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VENEZUELA

Ley del Supremo no impide selección de magistrados por cuotas políticas

El Comité de Postulaciones Judiciales tiene una mayoría de 12 integrantes de la sociedad civil y 11 diputados que escogen a la sociedad civil

Por Catalina Mendoza

CARACAS. La sanción de la nueva Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no garantiza que en Venezuela se vaya a tener un alto tribunal despolitizado, cuyos integrantes tengan las mejores credenciales y sean unas personas moralmente incuestionables.

La ley del nuevo órgano jurídico, en realidad cambia en un solo artículo y la modificación constituyó en aumentar de 21 a 23 a los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), instancia que será la encargada de hacer la primera selección de aquellos postulados que aspiren a ser parte del TSJ.

Esta primera concesión que se hizo al tutelaje de Estados Unidos por parte la mesa de negociación entre el chavismo y la oposición, en ejercicio desde el 6 de agosto, no satisfizo del todo a diversos sectores venezolanos.

El CPJ constará de 12 miembros de la sociedad civil y 11 diputados de la Asamblea Nacional (AN). Es una mayoría circunstancial de la sociedad civil.

Los cuestionamientos a esta composición se originaron en las opiniones de juristas como el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y hasta del capítulo España del Bloque Constitucional, entre otros.

Todos concluyen, que la reforma de la Ley del TSJ sancionada el martes 1 de septiembre, en sesiones extraordinarias, es inconstitucional porque no cumple con el mandato del artículo 270 de la Constitución que establece que el CPJ esté integrado solo por la sociedad civil. Concluyen que este órgano no está despolitizado.

De acuerdo con los opositores en el diálogo con el régimen de Delcy Rodríguez, el nuevo TSJ debe estar designado en noviembre.

Los opositores de la mesa de negociación, Dinorah Figuera, Jorge Millán, Ramón López, Marco Aurelio Quiñones, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara, consideran como “un gran logro” haber conseguido que el oficialismo haya aceptado recomponer el órgano judicial.

La importancia de un TSJ despartidizado radica en que la Sala Constitucional, la más importante de las que lo integran, es la revisora de la Constitución. De ahí partirán todas las reformas y otros actos, que puedan devolverle al país suramericano la democracia conculcada durante 27 años de mandato chavista.

Consumado el hecho, lo que se avizora es que al final los magistrados del TSJ serán seleccionados mediante un acuerdo político. Lo que entraña tres escenarios posibles: que se imponga la mayoría chavista de la AN en la CP; una escogencia de cuotas en la cual para incorporar a una persona idónea se tenga que aceptar otra que sea leal al régimen; o que el transcurso del proceso la sociedad civil logré imponer su criterio, pese a las adversidades.

El juego en desarrollo

El abogado Henrique Capriles Radonski, jefe de la bancada Libertad (oposición. La única que se abstuvo de apoyar el “histórico acuerdo petrolero” entre Caracas y Washington por desconocer las condiciones del convenio), destacó la importancia del TSJ en el país.

Detalló que tiene la potestad de decidir sobre vacantes presidenciales. Recordó que Delcy Rodríguez dirige Venezuela por una sentencia del TSJ y que también fue un fallo del alto tribunal el que validó el fraude electoral de Nicolás Maduro en julio de 2024.

“Tener un nuevo TSJ es más importante, en este momento que elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, (CNE). Se puede tener un extraordinario CNE con cinco miembros honorables e independientes, veedores de elecciones libres y verificables, pero no con un TSJ como el de hoy que anula las decisiones del CNE, hasta la voluntad de los venezolanos. Esto es muy importante, porque desde ahí se impulsarán todas las reformas y cambios”, afirma Capriles. “Tener un nuevo TSJ es más importante, en este momento que elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, (CNE). Se puede tener un extraordinario CNE con cinco miembros honorables e independientes, veedores de elecciones libres y verificables, pero no con un TSJ como el de hoy que anula las decisiones del CNE, hasta la voluntad de los venezolanos. Esto es muy importante, porque desde ahí se impulsarán todas las reformas y cambios”, afirma Capriles.

