocurrieron la noche del 7 de noviembre de 2024, en medio de un prolongado apagón en la localidad. Un grupo de vecinos, armados únicamente con calderos, cubos plásticos y sillas, fue a la sede del Gobierno y del Partido Comunista en Encrucijada. Al grito de “¡Queremos corriente!”, reclamaron públicamente el restablecimiento del servicio eléctrico. No hubo agresiones, daños materiales ni interrupción del tráfico. Tampoco ofrecieron resistencia al ser arrestados.
Sin embargo, el fiscal Ayrebi Miranda Pérez, en su acusación basada en el Expediente de Fase Preparatoria 944 de 2024, calificó los hechos como Desórdenes Públicos y solicitó sanciones severas: nueve años para Yandry Torres Quintana y Rafael Javier Camacho Herrera; seis años para Barrenechea Chávez; cinco años para Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa y Marcos Daniel Díaz Rodríguez; y cuatro años para Yuniesky Lorences Domínguez. Todos carecían de antecedentes penales y varios de ellos eran reconocidos por su participación en la vida comunitaria o por sus méritos laborales.
El propio expediente reconoce que se trató de una reacción espontánea ante el apagón. Aun así, Miranda Pérez utilizó como agravantes las publicaciones en redes sociales —en especial las de Barrenechea— y el supuesto “impacto mediático” del caso. Para la FDHC, esta conducta no solo carece de fundamento jurídico sólido, sino que representa un uso abusivo del sistema judicial para castigar la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
“Estamos ante un caso claro de criminalización del disenso y persecución política”, señala la organización con sede en Miami. En su ficha sobre el fiscal, la FDHC lo acusa de violar los artículos 7 al 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que garantizan derechos como el debido proceso, la presunción de inocencia y la proporcionalidad en las penas. Además, lo responsabiliza por prevaricación y crímenes de lesa humanidad, como el encarcelamiento arbitrario y la persecución por motivos políticos.
El caso del periodista José Gabriel Barrenechea ha tenido especial relevancia por su visibilidad pública y su activismo en redes. Su caso tomó más notoriedad porque no le permitieron visitar a su madre, enferma de cáncer, y ella falleció sin poder verlo.
La inclusión de Barrenechea en la acusación se considera por la FDHC como un intento deliberado de silenciar voces críticas en el interior de Cuba. “La Fiscalía no tiene otra cosa que describir en sus conclusiones provisionales salvo que los imputados tocaron calderos y gritaron”, denuncia la organización.
La inclusión de Miranda Pérez en la base de datos de represores forma parte del esfuerzo de la FDHC por documentar responsabilidades individuales dentro de la estructura represiva del régimen cubano.
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos continúan observando de cerca los casos como el de Barrenechea, que ilustran la estrategia del régimen cubano por más de 65 de reprimir la libertad de expresión.
Institución/Organización: Fiscalía General de la República
Delitos del represor:
Ayrebi Miranda Pérez es acusado de solicitar severas e injustas penas de prisión, como fiscal del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, para seis residentes en el municipio Encrucijada que solicitaron pacíficamente ante la sede local del Gobierno y el Partido Comunista el restablecimiento de la corriente eléctrica en medio de un largo apagón, la noche del 7 de noviembre de 2024. Miranda Pérez se basa en el Expediente de Fase Preparatoria 944 de 2024.
El procurador no tiene otra cosa que describir en sus conclusiones provisionales salvo que los imputados llevaron y tocaron calderos y gritaron “queremos corriente”. Por esos actos pacíficos de reclamo de su derecho Miranda Pérez los acusa de Desórdenes Públicos y pide sin apego a la justicia 9 años de privación de libertad para Yandry Torres Quintana y Rafael Javier Camacho Herrera; 6 años para José Gabriel Barrenechea Chávez; 5 años para Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa y Marcos Daniel Díaz Rodríguez; y 4 años para Yuniesky Lorences Domínguez.
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