La Iglesia en Nicaragua no escapa a la represión del régimen

Las fuerzas represivas del régimen de Daniel Ortega no distinguen entre sus víctimas cuando de coartar libertades ciudadanas se trata. Una Iglesia con 12 rehenes es el más reciente de los episodios que lo demuestra.

Finalmente, las madres y familiares de presos políticos que estaban en huelga de hambre y permanecían sitiados por la Policía del régimen y simpatizantes sandinistas sin la oportunidad de recibir asistencia humanitaria, lograron salir de la Iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya, eso gracias a la mediación de la Arquidiócesis de Managua.

Las 12 personas fueron atendidas en un hospital capitalino en Managua, y anunciaron que desisten de continuar la huelga de hambre con el propósito de preservar la vida del padre Edwing Roman, el párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel, que les acompañó.

La Iglesia San Miguel Arcángel, ubicada en Masaya, 32 kilómetros al sureste de Managua, se mantenía sitiada por una fuerte presencia policial y por turbas leales al sandinismo, mientras que en su interior permanecían las 11 madres y familiares de los presos políticos en huelga de hambre y junto a ellas, el padre Román que les acompañaba.

Los efectivos del régimen no tuvieron reparos en impedir el acceso de los residentes de Masaya a la sede de la Iglesia, quienes pretendían llevar asistencia humanitaria a los huelguistas y al padre Román, que padece de diabetes y necesitaba la insulina que se le agotó días antes de ser rescatado junto a las otras 12 madres y familiares de reos de conciencia.

A pesar de su condición de salud y de ser mujeres las que se encontraban dentro de la Iglesia, el régimen no tuvo reparos en ordenar el corte de los servicios básicos de agua y luz. Los familiares demandan la liberación de 140 reos de conciencia. Es parte de la campaña “Navidad sin presos políticos” que realizan.

Mientras en la Catedral de Managua un grupos de madres de presos políticos que iniciaban una huelga de hambre fueron agredidas y expulsadas por turbas del régimen. La golpiza alcanzó a un sacerdote y una monja que estaban en la iglesia.

Al menos 13 personas fueron detenidas por la Policía de Ortega cuando llevaban agua sus familiares en huelga. Ahora el régimen los acusa de transportar armas y explosivos.

Las últimas detenciones se produjeron en la mañana del pasado 22 de noviembre. Familiares de los huelguistas iban acompañados hacia Masaya por activistas de la Unidad Azul y Blanco y de la Alianza Cívica, dos organizaciones opuestas al sandinismo. Sin embargo, a las fuerzas represivas eso no les importó. Igualmente fueron detenidos, aunque más tarde los liberaron.

La situación más crítica seguía siendo la del padre Román, quien realizaba un ayuno obligado ante el cerco gubernamental y no disponía de medicinas.

Hasta el domingo, el sacerdote permanecía hospitalizado y daba gracias a través de su cuenta en Twitter por las oraciones a su favor.

Liberación de presos políticos

El padre Román, un reconocido critico del régimen sandinista, ha sufrido agresiones y amenazas de muerte porque ha tenido un rol destacado en su comunidad desde que iniciaron las protestas en abril de 2018. Román habilitó un puesto médico en la Casa Cural de la Iglesia San Miguel para atender a decenas de heridos. Además, fue el principal mediador, junto a otros activistas de derechos humanos, para la liberación de presos políticos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares al sacerdote debido al constante acoso que sufre.

“La CIDH recuerda que Edwin Román es beneficiario de medidas cautelares desde el pasado 7 de junio, por eso exhorta al Estado de Nicaragua a asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal del religioso de conformidad con estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos”, publicó este organismo en Twitter. El padre fue uno de los religiosos agredidos por turbas sandinistas el 9 de julio en Diriamba, Carazo, hasta donde habían llegado en respaldo a las víctimas del ataque dirigido para desmantelar los tranques que dejó, al menos, 14 muertes”, publicó la comisión en febrero de este año.

Asedio constante

La situación de persecución contra la iglesia católica no fue distinta durante la primera dictadura sandinista, expulsó a 18 sacerdotes del país, los obispos fueron víctimas de constantes calumnias y se censuró la documentación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), y del Vaticano.

Hoy obispos como Silvio Báez y Juan Abelardo Mata, han sido víctimas de atentados y amenazas de muerte. El primero recibió una puñalada en su brazo durante disturbios protagonizados por turbas sandinistas en Diriamba, el segundo fue perseguido cuando circulaba en su vehículo que recibió disparos en tres de las llantas, tras de salir del automóvil una mujer le dio refugio en su vivienda, mientras las turbas enardecidas lanzaban improperios en la calle.

Monseñor Báez fue trasladado al Vaticano. Fuentes extraoficiales aseguran que el papa Francisco hizo el traslado por razones de seguridad.

El régimen ha logrado tener de su lado a algunos obispos y sacerdotes, pero la mayoría del clero es objeto de persecución y amenazas por el régimen.

El arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, cardenal Leopoldo José Brenes, convocó a los fieles a una jornada de oración ante la crisis que enfrenta el país.

“Ante los recientes acontecimientos, hacemos nuestras las palabras del papa Francisco, que nos exhorta a responder al odio con amor y a la ofensa con el perdón. La primera que quiere la paz es la Iglesia, no como una consigna, sino como un proceso arduo y exigente que implica revestirnos de humildad y de valores como la verdad, la justicia, el perdón y el trato digno de todos”, leyó en un comunicado Brenes.

Nicaragua vive una grave crisis sociopolítica desde el 18 de abril del 2018. La ciudadanía demanda la restauración de la democracia, la independencia de los poderes del estado y la salida del poder de Daniel Ortega. La respuesta del sandinismo ha dejado como saldo 328 muertos, más de 2.000 heridos y más de 80.000 exiliados.

Los organismos internacionales de derechos humanos han señalado que el régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad.

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