Es consciente de que la decisión de darle más poder a la sociedad civil en el CPJ tiene que ver con la presión de Estados Unidos

“Esto es un proceso que va de la mano de lo ocurrido el 3 de enero -captura de Nicolás Maduro-. No creo que el gobierno estuviera cambiando la ley y estuviera nombrando un nuevo tribunal en todas sus salas, si aquí no hubiera una presión por parte de Washington”.

Voluntad de Jorge Rodríguez

Está claro que la designación de los integrantes del CPJ y de los magistrados del TSJ serán decisiones políticas.

“Hay que hacer todo lo posible para que esto salga bien y que el país pueda tener un tribunal radicalmente distinto al que hay. Y que tampoco se parezca a lo que ha habido en los últimos años: un tribunal que es el ejemplo de la descomposición de la justicia en Venezuela, de la vergüenza en la que cayó la justicia venezolana”, dijo Capriles.

Pese a su voluntad de crear condiciones para el logar un TSJ independiente, conoce muy bien de los vacíos jurídicos y metodológicos que hay para logar esta meta.

Para llegar a la integración de un CPJ, la Asamblea Nacional debe designar de su seno una Comisión Preliminar (CP) que será la encargada de escoger los 12 miembros de la sociedad civil y para seleccionar esa CP no hay “mecanismo ninguno, es lo que hace Jorge Rodríguez”, alega.

Criticó que el presidente de la AN y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tenga al Parlamento paralizado.

Escoger la CP enfrenta la realidad: lo numérico

La AN tiene 284 diputados, de los cuales la mayoría (256) son de la bancada del PSUV (partido de gobierno). Le sigue la bancada de Alianza por la Libertad con 13 diputados (afín al chavismo); el grupo parlamentario Libertad con 12 integrantes (oposición); Vamos Vamos, con dos parlamentarios (se coordinan con el chavismo) y Antonio Ecarri (Alianza Lápiz) famoso por “contratar” al economista estadounidense Steve Hanke para proponer la dolarización en Venezuela. Tiene sus devaneos con el oficialismo.

“La AN de hoy día existe para validar las cosas que lleve Jorge Rodríguez y Jorge Rodríguez la maneja como si él fuera el único diputado. En los pasillos, se oye el descontento que hay con él, una expresión de lo que está pasando en el país. Pero el criterio es el que a Jorge Rodríguez le da la gana”, lamentó Capriles.

Sobre el baremo con el cual se hará la evaluación a los aspirantes a magistrados, también se desconoce quién lo elaborará. Capriles supone que será el Comité de Postulaciones Judiciales.

“Lo importante es quién audita ese trabajo. Por eso digo, hay que buscar que salga bien y subirle el volumen para que la mayor cantidad de personas honorables de las que quedan en Venezuela se postulen para ser magistrados del TSJ”.

No todo está perdido, por ahora

Ricardo Sucre, analista y psicólogo social, afirma que teóricamente si es posible tener un TSJ independiente si se cumplen los procedimientos y la mayoría de integrantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales logra imponer criterios.

Coincide con Capriles al señalar que los magistrados saldrán de un acuerdo político, lo que no significa que no sean competentes.

“Lo importante es que, de esa negociación, salga un tribunal con personas con credenciales y, sobre todo, que las partes permitan que ese TSJ pueda hacer su tarea sin que se caiga en los dos extremos: ser muy obediente al régimen, que es lo que tenemos, o un tribunal para tratar de sacar al gobierno encargado y crear una crisis, que es lo que creo que quiere la oposición o quería. No sé si todavía lo quiere”. “Lo importante es que, de esa negociación, salga un tribunal con personas con credenciales y, sobre todo, que las partes permitan que ese TSJ pueda hacer su tarea sin que se caiga en los dos extremos: ser muy obediente al régimen, que es lo que tenemos, o un tribunal para tratar de sacar al gobierno encargado y crear una crisis, que es lo que creo que quiere la oposición o quería. No sé si todavía lo quiere”.

