Ley sobre ONG, "zarpazo" que busca "militarizar todo"

El proyecto legislativo es un “zarpazo” al entorno cívico, dice. “Busca militarizar todo”.

Fernández, profesor de derechos humanos y especialista en materia legislativa, suma su voz al alerta nacional e internacional sobre el grave riesgo que corren las ONG y que ha obligado a cientos de organizaciones sociales y miembros de la sociedad civil a movilizarse.

No está claro suficientemente cuántas organizaciones no gubernamentales existen en Venezuela, aunque la Asamblea Nacional afirma que “funcionan 62 ONG”, según una de sus notas de prensa. También señala que “ninguna tiene fin social, sino político” aunque es público que la mayoría, sin fines de lucro, presta labores humanitarias a la población vulnerable desde la crisis de 2015, que el Estado desatendió.

Alerta por las ONG

El 19 de enero, Amnistía Internacional, un movimiento global que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos, con sede en Reino Unido, lanzó una “acción urgente mundial” en respaldo a las ONG de Venezuela, e hizo un llamado a la Asamblea Nacional a que “ponga fin de inmediato al proyecto” que “contradice normas y estándares internacionales de derechos humanos”.

En una carta dirigida al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también es delegado del oficialismo en las conversaciones con la oposición venezolana en México, Amnistía le convoca a que “garantice que se detengan todos los esfuerzos para atacar, controlar, enjuiciar o censurar a las ONG de la sociedad civil”.

El tema es “especialmente grave en el contexto de unas posibles elecciones presidenciales en este año 2024″, indica el texto.

La declaración de Amnistía se conoció un día después de que Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea e impulsor del proyecto, acusó a las ONG de conspirar y dijo que “tendrán que rendir cuentas de hasta el último centavo”. Y adelantó que La ley, que en menos de 20 días tendría aprobación, “será muy severa”.

Ley anti ONG, lo que afecta

El proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines es uno más de otros similares que no han prosperado, pero que aborda el espacio cívico, dice Fernández.

El profesor define el espacio cívico como una “miríada de personas” que prestan su experiencia y saber a múltiples tareas sociales y formativas y que, de acuerdo con las Naciones Unidas, son indispensables para la convivencia humana.

El proyecto de ley afecta a todas las asociaciones sin fines de lucro con misión altruista, pero las ONG humanitarias y de derechos humanos, principalmente, “son su objetivo”, advierte el profesor.

La situación de los derechos humanos en Venezuela es una de las más cuestionadas al régimen de Nicolás Maduro que tiene en su haber más de 250 presos políticos, y una decena de denuncias ante la Corte Penal Internacional.

Ley con propósito militar

El proyecto de ley que la AN no publica aún en su página web, pero que alega que “está en consulta” por el país, pone en peligro varios derechos humanos, a lo largo de sus 17 artículos, según estudiosos y activistas.

“El proyecto preocupa porque se vincula con la ley militar, obliga a todas las ONG o asociaciones sin fines de lucro a registrarse en la Oficina de Registro para la Defensa Integral, que depende del ministerio de Defensa, y es la misma que regula la inscripción militar de los llamados ‘reclutas’ que son personas naturales”, afirma Fernández.

El especialista se basa en el texto del artículo 14, numeral 4 del proyecto, que se refiere a las Obligaciones para “todas las personas venezolanas o extranjeras, naturales o jurídicas, y el cual ordena a “Registrarse y actualizar sus datos en el Registro para la Defensa Integral, de conformidad con la ley que rige la materia”.

Esta ley de Registro, vigente desde 2014 y que da facultades absolutas al ministerio de Defensa en cuanto a adiestramiento militar, señala que es aplicable a “venezolanos por nacimiento o por naturalización, personas jurídicas, entes públicos, privados, además de las autoridades civiles o militares con responsabilidad en los procesos de registro y alistamiento”. Y tiene por finalidad “regular el registro de las personas naturales en situación etaria (edad ente 18 y 60 años) y personas jurídicas, conforme con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento”, según su texto publicado en Gaceta Oficial.

“El proyecto de ley sobre las ONG es un desarrollo de esta ley de Defensa no respeta los ámbitos y militariza el espacio cívico al establecer en su artículo 8 que todas las organizaciones sin fines de lucro tienen la obligación de inscribirse y si no lo hacen serán consideradas como inexistentes”, afirma Fernández.

O registrarse otra vez o morir

De acuerdo con el texto del proyecto de ley aprobado en primera discusión parlamentaria el 24 de enero de 2024, “no se tendrá en cuenta como existente ninguna organización que no haya sido registrada, y el ejercicio fuera de esta previsión será sancionado”.

Además, su reconocimiento legal “será otorgado a través de una Resolución expresa emanada de la autoridad competente” y “será intransferible”. La autoridad sería el ministro de Defensa, según los términos del proyecto.

Si bien en cualquier país las ONG deben estar debidamente registradas, esto genera un problema en Venezuela, según el experto. Esto, aun cuando el derecho a la asociación está consagrada por la Constitución (art.52).

“Está en riego el Registro Civil”, advierte.

Las ONG sin fines de lucro que reciben o pueden recibir donaciones del exterior tendrían un registro por la Ley de Cooperación Internacional que ha tenido dos borradores, pero la ley militar de 2014 prevé que el ministerio de la Defensa puede pedir al Registro Civil cualquier información.

“Esto no tendría inconveniente, pero se está poniendo a cargo a un organismo ajeno a lo civil y se está anulando el registro civil para poner como único el militar”, señala.

Significa, explica, que toda la información económica y societaria de las ONG iría a parar al registro del ministerio de la Defensa, lo que coartaría el libre funcionamiento de las ONG, en el contexto de la crisis. “La que no lo haga se declararía inexistente y no podrá recibir donaciones".

opimentel@diariolasamericas.com

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FUENTE: Entrevista a profesor Fernando Fernández, con información de AN