La CIDH pide medidas de protección para nueve opositores presos en Nicaragua

La CIDH decidió solicitar las medidas provisionales para proteger a Walter José Balmaceda Ruiz, Jairo Alberto Obando Delgadillo, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Zacarías Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta González, Leonel Antonio Poveda Palacios, José Olivar Meza Raudez, Wilfredo Balmaceda Castrillo y José Ricardo Cortez Dávila.

La CIDH explicó en un comunicado que el régimen de Nicaragua no ha respondido a las solicitudes para obtener información de los detenidos, y en consecuencia, decidió presentar una solicitud de medidas provisionales ante la Corte IDH.

Las medidas provisionales son emitidas por la Corte IDH en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas.

La Comisión otorgó ya medidas cautelares a favor de estos nueve opositores el pasado 12 de diciembre de 2025, quienes se encuentran detenidos en el marco de la crisis social y política que vive Nicaragua desde hace más de ocho años.

Amenazas directas

Al momento de presentar esa solicitud, las nueve personas permanecerían privadas de libertad en el centro de detención La Modelo y en graves condiciones, con acceso limitado o nulo a patio y sol, alimentación insuficiente e inadecuada, falta de atención médica especializada y un ambiente persistente de hostigamiento, amenazas y represalias por parte de autoridades penitenciarias, advirtió la CIDH.

Obando Delgadillo y Gutiérrez Delgadillo habrían sido agredidos recientemente. Gutiérrez Delgadillo y Meza Raudez permanecerían desde hace semanas en celdas de castigo y aislamiento con temperaturas extremas, de acuerdo con la información.

Los nueve, y particularmente Balmaceda Ruiz, continuarían enfrentando un patrón de amenazas directas por parte de autoridades penitenciarias, por reclamar atención médica, mejores condiciones o por denunciar abusos.

Igualmente, Meza Raudez, Balmaceda Castrillo y Cortez Dávila (los últimos dos personas mayores) sufrirían deterioro físico y de su estado de salud. En el caso de Meza Raudez, él continuaría privado de libertad pese a haber cumplido presuntamente su pena el 27 de julio de 2024.

Las medidas provisionales tienen carácter obligatorio para los Estados, por lo que las decisiones contenidas en las mismas les exigen adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo. Sin embargo, Nicaragua no ha acatado ninguna.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que el copresidente Daniel Ortega, de 80 años de edad y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios se realizaron con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de “golpistas” y “traición a la patria”.

Ortega y Murillo han sido duramente criticados por la reforma constitucional que promovieron y la cual fue aprobada en el Parlamento para impedir que opositores participen en elecciones, así como extienden el periodo presidencial de seis a siete años.

Las protestas de 2018 debido a la fuerte represión dejaron un saldo de más de 300 fallecidos de acuerdo con la ONU. También miles de nicaragüenses se exiliaron y a algunos de ellos, les retiraron la nacionalidad.

Mientras, el informa del Alto Comisionado de la ONU para los derechos Humanos determina que la situación de los derechos humanos entre el periodo comprendido de junio 2025 a junio 2026 continúa deteriorándose.

Más de 243 personas fueron detenidas de forma arbitraria y también hubo fuertes restricciones a la libertad de expresión y cierres de medios.

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FUENTE: Con información de EFE/DW