Inversión millonaria se reduce a 63 autobuses eléctricos fuera de servicio

De los 69 adquiridos, solo seis se mantienen en funcionamiento. Los otros 63 están fuera de servicio a largo plazo, según confirmó a DIARIO LAS AMÉRICAS el Departamento de Transporte y Obras Públicas del Condado Miami-Dade (DTPW). En términos operativos, más del 90% de las unidades no está disponible.

El impacto se refleja directamente en la operación diaria. En zonas de alta densidad, como sectores del oeste y sur del condado, la disponibilidad de ómnibus define la frecuencia del servicio y los tiempos de traslado. La reducción de ellos obliga a redistribuir recursos en una red que ya opera bajo presión, en una ciudad marcada por la congestión vial y la dependencia del transporte público para miles de residentes, en su mayoría trabajadores.

En entrevista con este medio, Stacy L. Miller. P.E., directora del DTPW, explicó el estado actual de las unidades y cómo han sido gestionadas tras quedar fuera de la operación regular:

“Para dar espacio a los autobuses en funcionamiento, incluyendo las nuevas unidades eléctricas y la demanda del sistema BRT, los autobuses Proterra fuera de servicio han sido trasladados a un lote auxiliar. Estos autobuses están almacenados en una instalación segura y protegida”.

El traslado responde a una reorganización operativa, pero también confirma que la inactividad no es temporal y que estos buses quedaron en condiciones que no permitían su uso inmediato.

El origen del problema, según detalló la propia entidad, se vincula a averías en estructuras críticas.

“Los primeros problemas importantes se identificaron a principios de 2023, cuando se detectaron fallas en la caja de cambios, un componente esencial del sistema de transmisión. Proterra reparó aproximadamente 17 vehículos antes de suspender los trabajos tras declararse en bancarrota”.

A partir de ese punto, las deficiencias se extendieron a otros elementos clave:

“Posteriormente, en 2024, comenzaron a registrarse fallas intermitentes en los sistemas de baterías, situación que ha continuado desde entonces”.

La combinación de ambos factores terminó por afectar la operatividad general de los autobuses:

“Las principales fallas identificadas corresponden a las cajas de cambios en el sistema de transmisión y a las baterías de alto voltaje”.

El escenario se agravó con la quiebra del fabricante original, Proterra Inc., y la posterior incapacidad de sostener los contratos.

“El condado emitió una notificación oficial de terminación del contrato en abril de 2026 tras el incumplimiento de Phoenix Motors”, agregó Miller.

Durante ese periodo, además, las opciones de intervención fueron limitadas:

“El personal no podía intervenir directamente en los autobuses sin invalidar las garantías vigentes mientras el contrato estaba activo”.

El convenio incluía una garantía extendida de 12 años para piezas esenciales. Sin embargo, esa protección no se materializó en la práctica:

“Ninguna de las dos empresas ha cumplido con las obligaciones de garantía relacionadas con las fallas principales”.

Ese punto marca un cambio en el impacto del proyecto, ya que el condado enfrenta ahora costos que originalmente debían estar cubiertos por los proveedores.

La inversión total en los ómnibus fue de 61.8 millones de dólares. A esa cifra se suma un gasto adicional asociado al almacenamiento de los vehículos inoperativos:

“El costo total de almacenamiento asciende aproximadamente a 500,000 dólares”, subrayó Stacy.

Sin embargo, admitió que el impacto financiero total aún no ha sido definido:

“El Departamento de Transporte y Obras Públicas se encuentra en proceso de calcular una estimación integral, considerando distintos escenarios y la posibilidad de realizar reparaciones a través de terceros”.

Pero el rescate enfrenta limitaciones técnicas relevantes:

“La recuperación requiere acceso al software propietario de Proterra, disponibilidad de piezas y capacitación especializada. Además, la flota fue fabricada bajo dos diseños distintos, lo que limita la compatibilidad entre unidades”.

En paralelo, las autoridades locales evalúan posibles acciones legales:

“El Condado tiene la intención de ejercer todos los derechos y recursos legales y contractuales disponibles, y actualmente DTPW colabora con la Oficina del Abogado del Condado para determinar el curso de acción más adecuado”, precisó Miller.

Este problema no es exclusivo del condado de Miami-Dade, sino que forma parte de una situación más amplia que ha afectado a más de 130 agencias de transporte en toda Norteamérica, lo que subraya la necesidad de contextualizar el caso dentro de un fenómeno de mayor alcance.

Consultada por DIARIO LAS AMÉRICAS, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, envió una declaración por escrito sobre el tema en la que expresó:

“Es profundamente decepcionante que el fabricante no haya cumplido ni respaldado su producto. La administración anterior siguió un proceso de adquisición competitivo basado en la mejor información disponible en ese momento, en línea con agencias de transporte de todo el país. El enfoque de mi administración ahora está en proteger los intereses del Condado, buscar las soluciones disponibles y mantener un servicio confiable para nuestros residentes”.

Más allá de las explicaciones oficiales, el efecto es operativo y visible: menos unidades disponibles en una red que no tiene margen amplio para absorber la reducción.

Hoy, más de un año después de que comenzaran a salir de circulación, la mayoría de estos autobuses continúa detenida. Mientras, los funcionarios electos evalúan reparaciones, litigios y alternativas, la red sigue funcionando con menos capacidad de la prevista en una ciudad donde el transporte público siempre ha sido fuertemente criticado y no ofrece alternativas suficientes. La pregunta ya no es solo cuánto se invirtió, sino cuánto de esa inversión logró convertirse en servicio en un esquema que sigue operando con limitaciones.

CLAVES DEL CASO

• 69 autobuses adquiridos
• 63 fuera de servicio
• 6 operativos
• Más del 90% de la flota detenida
• Inversión: $61.8 millones
• Fallas en transmisión y baterías
• Garantías incumplidas
• Fabricante en bancarrota
• Costos de almacenamiento: $500,000

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