Kirchner se enfrenta por primera vez a la justicia por corrupción

La dirigente peronista ya declaró este año en los Tribunales, pero en una causa por supuestas irregularidades en la operación de venta de dólares a futuro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en 2015, a valores más bajos que los de mercado. Esta vez, deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini acusada de liderar una supuesta asociación ilícita por el presunto delito de "administración infiel en perjuicio del Estado".

Los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques acusan a la ex presidenta y parte de su gabinete de beneficiar con multimillonarios contratos de obra pública a Lázaro Báez, un empresario vinculado a la familia Kirchner, entre 2003 y 2015. Báez se encuentra actualmente preso acusado de lavado de dinero.

Los fiscales recolectaron pruebas y documentación para redactar tres fallos que según los especialistas son muy duros y señalarían que Báez se enriqueció desde la llegada de Néstor Kirchner al poder en 2003.

De acuerdo a un informe del diario "Clarín", en 12 años Báez hizo crecer su facturación de bienes en un 47.678 por ciento gracias a medidas, licitaciones y adjudicaciones aprobadas por el Gobierno nacional.

El informe de los fiscales se basó en un documento de la Dirección de Vialidad Nacional que señala que los Kirchner licitaron y adjudicaron en Santa Cruz -la provincia donde desarrollaron sus carreras políticas- el presupuesto de obra pública equivalente al total que destinaron a otras ocho provincias. En Santa Cruz estaba asentada Austral Construcciones, la empresa de Báez.

Legisladores opositores apuntan a Báez como el supuesto testaferro de los Kirchner.

En esta causa deberán declarar también varios ex funcionarios del Gobierno kirchnerista, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, quien se encuentra detenido después de ser atrapado llevando bolsos con nueve millones de dólares a un convento de monjas, y Báez.

La expresidenta argentina también está involucrada en otras investigaciones judiciales, como la denominada causa Hotesur, vinculada a la de obras viales. Se sospecha que Fernández de Kirchner cobró retornos (sobornos) del empresario Báez a través del alquiler de habitaciones de hoteles de la empresa Hotesur, controlada por la familia Kirchner.

Otra investigación, conocida como Los Sauces, analiza si hubo una maniobra similar a través del alquiler de propiedades a Lázaro Báez y Cristóbal López.

En medio de esta ofensiva judicial, Fernández de Kirchner se desprendió de gran parte de sus bienes, según denunció la legisladora opositora Margarita Stolbizer.

La ex presidenta, a quien la Justicia le congeló ya las cuentas bancarias y embargó bienes, tendría actualmente a su nombre sólo un terreno en la villa turística El Calafate de Santa Cruz, indicó hoy el diario "La Nación", pese a que cuando dejó en diciembre la Casa Rosada declaró poseer 26 terrenos, casas y departamentos. Cedió sus inmuebles a sus hijos Máximo y Florencia, de acuerdo a la investigación periodística en base al Registro de Propiedad Inmueble.

Entretanto, la Corte Suprema de Justicia presentó el viernes el Observatorio de Corrupción, con una base de datos sobre las causas sobre delitos contra el Estado. Allí aparecen unas 60 causas que involucran a 25 ex altos funcionarios del último Gobierno en Argentina, entre ellos Fernández de Kirchner, y también al actual presidente, Mauricio Macri.

La militancia kirchnerista ya anunció que acompañará mañana a la ex mandataria a los tribunales. La presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, convocó a una movilización el lunes: "Armemos 'quilombo' (desorden) antes de que la toquen a Cristina".

Fernández de Kirchner no hizo declaraciones públicas estos últimos días. Sólo citó a través de su cuenta de Twitter una nota publicada por el "Página/12" titulada "Destruir a Lula y Cristina para destruir Brasil y Argentina".

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FUENTE: dpa