La dictadura cubana consolida el castigo político con 1,192 presos de conciencia

Este fenómeno, según la ONG, confirma la consolidación de la persecución como una estrategia de Estado inalterable.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, enfatizó que el régimen cubano ha optado por la "institucionalización del castigo político como herramienta primordial de control social". La detención arbitraria, las desapariciones temporales y la violación metódica del debido proceso han transitado de ser incidentes aislados a convertirse en un mecanismo operativo estándar dentro del aparato de seguridad estatal. Esta normalización de la violencia legal subraya una crisis profunda del Estado de derecho en la isla.

El patrón de persecución se ha vuelto notablemente más amplio, trascendiendo el cerco tradicional de la disidencia organizada. El patrón de persecución se ha vuelto notablemente más amplio, trascendiendo el cerco tradicional de la disidencia organizada.

Los nuevos casos incluyen desde activistas conocidos hasta ciudadanos comunes, profesionales y personas en condiciones de vulnerabilidad, incluso con padecimientos de salud mental. PD sostiene que esta diversificación de víctimas demuestra que la represión no busca solo neutralizar a opositores, sino sofocar el malestar generalizado provocado por la crisis económica, los apagones y el colapso sanitario que azota al país.

Según Larrondo, la represión del régimen ha cruzado un umbral en el que "ya no se castiga solo la protesta, sino la queja, la opinión y hasta el suspiro público de hartazgo".

Los arrestos de noviembre evidencian la persistencia de tácticas como las detenciones sin orden judicial, la incomunicación total, los interrogatorios sin asistencia legal y el uso de figuras delictivas ambiguas como “desobediencia” o “desacato”. Estas prácticas configuran un modelo de terrorismo de Estado que vulnera frontalmente los preceptos internacionales de derechos humanos.

Las cifras históricas que maneja Prisoners Defenders sitúan a Cuba como el país con mayor número de detenciones arbitrarias verificadas ante Naciones Unidas y uno de los que ostentan la mayor cantidad de desapariciones forzadas registradas. Desde julio de 2021 hasta el cierre de noviembre de 2025, la organización ha documentado 1,925 encarcelamientos por motivos políticos. Esta marea represiva es la más severa documentada en las últimas seis décadas, constituyendo un récord histórico de persecución política.

Ante esta sistemática violación, Prisoners Defenders lanzó un llamado urgente a la comunidad internacional, con especial foco en la Unión Europea.

La ONG argumenta que el apoyo diplomático y el financiamiento otorgado durante años a la dictadura cubana han contribuido indirectamente a robustecer la maquinaria represiva. La organización exige una revisión inmediata de la política exterior europea, instando a dejar de "financiar a un Estado que encarcela a ciudadanos por opinar" y a rectificar con urgencia su postura ante esta crisis humanitaria.

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FUENTE: Redacción/ Prisoners Defenders