No descarta que un nuevo TSJ independiente sea capaz de eliminar la inhabilitación política de María Corina Machado. “Y el gobierno lo aceptaría porque no va a haber nada que indique que lo van a querer sacar o derrocar”.

Sucre no se muestra muy convencido de que, para noviembre, en Venezuela se cuente con un nuevo TSJ y de ser así, tampoco hay que asumirlo como “una tragedia” porque lo importante es el reconocimiento mutuo de las partes.

“Vamos a ver la capacidad que tiene la oposición, la propia dinámica de la sociedad civil, porque eso va a ser un juego de pugnas. Posiblemente, el gobierno a lo mejor no quiera un TSJ tan temprano, porque eso acelera los tiempos para una elección presidencial, pero a lo mejor la oposición lo quiere”.

El tiempo va a depender de ver cómo juega cada una de las partes. “No es un asunto de meses, fechas, sino reconocimiento y cómo se dé la dinámica entre los dos grupos que conversan”, señaló Sucre.

Debido a que la escogencia de los diputados de la Comisión Preliminar (escogerá a la sociedad civil) y luego integrará el Comité de Postulaciones Judiciales, a sabiendas del que partido del oficialismo es mayoría, sugiere una integración equilibrada o cercana a la paridad, lo que ayudaría a mejorar la calidad de las discusiones posteriores y del Comité de Postulaciones.

“Lo importante aquí es ver quiénes van a ser que no sean de la bancada oficialista y en qué cantidad. Vamos a ver si hay una diferencia”.

La letra chiquita

El CP en esa misión de escoger a la sociedad civil para el Comité de Postulaciones Judiciales tiene que garantizar que haya paridad de géneros y que participen “grupos que pueden ser discriminados, marginados o vulnerables”.

Esa disposición pese a que es parte de las exigencias del capítulo España del Bloque Constitucional, representa para Sucre la probabiliad de una “letra chiquita” de los contratos que se debe leer cuidadosamente.

Apunta que la paridad de géneros es más sencilla de logar.

Esa disposición, arguye el psicólogo social, el oficialismo la puede utilizar a su favor, tal como lo ha hecho en experiencias pasadas como la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, cuando hubo una escogencia sectorial, que no hizo mucho, porque al final todos estaban empaquetados dentro de la estructura política del chavismo.

“Busca grupos de su estructura social, que pasa por grupos civiles, entonces colea gente que a lo mejor es chavista, pero sin decirlo. Vamos a ver cómo queda ese Comité de Postulaciones Judiciales”.

Reitera que, con esas clasificaciones sectoriales, el chavismo ha jugado mucho con ellas.

“La letra chiquita la tienes que leerla bien, porque el chavismo la puede utilizar para inflar su representación con grupos que no parecieran, pero son. Entonces, de nuevo, va a depender cómo la oposición también defina, defienda, señale y diga cuáles son los grupos que también deberían estar allí. La oposición debería hablar, por ejemplo, de las universidades, de gremios que no son chavistas”, acota Sucre.

Mientras, Capriles asevera que es muy importante que EEUU tenga claridad de cuáles van a ser las personas que van a ir a ese debate en la Asamblea Nacional para ser nombrados magistradas o magistrados del TSJ.

“Tú puedes conformar un muy buen Comité de Postulaciones Judiciales y hacer un muy buen trabajo, pero si después bajas a la plenaria y Jorge Rodríguez pretende hacer de las que él hace, entonces puedes terminar con un TSJ que no responda realmente a lo que el país necesita y a la transformación del sistema de justicia, que, repito, es una vergüenza en Venezuela”.

Diario Las Américas intentó conocer la opinión de los integrantes de la oposición en la mesa de diálogo, se envió el cuestionario a uno de ellos, pero no respondió.

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