Las cárceles son uno de los negocios más rentables del régimen castrista

“Algunos presos me dicen, medio en broma, medio en serio, que me van a guardar la cama pa' cuando regrese. Con 13 años fui a parar a la cárcel de menores por una bronca con arma blanca. Estuve allí tres años y luego otros dos en el Combinado del Este. Regresé al tanque sancionado por tráfico de divisas, en aquella etapa cuando la tenencia de dólares era ilegal. Me jamé cuatro años. Luego, en diferentes etapas, estuve preso nueve años, por vender carne res, juego prohibido -era el guardaespaldas de un banquero de la bolita-, y por peligrosidad”, rememora Damián.

Un abogado explica que "la peligrosidad pre-delictiva es una auténtica aberración jurídica. Es una medida punitiva de corte fascista que le permite a las autoridades sancionar a cualquier persona, de dos a cuatro años, sin haber cometido ningún delito, solo por conjeturas, sospechas o relacionarte con personas que ellos consideran antisociales”.

Damián conoce el mapa penitenciario como pocos reclusos. “Entre reclusorios y prisiones de máxima seguridad he estado en quince dependencias, desde Taco Taco en Pinar del Río, Agüica en Matanzas, Boniato en Santiago de Cuba, Cuba Sí en Holguín hasta Canaleta en Ciego de Ávila. En todas las provincias hay ocho o nueve granjas de trabajo presidiario. Lo mismo señalizamos calles que elaboramos muebles destinados al turismo. También cortamos caña, limpiamos marabú o hacemos carbón que el gobierno exporta”.

Se calcula que en la Isla existen alrededor de 200 penitenciarías. Cuba es la tercera nación del planeta en número de presos per cápita. Los suicidios, mutilaciones y enajenaciones dentro de las cárceles son estadísticas secretas que el castrismo maneja con pinzas. Firmas internacionales de prestigio, como Ikea, de Suecia, han sido acusadas de complicidad con la dictadura por utilizar mano de obra esclava de presos cubanos.

Mildrey estuvo siete años en la cárcel de mujeres conocida como Manto Negro, al oeste de La Habana, acusada de prostitución y proxenetismo. “Allí hay una factoría donde se confeccionaban pitusas (jeans) y zapatos que luego vendían en las tiendas por divisas. Me especialicé en una máquina que ponía el cuero de una marca, que no sé si era una marca autorizada o pirata".

Miles de reclusos en toda la isla realizan faenas peligrosas sin los medios de protección adecuados. A partir de1979, la Empresa de Producciones Varias (Provari), perteneciente al Ministerio del Interior, está a la cabeza de la explotación laboral y el trabajo cautivo. En la actualidad la dirige el coronel Tomás Gabriel Vargas Díaz.

Por informaciones publicadas en medios oficiales, se conocen muchas de las producciones de Provari: muebles, colchones, almohadas, pintura de vinil, ladrillos, carbón vegetal, lavaderos, insumos agropecuarios, botas plásticas, herrajes, alambres, puertas y ventanas de PVC, plantas ornamentales, insecticidas antimosquitos de la marca Lomaté, lociones contra piojos y garrapatas, productos hogareños de higiene, calentadores solares de agua y carpintería con maderas preciosas. También, textiles que se comercializan con los nombres Hércules y Oeste así como tapicería Ofimax (mobiliario de oficina). Ya en 2001, un catálogo anunciaba que Provari estaba lista para hacer negocios con empresas nacionales y extranjeras.

La mayoría de los presos laboran de manera voluntaria. “Trabajamos sin ropa de protección adecuada para elaborar sustancias químicas. Los presos no tenemos opciones ni un representante legal donde quejarnos o demandar al gobierno. Es una forma de coger un aire y escapar de los abusos de los guardias en las prisiones cerradas”, comenta el ex recluso Saúl.

Manuel, quien cumplió una condena de tres años por escándalo público, cuenta que trabajó más de doce horas diarias en un taller de mecánica donde reparábamos autos de oficiales de las FAR y el MININT. "Nos pagaban una miseria, dos mil o tres mil pesos al mes (4 a 6 dólares). Y de ese dinero nos descontaban los artículos de aseo y la sábana que nos daban. El único estímulo eran un pabellón mensual con tu mujer, pases cada dos meses y una alimentación un poco mejor. Pero nos sacaban las tiras del pellejo”.

Un recluso común, después de cumplir su sanción, aunque domine un oficio o sea un profesional, tiene limitaciones para acceder a empleos calificados, sin contar que son controlados por el jefe de sector de la policía de su barrio como presuntos delincuentes. Un ex funcionario de prisiones asegura que “la reincidencia en las cárceles es altísima. Más del 30 por ciento regresan a la prisión. La reeducación es muy deficiente y la reinsertación en la sociedad es aún peor. Haber sido recluso en Cuba te marca de por vida”.

El régimen no reconoce a los presos políticos ante organismos internacionales. Los etiqueta como ‘contrarrevolucionarios’. Se calcula que en 67 años de dictadura, por las cárceles de la Isla han pasado no menos de 20 mil ciudadanos, sancionados por supuestos delitos contra la Seguridad del Estado.

Desde 1959, los hermanos Castro han utilizado a los presos políticos como monedas de cambio para obtener beneficios económicos y políticos de Estados Unidos y otros países. Cualquier mandatario que visitaba La Habana, traía en su agenda una lista con nombres de prisioneros políticos a liberar. De acuerdo al trato propuesto, las autoridades excarcelaban a reos más o menos relevantes.

Una fuente diplomática revela que el actual indulto a 2.010 reclusos, fue a cambio de una flexibilización por parte del gobierno de Trump a la entrada de combustible. “Es bueno resaltar que la prohibición de Washington es al petróleo que Cuba recibe sin pagar. En medio de las negociaciones de Marco Rubio con funcionarios cubanos, se han adoptado un grupo de medidas para que tanto el sector privado como ciertas entidades estatales puedan comprar combustible destinado a servicios básicos. Liberar a presos políticos y comunes forma parte del acuerdo. Pero el relato para el consumo interno está distorsionado, no es real”.

La oposición local y diversos analistas consideran un fraude ese indulto. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, alerta que algunos medios internacionales están difundiendo información falsa sobre el proceso de indultos, diciendo que van a liberar a dos mil presos políticos.

Larrondo aclara que no son presos políticos. "Ni el régimen se ha atrevido a decir semejante falsedad al anunciar el drenaje carcelario ordinario que suele hacer cada año con los presos comunes. Entre los 2.010 excarcelados no hay ni un solo preso político”.

Un abogado habanero reconoce que “los presos políticos excarcelados en los últimos años, reciben una licencia extrapenal que si no cumplen ciertas normas de convivencia 'socialista' pueden regresar a la cárcel. No gozan de total libertad. Los hacen firmar un documento donde se les prohíbe usar las redes sociales, dar entrevistas a periodistas independientes y corresponsales extranjeros”.

En enero de 2025, los disidentes José Danie Ferrer y Félix Navarro habían recibido una licencia extrapenal del régimen, similar a otros 227 presos políticos, después de una negociación tripartita con el fallecido Papa Francisco y el ex presidente estadounidense Joe Biden, acuerdo posteriormente revocado. En el noticiero de televisión, Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba, confirmaría que los tribunales de Matanzas y Santiago de Cuba habían revocado las libertades condicionales a Ferrer y Navarro.

La represión en Cuba no se detiene. En el mes de marzo, Prisoners Defenders reportaba 1.214 prisioneros políticos. La mayoría con condenas que van desde los 5 hasta los 20 años. Su delito: reclamar comida, luz y libertad de forma pacífica. Muchos de ellos han recibido maltratos físicos y psicológicos.

Un detenido por las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021, con licencia extrapenal, confiesa que cuando llegó a la prisión, "los guardias hicieron dos filas y me golpearon con palos y tonfas y me obligaban a decir viva Fidel y viva la revolución”.

A José Gabriel Barrenechea, escritor y periodista independiente, encarcelado en noviembre de 2024 por protestar junto a sus vecinos en Encrucijada, municipio de Villa Clara, debido a los extensos apagones, se le negó la libertad condicional para cuidar a su madre enferma de un cáncer terminal. Cuando unos meses más tarde falleció, solo le permitieron estar una hora en el velorio.

Recientemente, Jonathan Muir, de 16 años, fue recluido en la prisión de Canaleta, Ciego de Ávila, hasta la espera del juicio. La dictadura lo acusa de ‘protestar de forma violenta’ frente a la sede del partido comunista en Morón el pasado 13 de marzo. La familia de Jonathan cree que la Seguridad del Estado usa el caso para castigar a su padre Elier Muir, pastor evangélico, crítico del régimen verde olivo.

El 4 de abril, Diario de Cuba reportaba que "el preso político de 62 años, Lisandro Betancourt, enfermo y con discapacidad física, desde la prisión El Típico, en Las Tunas, denunció su exclusión del indulto a 2.010 sancionados, anunciado un día antes. Y declaró que quería darle a conocer al mundo que el indulto del gobierno tiránico de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel es una farsa y una mentira más". En abril de 2024, Betancourt cumplió 35 años encarcelado.

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